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CONCURSO DE INGRESO AL PODER JUDICIAL

TEMA I: Nociones Jurídicas Generales y Principales leyes provinciales. 1. La pregunta "¿qué es el Derecho?"Diversas posiciones. 2. Fuentes del Derecho. Constitución Nacional. Tratados Internacionales, ley, decreto, sentencia judicial. La costumbre y su relación con la ley. Reglas de solución de los conflictos de normas. 3. Ramas del Derecho. Derecho Público y Privado. Derecho Internacional e Interno. Derecho Constitucional, Civil, Comercial, Laboral, Procesal, Penal, Administrativo, de Menores. 4. Los Derechos Humanos. Pactos en la materia ratificados por la República Argentina. Tribunales Internacionales competentes. 5. El orden normativo provincial. Constitución Provincial. Principales leyes provinciales: ley de honorarios profesionales (6.767); ley de enjuiciamiento de Magistrados (7.050); recurso de inconstitucionalidad (7.055); recurso por afectación de intereses difusos (10.000); ley de amparo (10.456); leyes de procedimientos (civil y comercial, penal, laboral, contencioso administrativo) -remisión-; Ley Orgánica del Poder Judicial -remisión-.

 

1. La pregunta "¿qué es el Derecho?"

Principiaremos por abordar uno de los temas más complejos de la ciencia jurídica: la pregunta "¿qué es el Derecho?".

Al respecto, debe comprenderse que, a lo largo de la historia, se han ido brindando múltiples respuestas a este interrogante, no siendo actualmente una cuestión definida y clausurada, sino un tema en continuo desarrollo.

Y previo a entrar de lleno en el estudio de la cuestión, debemos advertir que, posiblemente, las diversas posiciones existentes obedezcan a la dificultad de la comunicación generada por la multivocidad lingüística. Tal fenómeno nos indica que cada vocablo referirá a diferentes objetos y a diferentes aspectos de cada objeto, dando lugar a no pocos equívocos en el proceso comunicacional.

Bajo esta óptica, la palabra "Derecho" referirá, para cada autor, a diversos objetos de estudio, siendo entendida de múltiples maneras, y no obedeciendo a un único significado preciso.

 

Diversas posiciones

Entre las tantas clasificaciones de las escuelas jurídicas que se han realizado, hay quizás una que ha acompañado el desarrollo de la teoría jurídica desde sus orígenes hasta la actualidad, nos referimos a la que distingue entre el positivismo jurídico y el no-positivismo jurídico. Mientras que el iuspositivismo sostiene que no hay otro derecho que el puesto por los hombres como tal, el no-positivismo postula que hay algo jurídico que vale como tal aunque no haya sido reconocido como derecho por los hombres o por las autoridades de esa sociedad. Esta juridicidad "indisponible" ha recibido distintos nombres, quizás el más extendido sea el de "derecho natural", pero tambien se ha hablado de la justicia, de los derechos humanos, de valores jurídicos, de los principios jurídicos, de bienes jurídicos básicos, etc. Esa clasificación tiene diferentes consecuencias importantes, así por ejemplo en cuanto a la validez de una norma jurídica, pues sobre el particular el análisis iuspositivista responde afirmativamente a esa pregunta cuando la norma jurídica ha sido sancionada por la autoridad competente, por el procedimiento previsto y sin violar la norma superior, pero el análisis no-positivista para responder a la misma pregunta incluye saber si la norma bajo estudio ha contradicho la "juridicidad indisponible" y para el supuesto de que esta afectación sea grave o extrema ello producirá que la norma en cuestión carecerá de validez jurídica y, en consecuencia, no obligará a sus destinatarios.

Sin perjuicio de lo expuesto, existen posiciones que entienden que el Derecho está asociado a las diversas conductas que los operadores jurídicos realizan en el decurso de su actividad. Y en función de tal enfoque, estas posiciones optan por identificar el objeto de estudio de la Ciencia Jurídica con las categorías sociológicas que buscan explicar las premencionadas conductas.

Por otra parte, hay otros autores que entienden que el objeto de estudio de la Ciencia Jurídica debe buscarse en el horizonte de las normas que el Estado dicta a los fines de regular las relaciones entre las personas. Así, el Derecho estaría integrado sólo por normas de carácter positivo. Es más, hay quienes sostienen que no habría otro derecho que el creado por el legislador con la forma de normas legales. Para este tipo de posturas los problemas jurídicos y las consiguientes soluciones son establecidas exclusivamente por el legislador.

También existen escuelas que asumen que el objeto de estudio de la Ciencia del Derecho tiene estrecha vinculación con los valores implicados, con especial referencia al valor Justicia.

En fin, se han ensayado respuestas que combinan algunos o todos los elementos que previamente hemos indicado. En este sentido hay diversos planteos que amplían el ámbito regulatorio de las conductas con los valores, de modo que para establecer si una determinada conducta está prohibida, permitida y obligada según del derecho, no sólo corresponde recurrir a las normas y a principios, sino que cabe la remisión a valores.

Asimismo hay escuelas que si bien entienden al derecho como una práctica social específica, creen que hay que aceptar en la misma la influencia de otras disciplinas (la moral, la política, la economía, la sociología) y que el operador del derecho no puede dejar de tener en cuenta.

Debido a ello es quizás, la primer pregunta, la pregunta por ¿qué es el derecho? la que mayor dificultad provoca entre los juristas.

 

 

2. Fuentes del Derecho

 

En la ciencia del derecho, la palabra "fuente" se utiliza para designar el origen, la procedencia de lo que llamamos Derecho. Algunos autores, inclusive, prefieren utilizar la denominación "medios de expresión del Derecho".

 

2.1. La palabra fuente admite en su utilización dos diferentes sentidos:

a) fuente en sentido material hace referencia a la conducta humana descripta en la norma jurídica. Por ejemplo: la conducta del Presidente que firma un decreto.

b) fuente en sentido formal alude a la formalización escrita de la conducta. Por ejemplo: la norma constitucional que autoriza al Presidente a emitir decretos sobre determinados temas. En este sentido es que hablaremos de fuentes en el presente trabajo.

En la República Argentina existe un orden definido de jerarquía de las fuentes formales. Por encima de todo, se ubica la Constitución Nacional junto a los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Le siguen los tratados internacionales sin jerarquía constitucional (con rango infraconstitucional) de carácter supralegal (por encima de la ley). Luego la ley, y con inferioridad, los decretos del poder ejecutivo. En fin, sobre la base, encontraremos la sentencia judicial.

Bajo el esquema denominado "Pirámide de Kelsen", la descripción anterior se vería de la siguiente manera:

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2.2. Pasaremos revista ahora a las diferentes especies de fuentes del Derecho.

 

2.2.1. La Constitución Nacional es la ley suprema de la Nación, a la cual todas las restantes normas deben adecuarse (art. 31, CN), no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Fue sancionada en 1853, habiendo sido reformada en sucesivas ocasiones: 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y, la última, en el año 1994.

 

Previo a continuar, deberemos aclarar que el vocablo "constitución" admite ser utilizado con dos posibles alcances:

Por constitución en sentido material se entiende la realidad social como fuente material de la constitución. Se acude así a la convivencia real en una comunidad estatal determinada, a efecto de averiguar quiénes son los que mandan y con qué criterios llevan a efecto sus conductas. Esta concepción de "constitución" como realidad social se la debemos a Ferdinand Lasalle quien expuso en 1862, en su conferencia "¿Qué es una constitución?", que la constitución real no es la constitución escrita, sino "la constelación real de los factores de poder en un país en un momento histórico dado".

Por constitución en sentido formal se entiende, en cambio, la fuente formal, la ley constitucional, la Carta Magna de un Estado determinado (por ejemplo, la Constitución Nacional argentina de 1853).

En relación a las constituciones en sentido formal, generalmente se componen de dos partes: una se ocupa de los derechos y garantías (parte dogmática), la otra contiene el esquema de la organización de las autoridades supremas (parte orgánica). El célebre artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre de 1789, estatuye que "cualquier sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la separación de los poderes (la llamada "forma republicana"), no tiene constitución alguna". La Constitución de la Nación argentina tiene las dos partes requeridas. En la primera encontraremos las "declaraciones, derechos y garantías", y en la segunda, la organización del Estado (bajo el título "Autoridades de la Nación").

En cuanto a las especificidades de la Constitución de la Nación Argentina, diferiremos su exposición para más adelante, en ocasión de tratar, entre las ramas del Derecho, al Derecho Constitucional.

 

2.2.2. Los Tratados Internacionales han recibido consagración constitucional en la última reforma del año 1994. En aquella oportunidad, se incluyó como facultad del Congreso de la Nación el "aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede" (art. 75, inc. 22, CN).

El artículo citado estableció que, como regla general, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes (supralegal) e inferior a la Constitución (infraconstitucional).

Pero en relación a un grupo de tratados que está específicamente enumerado en el texto del artículo, todos los cuales versan sobre derechos humanos, se decidió que tienen jerarquía constitucional, no derogando artículo alguno de la primera parte de la Constitución, sino entendiéndose complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Y se dio la opción de elevar otros tratados a la jerarquía constitucional, mediante la aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

 

2.2.3. La ley puede definirse como una "norma escrita sancionada por la autoridad pública competente ". Fruto de la organización federal de nuestro país, existen leyes nacionales (emanadas del Congreso de la Nación) y leyes provinciales (emanadas, en nuestro caso, de la Legislatura). Cada una de ellas recibe un número que las identifica, que es correlativo en cada uno de los órdenes citados.

2.2.3.1. El trámite de formación y sanción de leyes está previsto en los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional, siendo oportuno destacar la necesaria aprobación por las dos Cámaras del Congreso de la Nación y la posterior reglamentación (promulgación) por decreto del Poder Ejecutivo.

 

2.2.3.2. En cuanto a su ámbito temporal de aplicación:

la ley está pensada para regir hacia el futuro, teniendo como objeto, por ende, una serie de casos que van a ser captados con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma. Dispone el Código Civil que "las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial" (art. 2, CC). Se aclara que por "publicación oficial" se entiende la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Pero las leyes también se aplican a las consecuencias actuales de hechos ya sucedidos, siempre que no haya afectación de derechos amparados por garantías constitucionales (art. 3, CC).

En fin, por disposición expresa pueden tener efecto hacia el pasado, a situaciones ya ocurridas. Este último fenómeno es conocido como la retroactividad de la ley, siendo muy excepcional en el ámbito del derecho.

2.2.3.3. En referencia al ámbito espacial, las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes (art. 1, CC).

 

2.2.4. El decreto es una clase de norma dictada por el Presidente de la Nación, a tenor de lo expuesto en el artículo 99, CN. Dentro de esta tipología, tenemos dos clases diferenciadas para indicar:

el decreto reglamentario, que el Poder Ejecutivo utiliza para promulgar (reglamentar) una ley sancionada por el Poder Legislativo; y,

el decreto de necesidad y urgencia, admitido "solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos" (art. 99, inc. 3, CN). Estos decretos serán dictados por el Presidente de la Nación, previa decisión en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros, personalmente y dentro de los diez días, someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, que elevará al plenario de cada Cámara su despacho a los fines de su expreso tratamiento.

2.2.5. La sentencia judicial es entendida por algunos autores como el "acto mediante el cual el juez decide el fondo de las cuestiones controvertidas en aquél, y cuyos efectos trascienden al proceso en que fue dictada, pues lo decidido por ella no puede ser objeto de revisión en ningún otro proceso". Pero, a la par del referido acto, nos encontramos con la génesis de una nueva norma, porque, mediante la sentencia, "el juez crea una norma jurídica individual que constituye una nueva fuente de regulación de la situación jurídica controvertida en el proceso".

Mediante este acto que genera la citada norma, se pone fin al litigio.

 

2.2.6. Durante el siglo XIX, en razón del predominio que adquirió la escuela francesa llamada "de la Exégesis", la única fuente que se admitía era la ley: el Derecho era la ley. Actualmente, otras fuentes han ganado importantes espacios y es por ello que aquí las estudiaremos.

La costumbre es la forma espontánea de expresión del Derecho. Históricamente, la costumbre ha precedido a la ley en la organización jurídica de los pueblos: las sociedades primitivas se rigen por la costumbre y no conocen la ley escrita. Podemos decir que la costumbre consiste en la "observancia constante y uniforme de un cierto comportamiento por los miembros de una comunidad social, con la convicción de que responde a una necesidad jurídica".

 

En referencia a las clases de costumbre, atendiendo a su relación con la ley, se distinguen tres especies:

La costumbre secundum legem es la norma consuetudinaria que deriva su vigencia de una disposición de la ley. En este caso, la costumbre se dirige a secundar a la ley. Por ejemplo: baste mencionar que existe una costumbre generalizada de obedecer a las indicaciones del semáforo, independientemente de que seamos vigilados por la autoridad, en función de considerarlo socialmente valioso.

La costumbre præter legem, por su parte, es la que se observa en ocasión de una situación no prevista por la ley. Por ejemplo: con anterioridad a la sanción de la ley de nombres, nada se prescribía sobre el apellido de la mujer casada. Sin embargo, era costumbre que ésta adicionara a su propio apellido el del marido, precedido de la preposición "de".

La costumbre contra legem, en fin, es la constituida en contradicción con la ley, propiciando, en caso de generalidad y constancia, el desuso de la ley. Por ejemplo: Durante la vigencia de la anterior ley de cheques, estaba prohibida la utilización del cheque "postdatado" o "a fecha". A pesar de ello, era costumbre comercial generalizada la utilización de esta figura a los fines de financiar actividades comerciales.

 

En relación a este tema, el Código Civil contiene una disposición que, en su primitiva redacción, obra de Dalmacio Vélez Sarsfield, decía: "Las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte, sino por otras leyes. El uso, la costumbre o práctica no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieren a ellos" (art. 17, CC, redacción originaria). De esto se desprende que, en la concepción del redactor del Código Civil, la única costumbre que podía admitirse era la costumbre secundum legem. No otra cosa puede pensarse en función del giro "cuando las leyes se refieren a ellos". Y hay casos en que la ley, específicamente, remite a la costumbre para conocer el modo de resolución de un conflicto. Por ejemplo: en el ámbito del Derecho Comercial, cuando en el contrato se hubiese omitido alguna cláusula necesaria para su ejecución y hubiese desinteligencia entre las partes, la ley presume que se han sujetado a lo que es de uso y práctica en tales casos entre los comerciantes en el lugar de la ejecución (art. 219, CCom.).

En el año 1968, la ley 17.711 vino a reformar este artículo, dejando la redacción en estos términos: "Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente" (art. 17, CC, texto según ley 17.711). Ello implicó una variante que es oportuno analizar. Así, a la costumbre secundum legem se le adicionó la costumbre praeter legem. La interpretación es lógica, en tanto es la costumbre praeter legem la que existe "en situaciones no regladas legalmente". Y la relevancia surge clara: esas costumbres crearán derechos, se constituirán en fuente de Derecho. Concretamente, se utilizará la costumbre en ausencia de disposición legal (laguna de Derecho) a los fines de integrar el ordenamiento normativo, como regla de solución del caso.

Es claro que la costumbre contra legem no tiene legitimidad alguna para el ordenamiento normativo, que entonces no la reconoce como fuente de Derecho.

 

2.3. Reglas de solución de los conflictos de normas.

 

2.3.1. El orden de prelación antedicho obedece a una serie de razones (que no analizaremos aquí en función de los objetivos que persigue este trabajo) y nos indica varias cosas.

 

2.3.1.1. Por un lado, ciertas relaciones de producción establecidas entre las fuentes. Así, la fuente relativamente inferior debe producirse con arreglo al procedimiento establecido en la fuente de rango superior. De este modo, el cultor del Derecho puede conocer si está en presencia de una fuente válida o no. Así, no sería válida una "ley" que no hubiera transitado previamente por la sanción de las Cámaras que conforman el Congreso, en tanto se habría violado el procedimiento de producción establecido en la fuente de rango superior (la Constitución Nacional).

 

2.3.1.2. Por otra parte, encontraremos también las relaciones de contenido entre las normas. Y veremos que la fuente relativamente inferior debe adecuar su contenido a lo estatuido en la fuente de rango superior. En caso de no ser así, ello puede ser denunciado. La declaración de inconstitucionalidad de una ley no es otra cosa que la indicación de que se ha violado una relación de contenido, en tanto el contenido de la ley no se adecua a lo que la constitución indica.

 

2.3.2. De todo lo antedicho, y en relación a los conflictos que se pudieran generar entre las diversas fuentes se desprende lo siguiente.

 

2.3.2.1. Cada vez que aparezca un determinado conflicto entre normas de diversa clase (constitución, tratado internacional, ley, decreto, sentencia), el mismo deberá ser resuelto siempre a favor de la norma relativamente superior en la escala.

 

2.3.2.2. Y en relación al conflicto que pudiera surgir entre normas de la misma clase, existen algunos principios que lo resuelven:

Así, generalmente, la ley posterior deroga a la anterior. Esto sucederá aún en caso de que la ley posterior no lo determine expresamente (derogación tácita), habida cuenta de la posible existencia de incompatibilidad entre lo reglado por una y otra ley.

Pero lo dicho tiene una excepción: la ley posterior general no deroga a la ley anterior especial. Ello porque se entiende que la especificidad de un régimen especial debe ser resguardada ante un cambio que no contempla la institución sino de modo genérico. Por ejemplo: en una reforma del Código Procesal Penal de la Nación no se incluyó ninguna norma sobre extradición. Y existía una ley anterior sobre el tema. De acuerdo a lo que venimos explicando, si bien el Código nuevo era ley posterior, al tratarse de una ley general no derogó a la ley anterior especial y continuaron vigentes las dos normas a la vez.

 

3. Ramas del Derecho

 

El Derecho es susceptible de ser dividido en varias "ramas", que han ido surgiendo por la mayor especificidad que se ha ido generando. Se ha justificado tal proceder en las diferentes autonomías de cada rama jurídica. Así, hay una autonomía material (la materia sobre la que versa la rama justifica un tratamiento científico diferenciado), una autonomía legislativa (códigos específicos sobre la materia), una autonomía pedagógica (división de la carrera de Derecho en diferentes asignaturas), una autonomía judicial (fueros diferenciados con jueces que entienden en materias diversas), etc.

 

3.1. Derecho Público y Derecho Privado

 

La división más importante dentro del marco del ordenamiento normativo es la división entre Derecho Público y Derecho Privado. Tal distinción tiene origen remoto y carácter clásico. Se han ensayado tres teorías sobre el criterio teórico de la misma:

 

Teoría de los intereses: se remonta hasta la ciencia jurídica de la Roma antigua. Todo depende del precepto a clasificar, pues si contempla el interés particular, estamos en presencia de una disposición de Derecho Privado, mientras que nos encontramos con una prescripción de Derecho Público si ella enfoca el interés común.

 

Doctrina de los sujetos: considera que el carácter de Derecho Público o de Derecho Privado de una determinada relación jurídica, estará dado por la existencia o no de intervención del Estado como poder público. De esta manera, en cuanto el Estado interviene como tal, hay relación de Derecho Público, siendo de Derecho Privado en el caso contrario.

 

Tercera opinión: abandona los conceptos de Derecho Privado y Derecho Público como conceptos clasificatorios, reteniéndolos a la manera de meros principios regulativos, a cuya luz se pueden contemplar todas las relaciones jurídicas, las que ofrecen, entonces, sin excepción, simultáneamente un aspecto privado y otro público.

 

3.2. Derecho Internacional e Interno

 

3.2.1. En lo que a este tema atañe, existe una discusión doctrinaria que seguidamente trataremos.

Para la teoría monista, el ordenamiento normativo es único, con diferentes partes comprendidas dentro de su seno (ordenamientos normativos "partiales"). En función de lo antedicho, el orden internacional y el orden interno formarían parte de un único ordenamiento normativo mundial.

Para la teoría dualista, por el contrario, hay un ordenamiento normativo internacional y tantos ordenamientos normativos internos como estados hay en el mundo. Son ordenamientos normativos diferentes, y cada uno tiene su propio objeto y sistema de fuentes.

Ahora bien, cualquiera sea la teoría que tomemos, lo cierto es que podemos referir que existe un ámbito internacional y un ámbito interno (ya se traten de partes de un ordenamiento único o de varios ordenamientos separados).

 

En el ámbito internacional encontraremos un Derecho Internacional que reglará las relaciones entre Estados, mientras que en el ámbito interno, encontraremos un Derecho Interno que regirá las relaciones entre gobierno y particulares y las relaciones entre particulares.

 

3.2.2. Como al Derecho Interno lo trataremos in extenso más adelante, dedicaremos esta parte a referir algunas nociones sobre el Derecho Internacional Público.

 

3.2.2.1. Éste requiere para su existencia de dos condiciones:

Estados independientes respetuosos de la independencia de los demás;

relaciones económicas y culturales entre ellos, lo bastante íntimas como para hacer necesaria una reglamentación jurídica.

3.2.2.2. En la antigüedad no se daban estas dos condiciones. Con el Imperio Romano se malogró el germen del Derecho Internacional Público, en tanto tal organización, lejos de respetar la independencia de los demás Estados, a todos ellos los incorporó a su propio organismo. Pese a ello, la vinculación económica y cultural que había entre las diferentes partes del Imperio persistió, favoreciendo luego la aparición del segundo requisito que hemos anotado.

En la Edad Media la situación no cambió, ya que el Imperio Romano fue relevado por el Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana.

En el siglo XVI se cristalizaron los Estados independientes, viéndose presentes, por primera vez, las dos condiciones de existencia del Derecho Internacional Público. Fue allí cuando aparecieron diversas obras científicas que cimentaron los orígenes de la rama jurídica que nos ocupa. Así, desde el ámbito del Derecho Natural, deben destacarse las obras de Francisco de Vitoria y de Francisco Suárez. Otro autor que debemos destacar es el holandés Hugo Grocio, quien en 1625 publicó su obra "Del derecho de la guerra y de la paz". El problema de la Edad Moderna consistió, por tanto, en encontrar una base común a todos los pueblos, con independencia de la religión católica y del imperio, principios ambos que acababan de perder su fuerza aglutinante.

 

3.2.2.3. El Derecho Internacional Público trata numerosos temas, habiendo comenzado sólo por el problema del derecho de la guerra y de la paz (con temas conexos que luego se desarrollaron, como la legítima defensa ante la agresión, el trato a los prisioneros de guerra, la limitación de los ataques a poblaciones civiles y zonas utilizadas por organizaciones humanitarias, la institución de la neutralidad, etc.).

Posteriormente, con el paso del tiempo fueron surgiendo otras problemáticas que se han ido incorporando, y así, actualmente, tal rama estudia: el derecho del mar (soberanía de los mares, explotación pesquera y mineral, problemas relativos a las plataformas continentales, problemas relativos a la apropiación de las aguas, etc.), la subjetividad internacional (reconocimiento de Estados y de gobiernos, creación y funcionamiento de organizaciones internacionales tales como la Sociedad de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas, reconocimiento de subjetividad internacional a entidades humanitarias como la Cruz Roja Internacional, a entidades religiosas como la Iglesia y a organizaciones capitalistas multinacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, etc.), los fenómenos de integración y el Derecho Comunitario (Mercosur, ALCA, ALALC, ALADI, Pacto Andino, Unión Europea, etc.), el Derecho de los Tratados Internacionales y Convenciones (validez, vigencia, representación, denuncia, etc.), y el Derecho de legación (establecimientos diplomáticos y agencias consulares, envío de embajadores y ministros plenipotenciarios a Estados extranjeros, etc.).

 

3.3. Ramas del Derecho Interno

 

En relación al Derecho Interno, su constante evolución permite realizar una clasificación en función de la diversa autonomía que cada rama ha adquirido. Debe hacerse notar que tal clasificación es meramente provisoria. Así, en la actualidad, se discute mucho sobre la posible aparición de verdaderas nuevas ramas del Derecho, entre las que se encontrarían el Derecho Informático, el Bioderecho, el Derecho de la Ancianidad, etc.

 

3.3.1. Derecho Constitucional

 

En tanto la Argentina es un Estado federal, que comprende al Estado Nacional coexistiendo con Estados provinciales autónomos, nos encontraremos con un Derecho Constitucional Nacional y tantos Derechos Constitucionales Provinciales como provincias haya (en nuestro caso, el Derecho Constitucional referido a la Provincia de Santa Fe será tratado más adelante).

Si bien en todo país siempre hay quienes mandan y quienes obedecen, lo cierto es que el Derecho Constitucional existe sólo desde el triunfo del liberalismo político, o sea, desde las postrimerías del siglo XVIII: fue desde entonces que se organizó el mando con miras a la protección del individuo contra el grupo.

 

3.3.1.1. El Derecho Constitucional enfoca, en primer término, el tema de los derechos fundamentales del individuo, que tienen por fin su fortalecimiento como base del carácter instrumental del Estado. Así, se reconoce que cada persona humana individual es una realidad sustancial que tiene valor de fin en sí misma, mientras que el Estado no es más que una realidad ordenada como fin al bien de las personas individuales.

Los derechos constitucionales de los individuos disfrutan de protección especial (garantías). El derecho individual que goza de un amparo especialmente enérgico es el derecho a la libertad física. La garantía especial se denomina tradicionalmente hábeas corpus, teniendo su fundamento en el artículo 18, CN, al estatuir que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, y siendo tratada en el artículo 43 de la CN que dice que "cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio".

Para los otros derechos amparados constitucionalmente, se establece la acción de amparo que, en el citado artículo 43 de la CN está regulada de la siguiente manera: "toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización".

En fin, para la protección de los datos personales que obran en las bases de datos, se ha prescripto la institución del hábeas data, que está regulada en el artículo citado, cuando indica que "toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística".

Todas estas garantías funcionan correctamente durante épocas de normalidad constitucional. Pero también existen otras épocas denominadas "de emergencia". Estas últimas se caracterizan por la declaración del estado de sitio, que puede ser consecuencia de un ataque exterior o de una conmoción interior, siempre que pongan en peligro el ejercicio de la Constitución Nacional. Las principales orientaciones acerca de la incidencia que la vigencia del estado de sitio tiene en la libertad de los individuos, pueden sintetizarse en las siguientes tesis (nótese que, atento a la actual y expresa redacción de la Constitución Nacional, el hábeas corpus procedería aún durante la vigencia del estado de sitio):

El estado de sitio suspende todas las garantías individuales: la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, de la propiedad, del hábeas corpus, de los derechos de petición, reunión y asociación, la libertad de imprenta, la de locomoción, etc.

Una segunda tesis admite la suspensión amplia de todas las garantías constitucionales, pero reserva al poder judicial el control de la razonabilidad de los actos de ejecución de las medidas.

La tercera teoría predica la suspensión de aquellos derechos y garantías cuyo ejercicio puede resultar incompatible con la preservación del orden constitucional. Esta posición coincide con la anterior en cuanto asigna a los jueces la facultad de apreciar razonablemente en cada caso las restricciones del derecho o de la garantía que se dice afectado, para decidir si corresponde o no dictar un auto de hábeas corpus o de amparo; pero discrepa en cuanto admite el control de razonabilidad con referencia a la causa constitucional del estado de sitio –o sea, a la conmoción interior o al ataque exterior-, mas no a los motivos concretos que como factores iniciales han dado origen a la declaración de la medida.

El estado de sitio, según la cuarta teoría, no suspende la totalidad de las garantías ni los derechos sino solamente la garantía de la libertad física, no suspendiendo, según otro autor, ni siquiera el hábeas corpus.

 

3.3.1.2. El Derecho Constitucional aborda, en segundo lugar, la estructura fundamental de un Estado determinado, poniendo de realce quiénes son los que dirigen un país y de acuerdo a qué criterios.

La Argentina es un Estado federal, lo cual significa que las provincias tienen facultades legislativas originarias: a la Nación no le corresponden sino las materias cuya reglamentación le ha sido encomendada por la Constitución. Por otra parte, el gobierno federal sólo interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia.

Debe destacarse que, además del federalismo, la Nación Argentina adopta para su gobierno la democracia (que busca el respeto de la voluntad mayoritaria del pueblo) representativa (el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes) y republicana (con sistema de división de poderes).

Cabe destacar, en relación al gobierno representativo, que la Constitución Nacional prevé algunas instituciones democráticas directas, como ser: el plebiscito, y la iniciativa popular.

En relación a la forma republicana, ésta hace que el gobierno esté organizado en tres ámbitos diferenciados:

Por un lado, tenemos el Poder Ejecutivo, que está encabezado por el Presidente de la Nación, bajo la dirección del cual se encuentra el jefe de gabinete, el gabinete de ministros, y toda la administración pública nacional. Este poder se dedica, en principio, a promulgar y ejecutar las normas dictadas por el Congreso de la Nación.

Por otra parte, está el Poder Legislativo, que es bicameral, constando de una cámara de diputados (que representan al pueblo de la Nación) y una cámara de senadores (que representan a las provincias). Este poder dicta, en principio, la legislación.

En fin, también está el Poder Judicial de la Nación, dirigido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (compuesta por nueve miembros). Este poder, principalmente, juzga y decide las causas sometidas a su competencia.

 

 

3.3.1.3. Dentro del objeto de estudio del Derecho Constitucional, también debe incluirse toda la legislación complementaria de la Constitución Nacional, por ejemplo: las leyes de acefalía, amparo, expropiaciones, ciudadanía y naturalización, sanción de actos discriminatorios, Defensoría del Pueblo, iniciativa legislativa popular, Consejo de la Magistratura y Jurado de enjuiciamiento de los Magistrados, Ministerio Público, ética de la función pública, electoral, estatuto de los partidos políticos, ministerios, etc.

 

3.3.2. Derecho Civil

 

El Código Civil argentino, se dictó en 1869, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, para regir a partir del 01 de enero de 1871, habiéndose aprobado por el Congreso el proyecto de Dalmacio Vélez Sarsfield.

El Derecho Civil ha sido históricamente el Derecho madre, del cual se han ido disgregando las restantes ramas del Derecho Privado. Así, ha conservado en su seno todo lo que es realmente fundamental del Derecho Privado; ha seguido siendo la fuente común a la cual es preciso remontarse ante el silencio de los textos de otras ramas del Derecho; sigue siendo el Derecho común.

Puede definírselo como el derecho que rige al hombre como tal, sin consideración de sus actividades o profesiones particulares; que regla sus relaciones con sus semejantes, y con el Estado (cuando éste actúa en su carácter de simple persona jurídica), y en tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter genéricamente humano.

Se ocupa, por consiguiente, del sujeto del derecho, sea la persona natural o la jurídica, pero considerando esta última tan sólo en cuanto es una expresión del derecho de asociación sin fines de lucro, pues si los tiene está regida por el derecho comercial; se ocupa, asimismo, de la familia y establece los deberes y derechos que nacen del parentesco; del objeto de los derechos, o sea, de los bienes y las cosas; de los actos jurídicos; de los derechos patrimoniales y, en particular, de la propiedad; y de las sucesiones.

 

El Derecho Civil se divide, gracias al gran jurista Savigny, en cinco partes:

 

 

3.3.2.1. Parte General. Toca los siguientes temas: concepto y división del Derecho; fuentes del Derecho; clases de normas jurídicas; averiguación y aplicación del Derecho y ámbito de imperio de las normas jurídicas; concepto y clases de los derechos; sujetos jurídicos, tanto personas naturales (se consideran tales desde la concepción en el seno materno) y personas jurídicas (Sociedad Civil, Asociación, Fundación); objetos jurídicos (cosas, bienes, patrimonio); etc.

 

 

3.3.2.2. Derecho de las Obligaciones. Suele dividirse en dos asignaturas: Obligaciones y Contratos.

La parte general del Derecho Obligacional aborda los siguientes aspectos: esencia y contenido de la obligación; nacimiento de las obligaciones (gracias al contrato y al hecho ilícito); modificación de obligaciones; extinción de las obligaciones; transferencia del crédito y asunción de la deuda; pluralidad de acreedores o deudores; etc.

La parte especial del Derecho Obligacional analiza las relaciones obligacionales especiales, sobre todo:

Los contratos como compraventa, donación, arrendamiento, préstamo, comodato, depósito, permuta, mandato, sociedad, fianza, etc. A este respecto rige la autonomía de la voluntad para crear nuevos contratos no tipificados especialmente.

Pero también trata esta parte de las obligaciones no contractuales (obligación de indemnizar) nacidas de delitos (hechos dañosos cometidos con intención), y cuasidelitos (hechos dañosos cometidos con negligencia, imprudencia e impericia).

 

3.3.2.3. La parte consagrada a los Derechos Reales suele iniciarse con el análisis de la posesión. A continuación es preciso describir los rasgos esenciales a la propiedad (o dominio) tanto inmobiliario como referente a muebles (debe destacarse aquí que la posesión de buena fe de una cosa mueble no registrable, crea en favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, salvo que la cosa fuera robada o perdida, a tenor de lo normado por el art. 2412, CC).

Luego se exponen los derechos reales limitados, como las servidumbres, la hipoteca, la prenda, la enfiteusis, la superficie, el uso, el usufructo, etc.

En relación a los derechos reales, nótese que su creación es sólo por la ley, estableciéndose un número cerrado (numerus clausus) de derechos reales en nuestro Código Civil, y vedándose a los particulares a que los creen por sí.

 

3.3.2.4. El Derecho de Familia trata:

en primer lugar, del matrimonio (su celebración, sus efectos personales y patrimoniales, su suspensión por separación, o extinción por muerte o divorcio vincular).

En segundo lugar, se ocupa de la patria potestad y de sus diversos orígenes (filiación matrimonial, filiación extramatrimonial reconocida o forzosamente impuesta, legitimación, adopción).

En tercer lugar, la reglamentación de la tutela sobre menores y de la curatela sobre mayores incapaces.

 

3.3.2.5. La última parte ahonda en el Derecho Sucesorio y expone:

la sucesión ab intestato (o sea, aquella que se origina si el fallecido no ha dispuesto nada válidamente al efecto). En este caso, la ley establece una serie de órdenes de prelación entre las distintas personas que instituye como herederos, a los fines de la asignación de la herencia.

Y la sucesión testamentaria (que es la que tiene por base una disposición válida de última voluntad). El Código Civil distingue tres clases de testamento: el ológrafo (de puño y letra del testador), por sobre cerrado, y por escritura pública.

 

3.3.3. Derecho Comercial

 

3.3.3.1. El comercio es, por esencia, intermediación en los cambios. Pero al lado de esa actividad intermediadora se desarrollan otras más o menos vinculadas con ésta. Y justamente por esa vinculación, el legislador ha considerado necesario o conveniente someterlas a un régimen jurídico común.

Podemos decir que el Derecho Comercial es la rama del Derecho que regla las relaciones de los comerciantes y las consecuencias jurídicas de los actos de comercio.

De esta rama se ha diseñado, cada vez con mayor vigor, la segregación del llamado Derecho de la navegación, que atañe al comercio y transporte marítimo y aéreo.

 

3.3.3.2. Un Derecho Comercial en sentido propio, como rama distinta del Derecho, en cuanto sabemos, no se encuentra aún entre algunos pueblos orientales, y sólo se encuentra en germen en la antigüedad clásica y entre los germanos.

Durante la Edad Media, aparece la legislación estatutaria (como estatuto sólo aplicable a la clase de los comerciantes, con carácter profesional), surgiendo la jurisdicción de la corporación, a los fines de suplir la insuficiencia del Derecho Privado y judicial común; es decir, nace y se afirma el Derecho Comercial como derecho autónomo.

 

3.3.3.3. Los temas que esta parte del Derecho trata, son: el acto de comercio, la figura del comerciante individual, la sociedad comercial (con todas sus tipologías estatuidas: Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad en Comandita simple y por acciones, Sociedad Colectiva, etc.), la intermediación bancaria (y todos los contratos bancarios), el problema de la insolvencia (específicamente, con las instituciones del concurso y la quiebra), y el Derecho Cambiario (cheque, pagaré, letra de cambio).

 

3.3.4. Derecho Laboral

 

El Derecho Laboral nace, como rama autónoma, con el advenimiento de la Revolución Industrial. Fue allí que se percató el ser humano de la imposibilidad de someter la relación de trabajo a las reglas establecidas para el Derecho Privado general.

Podemos dividir al tratamiento del Derecho Laboral en varios temas:

Por una parte, el Derecho que trata la relación individual entre empleador y empleado (reglado en la Ley de Contrato de Trabajo y su legislación complementaria), con todos los aspectos que a ella atañen (iniciación, despido, vacaciones, salarios, sueldo anual complementario, jornada laboral, etc.).

Por otra parte, el Derecho Colectivo del Trabajo, que contiene todas las regulaciones en torno a la representación sindical, el derecho de huelga, los Convenios Colectivos de Trabajo, etc.

También el régimen de Riesgos de Trabajo, que se ocupa de los accidentes y enfermedades causadas en ocasión del desempeño laboral, y de la legislacion sobre Asociaciones de Riesgos de Trabajo, indemnizaciones, etc.

En fin, muchos autores incluyen aquí también al Derecho Previsional (jubilaciones, pensiones).

 

En esta rama del Derecho, es oportuno subrayar, no nos encontraremos con contratantes en perfecto pie de igualdad (como asume el Derecho Civil), sino que el trabajo en relación de dependencia implica subordinación técnica, económica y jurídica del empleado con respecto a su empleador. Es por ello que las normas laborales propenden a tutelar los derechos del trabajador, tomándose como regla de interpretación que, en caso de duda, se estará a lo que sea más favorable al trabajador.

 

3.3.5. Derecho Procesal

 

El Derecho Procesal es la rama del Derecho que estudia el fenómeno juídico llamado proceso y los problemas que le son conexos. Y por proceso entenderemos el método de debate dialéctico y pacífico entre dos personas actuando en pie de perfecta igualdad ante un tercero que ostenta el carácter de autoridad.

En cuanto a los diversos sistemas que existen en relación al Derecho Procesal y sus derivaciones (v. gr.: dispositivo o acusatorio, e inquisitivo), remitimos a lo que más adelante se dirá en torno al Derecho Procesal Civil y Comercial (tema V) y al Derecho Procesal Penal (tema VI).

Los protagonistas que intervienen en el proceso son, por una vertiente, el juez, y por la otra, las partes.

En relación al primero, debe ser imparcial (no estar interesado en el proceso), impartial (no revestir el carácter de parte), e independiente (no estar sometido a la voluntad de alguna de las dos partes). En la legislación procesal existen varias vías para asegurar las características que se describen.

En relación a las segundas, por regla (que se verá al momento de estudiar la Ley Orgánica del Poder Judicial) deben estar representadas por letrados (abogados) en la mayoría de los casos.

Como en los restantes temas del presente material se estudiará específicamente cada proceso, dejamos el punto presente para ser retomado con posterioridad.

 

3.3.6. Derecho Penal

 

Se suele definir al Derecho Penal como el conjunto de las normas que enlazan al delito con la pena.

 

3.3.6.1. Por delito, entenderemos a toda conducta que merme la libertad de desenvolvimiento de otra persona, que haya sido declarada punible (tipicidad), por medio de una ley, con anterioridad a su perpetración. Todo delito requiere, por ende, una conducta típica (plasmada en la ley), antijurídica (contraria a Derecho) y culpable (imputable al sujeto). Y aclararemos que, cuando hablamos de conducta voluntaria que configura delito, entenderemos comprendidas tanto a la acción como a la omisión.

Nuestro Código Penal reconoce las siguientes agrupaciones de delitos: contra las personas, contra el honor, contra la moral sexual, contra el estado civil, contra la libertad, contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional, contra la administración pública y contra la fe pública.

 

3.3.6.2. Por pena, entenderemos al mal que se padece en razón de un mal que se ha hecho. La pena se impone por razón y a medida del delito (con proporcionalidad). Las penas establecidas por nuestro Código Penal son: la reclusión, la prisión, la multa y la inhabilitación.

 

Hay varias teorías que tratan de justificar la imposición de penas. Entre ellas, podemos destacar:

las teorías absolutas, para las cuales las penas tienen fin de retribuir el daño producido; y

las relativas, para las cuales la finalidad de la pena consiste en la prevención de nuevos delitos. Se distingue también entre la prevención especial (que busca evitar que el criminal vuelva a delinquir) y prevención general (quiere impedir que los demás ciudadanos, incitados por el mal ejemplo, perpetren delitos: la pena ha de intimidarlos).

 

Como la imposición de una pena afecta gravemente la libertad de los ciudadanos, se comprende que las Constituciones traten el asunto. El artículo 18, CN, declara en consecuencia que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, que quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes, y que las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas.

 

El citado artículo contiene dos principios que importa destacar:

por una parte el que sostiene que ningún castigo puede ser impuesto si no es dentro de un proceso penal. He aquí una importante diferencia entre el Derecho Civil y el Derecho Penal. Por más que el delincuente se presentara voluntariamente a las autoridades y suplicare que se le castigase, tal cosa no es posible si no a través de un juicio penal.

El segundo, llamado principio de legalidad, exige que el castigo se base en una ley anterior que declare la conducta imputada delictuosa y determine la pena a infligir por su causa (nullum crimen, nulla poena sine lege previa, stricta, scripta et certa).

 

Por otra parte, existe el principio de aplicar, aún con efecto retroactivo, la ley penal permanente más favorable al imputado, y el que indica que los jueces no podrán aplicar por analogía las incriminaciones legales ni interpretar extensivamente la ley en contra del imputado, debiendo estarse, en caso de duda, siempre a lo más favorable al procesado (in dubio pro reo). Ello así pues el principio de reserva, según la redacción constitucional, reza que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe" (art. 19, CN).

Debemos también destacar, en términos de César Beccaria en su obra "De los delitos y de las penas" (1763) que "para que toda pena no constituya un acto violento de un individuo, o de muchos, contra un ciudadano particular, dicha pena debe ser esencialmente pública, inmediata, necesaria, la mínima de las posibles, proporcionada al delito y prescripta por las leyes".

 

3.3.7. Derecho Administrativo

 

3.3.7.1. De manera análoga a como antes hemos distinguido entre Constitución en sentido material y en sentido formal, procede comprender que se puede hablar de la administración de un Estado en sentido material y en sentido formal.

 

Administración en sentido material la hay en cualquier país y en cualquier época de su historia, en tanto nos referimos a las conductas de los integrantes de un Estado a los fines de llevar adelante tal actividad.

La administración en sentido formal, en cambio, sólo se da dentro de lo que tradicionalmente se llama "Estado de Derecho", pues supone la normatividad que rige la actividad de la administración.

 

3.3.7.2. El Derecho Administrativo contiene el conjunto de normas positivas y de principios de derecho público de aplicación concreta a la institución y funcionamiento de los servicios públicos y al consiguiente contralor jurisdiccional de la administración pública. En sentido auténtico, la rama jurídica en estudio supone la división de Poderes. Tanto es así que se ha llegado a definir la administración como aquella actividad del Estado que no fuera ni legislación ni justicia. Según el artículo 99, inc.1, es el presidente de la Nación quien tiene a su cargo la administración general del país.

 

3.3.7.3. Desde hace décadas se ha establecido la constante práctica de desglosar del tronco de la administración central importantes asuntos y de encomendar su gestión a personas jurídicas de Derecho Público creadas especialmente a este efecto. La descentralización administrativa tiene así el fin técnico de agilizar la administración y de evitar su entorpecimiento por excesiva acumulación de trabajo en una sola instancia.

 

En rigor, hay que distinguir entre:

 

reparticiones meramente descentralizadas, en las que la descentralización se manifiesta en un aumento de facultades del jefe de la repartición, pero no revistiendo personalidad jurídica propia;

 

entes autárquicos, que disfrutan, en algunos casos, de gran independencia administrativa, ostentando personalidad jurídica propia (como es, por ejemplo, la Administración General de Puertos); y

 

entidades autónomas, que tienen poder legislador y no sólo administrativo (como son las provincias argentinas).

 

3.3.7.4. En relación al acto administrativo, puede decirse que es una manifestación de la voluntad de una autoridad administrativa realizada frente al administrado, determinadora de una situación jurídica individualizadora.

Como caracteres del acto administrativo se señala la legitimidad que implica emanar de autoridad competente con arreglo al procedimiento establecido y, guardando las formalidades señaladas por él, la oportunidad y la ejecutoriedad, agregando la revocabilidad por nuevas circunstancias de hecho, de vicio intrínseco formal o sustancial.

En el estado de Derecho no son revocables los actos que han creado derechos adquiridos, salvo el caso en que ello se haga para favorecer al administrado o en que pueda darse al derecho adquirido adecuado resarcimiento, o cuando hay renuncia del interesado. Tampoco es revocable cuando se ocasionara daño a terceros, salvo resarcimiento, o cuando la revocación creara daño público.

El acto administrativo puede ser reglado o discrecional. El acto reglado debe llevarse a efecto conforme a determinadas condiciones establecidas en la ley, mientras que el acto discrecional se lleva a cabo según el prudente arbitrio de la autoridad administrativa.

Contra los actos administrativos caben varias clases de remedios: judiciales (el particular puede interponer demandas contra el Estado), administrativos (recursos frente a la Administración) y políticos (juicio político al funcionario de la Administración).

 

3.3.7.5. En fin, en numerosos casos la Administración llega a celebrar contratos con los particulares. Estos contratos, a causa del papel preponderante que desempeña la Administración, muestran una configuración particular, teniendo el Estado prerrogativas que el Derecho Privado no tolera en las contrataciones que regla. Lo que sucede es que, en el Derecho Administrativo, tales privilegios están plenamente justificados por el diverso carácter jurídico que revelan las partes contratantes.

Los contratos administrativos más importantes son: el de concesión de servicios públicos, el de obras públicas, el de suministro y el de función pública.

 

3.3.8. Derecho de Menores

 

El Derecho de Menores es la rama del Derecho Privado cuyas normas, de marcadas connotaciones tutelares, refiérense a todo lo concerniente con la persona y los intereses del menor.

 

3.3.8.1. El Derecho de Menores se ocupará de la protección del menor en las relaciones civiles y de familia (parentesco, filiación, relación paterno filial, adopción, tutela, curatela, matrimonio de menores), en las relaciones de trabajo, y del problema del menor que delinque.

Aún cuando sus disposiciones se dirigen a toda la minoridad, debemos destacar la relevancia que para esta materia posee el estudio del menor en situación de desprotección o abandono. Es por ello que, sin descuidar la situación legal del menor que pertenece a un ámbito familiar, el Derecho de Menores particulariza su atención en aquellas normas e instituciones que se dirigen a superar los estados carenciales de la minoridad.

Recibe el nombre de Ministerio de Menores o Ministerio Pupilar el conjunto de funcionarios judiciales pertenecientes al Ministerio Público que tienen a su cargo funciones legalmente establecidas de representación y asistencia del menor. El funcionario que ejerce este cargo es denominado Defensor de menores.

Se denomina Patronato del Estado la función social que el Estado asume y ejercita en cumplimiento de su deber de protección de los sectores más débiles, tutelando a los menores de edad por intermedio de los funcionarios designados a tal fin.

 

3.3.8.2. Tampoco puede soslayarse que, desde la reforma de la Constitución Nacional operada en 1994, la Convención sobre los Derechos del Niño ha pasado a tener jerarquía constitucional dentro de nuestro ordenamiento normativo (a tenor de lo expresado por el artículo 75, inc. 22, CN).

A los fines de la Convención, se entenderá por niño "todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad" (reserva de la República Argentina al art. 1E de la Convención). En realidad, en tanto la mayoría de edad se adquiere, en nuestro país, a los 21 años, la protección brindada es más importante aún.

El precitado instrumento internacional, tiende a garantizar a los niños la protección contra toda forma de discriminación o castigo, conminando a las autoridades estatales a tener siempre en consideración el interés superior del niño. Reconoce la Convención que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y a su desarrollo.

Asimismo, hace respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluídos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas. En ese orden afirma que se velará para que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando las autoridades determinen que es por garantizar su interés superior.

Consigna que los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño, y que también adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y su retención ilícita.

Indica la Convención que los Estados partes garantizarán, al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, su derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones en función de la edad y la madurez. Con tal fin, se dará al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado.

Es de destacar que el Estado velará para que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral, y su salud física y mental.

Entre las distintas especificaciones, se prescribe que el Estado alentará a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño indígena, y que adoptará medidas para garantizar a este último el derecho que le corresponde a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.

 

4. Los Derechos Humanos

 

Decir que hay "derechos humanos" o "derechos del hombre", equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados.

 

4.1. Pactos en la materia ratificados por la República Argentina

 

Hemos adelantado anteriormente que, en la reforma constitucional de 1994, se les brindó, a determinados tratados internacionales, jerarquía constitucional. Se trataba específicamente de tratados con referencia a los derechos humanos. El gran desarrollo que para aquella época había tenido el estudio de tal tema, justificó la inclusión del mismo.

Los tratados con jerarquía constitucional en cuestión son: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como "Pacto de San José de Costa Rica", que fue aprobado por la República Argentina previamente, mediante la ley 23.054); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre los Derechos del Niño.

 

4.2. Tribunales Internacionales competentes

 

Por jurisdicciones supraestatales entendemos mencionar los sistemas que, por sobre los Estados, erigen una instancia en la que uno o más organismos tienen competencia en cuestiones de promoción y tutela de los derechos humanos con respecto a lo que acontece con esos derechos en la jurisdicción interna de los Estados que están sometidos a la correspondiente jurisdicción supraestatal. A los efectos de este concepto, no interesa que dicha sumisión sea coactiva o consentida, como tampoco cuál es el procedimiento para instar la competencia de la misma jurisdicción supraestatal, ni la naturaleza del órgano que la inviste y ejerce.

Mientras la Corte Internacional de Justicia, que integra la estructura de las Naciones Unidas, interviene en cuestiones referentes a Estados, encontramos en América la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre cuyas competencias figura la resolución de casos de violación presunta a los derechos y libertades contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), a través de un procedimiento para cuya iniciación se reconoce legitimación a particulares y grupos no gubernamentales, mediante denuncias o quejas en contra de un Estado acusado de aquella violación.

Hay analogías con el sistema de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos (Roma, 1950), en cuyo ámbito funcionan una Comisión Europea de Derechos Humanos y una Corte Europea de Derechos Humanos; a la primera también tienen acceso demandantes individuales, grupos particulares y entidades no gubernamentales.

 

 

5. El orden normativo provincial

 

Cabe destacar que, dentro del orden normativo provincial, existen algunas normas que, dada su importancia, trataremos especialmente.

 

5.1. Constitución Provincial

 

A los fines del presente estudio, aclaramos que dividiremos la Constitución de la Provincia de Santa Fe en: Preámbulo, Parte Dogmática y Parte Orgánica.

 

5.1.1. Preámbulo

 

El preámbulo de la Constitución de la Provincia de Santa Fe no presenta grandes diferencias con el de la Constitución de la Nación Argentina.

Caben destacar algunos aspectos relevantes como, por ejemplo, las referencias específicas al estímulo y dignificación del trabajo, el deber de proveer a la educación y a la cultura, el fomento de la cooperación y solidaridad sociales, el impulso del desarrollo económico bajo el signo de la justicia social, y la afirmación en torno a la vigencia del federalismo y del régimen municipal.

 

5.1.2. Parte Dogmática: "Principios, derechos, garantías y deberes"

La norma fundamental de la Provincia de Santa Fe, principia declarando que "la Provincia de Santa Fe, como miembro del Estado federal argentino, y con la población y el territorio que por derecho le corresponden, organiza las instituciones fundamentales conforme a los principios democráticos, representativos y republicanos, de la sumisión del Estado a las propias normas jurídicas en cualquier campo de su actividad y los deberes de solidaridad recíproca de los miembros de la colectividad, de acuerdo a las condiciones y limitaciones emergentes de la Constitución Nacional" (art. 1, CProv.).

Luego indica que la religión de la Provincia de Santa Fe es la Católica Apostólica y Romana, a la que prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa de la que gozan los habitantes.

Prosigue con la enumeración de los derechos y garantías. Y se inicia aclarando que el "Estado reconoce a la persona humana su inminente dignidad y todos los órganos del poder público están obligados a respetarla y protegerla" (art. 7, CProv.), continuando en relación a que "todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley. Incumbe al estado remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impiden el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida pública económica y social de la comunidad" (art. 8, CProv.).

Con posterioridad ingresa específicamente en el tema de la libertad corporal, diciendo que "ningún habitante de la Provincia puede ser privado de libertad corporal, o sometido a alguna restricción de la misma, sino por disposición de autoridad competente y en los casos y condiciones previstos por la ley" (art. 9, CProv.). Más aún, se legisla específicamente sobre la garantía de hábeas corpus, cuando se expresa que toda persona que juzgue arbitraria la privación, restricción o amenaza de su libertad corporal, puede ocurrir ante cualquier magistrado, por sí o por intermedio de cualquier otra, para que la haga comparecer ante su presencia y examine sumariamente la legalidad de aquéllas y, en su caso, disponga su inmediata cesación. Y aclara, por cierto, que ninguna detención puede prolongarse por más de veinticuatro horas sin darse aviso al juez competente y ponderse a disposición al detenido, ni mantenerse una incomunicación por más de cuarenta y ocho horas, medida que cesa automáticamente al expirar dicho término, salvo prórroga por auto motivado del juez. En el mismo artículo, también proscribe toda forma de violencia física o moral sobre las personas sometidas a privación o restricción de su libertad corporal.

En lo que es de interés, en el artículo en estudio, la Constitución Provincial contiene disposiciones sobre cosa juzgada ("no se puede reabrir procesos fenecidos, sin perjuicio de la revisión favorable de sentencias penales en los casos previstos por la ley procesal"), sobre el régimen carcelario ("las cárceles serán sanas y limpias y adecuadas para la readaptación social de los internados en ellas"), y sobre el proceso penal ("la ley propende a instituir el juicio oral y público en materia penal").

En relación a otros artículos, la parte dogmática garantiza la libertad de domicilio, comunicación y locomoción; la libertad de expresión del pensamiento, de la ciencia y el arte, de enseñar y aprender; la libertad religiosa; la libertad de reunión, asociación y petición; la libertad de trabajo o profesión; la libertad patrimonial; la inalterabilidad de los principios, garantías y derechos.

Y luego anota algunas limitaciones de derechos y libertades, pues "el individuo tiene deberes hacia la comunidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades puede quedar sometido a las limitaciones, establecidas por la ley exclusivamente, necesarias para asegurar el respeto de los derechos y libertades ajenas y satisfacer las justas exigencias de la moral y el orden público y el bienestar general" (art. 16, CProv.).

También habla la norma sobre la responsabilidad del Estado; la tutela de la salud de los habitantes de la Provincia; la protección del trabajo; el bienestar y seguridad sociales; la protección de la familia; la promoción de entidades privadas; la promoción del desarrollo e integración económicos; la cooperación económica; el estímulo al ahorro popular; y la promoción de la explotación agropecuaria racional.

 

5.1.3. Parte Orgánica

 

5.1.3.1. En relación a los diferentes poderes que integran el Estado Provincial, principiaremos por destacar que las autoridades de la Provincia residen en la ciudad de Santa Fe, Capital de la Provincia (art. 4, CProv.).

Se reafirma la forma de gobierno representativa, en tanto regla que "El pueblo, y los órganos del Estado que él elige y ejercen la potestad de gobierno, desempeñan sus funciones respectivas en las formas y con los límites que establecen esta Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia. Ningún sector del pueblo, ni persona alguna, puede atribuirse legítimamente su ejercicio" (art. 2, CProv.).

En cuanto a los recursos con que cuenta el Estado provincial, se aclara que se proveerá "a los gastos públicos con los fondos provenientes de las contribuciones que establezca por ley; de las rentas producidas por sus bienes y servicios; de la enajenación de bienes de su pertenencia; de la propia actividad económica que realice; y de las operaciones de crédito que concierte. Todos los habitantes de la Provincia están obligados a concurrir a los gastos públicos según su capacidad contributiva" (art. 5, CProv.).

 

5.1.3.2. En relación al Poder Legislativo "es ejercido por la Legislatura, compuesta de dos Cámaras: la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Los miembros de ambas Cámaras se reúnen en Asamblea Legislativa solamente en los casos y para los fines previstos por esta Constitución. La Asamblea es presidida por el vicegobernador, en su defecto por el presidente provisional del Senado y, a falta de éste, por el presidente de la Cámara de Diputados. Sus decisiones son válidas si está presente la mitad más uno de los legisladores y se adoptan por la mayoría absoluta de los presentes, salvo disposición en contrario de esta Constitución. Dicta el reglamento para el desempeño de sus funciones" (art. 31, CProv.).

 

5.1.3.3. En relación al Poder Ejecutivo "es ejercido por un ciudadano con el título de gobernador de la Provincia y, en su defecto, por un vicegobernador, elegido al mismo tiempo, en igual forma y por idéntico período que el gobernador" (art. 62, CProv.).

 

5.1.3.4. En fin, en cuanto al Poder Judicial, "es ejercido, exclusivamente, por una Corte Suprema de Justicia, cámaras de apelación, jueces de primera instancia y demás tribunales y jueces que establezca la ley. Sin embargo, la ley puede instituir tribunales colegiados de instancia única" (art. 83, CProv.).

En todos los casos se enuncian los requisitos para desempeñar estos cargos, y la forma de acceder a ellos.

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe "se compone de cinco ministros como mínimo y de un procurador general" (art. 84, CProv.). Luego, cuando se trate la Ley Orgánica del Poder Judicial, se verá que el mínimo está respetado, ya que la Corte Suprema de Justicia está integrada por seis ministros y el procurador general.

En relación al Poder Judicial todo, estima la Carta Magna que "los magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones. Cesa su inamovilidad a los sesenta y cinco años de edad si están en condiciones de obtener jubilación ordinaria. No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo. Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuída sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los Poderes del Estado" (art. 88, CProv.), que "los miembros de la Corte Suprema de Justicia están sujetos al juicio político. Los demás jueces nombrados con acuerdo legislativo son enjuiciables, en la forma que establezca una ley especial, ante la Corte Suprema de Justicia, integrada a ese efecto por un senador, un diputado y dos abogados de la matrícula" (art. 91, CProv.).

También se estipula que "los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política. Los magistrados y funcionarios no pueden ejercer profesión o empleo alguno, salvo la docencia en materia jurídica, las comisiones de carácter honorario, técnico y transitorio que encomienden la Nación, la Provincia o los municipios y la defensa en juicio de derechos propios, de su cónyuge o de sus hijos menores. La ley determina las incompatibilidades de los empleados" (art. 89, CProv.).

Y en relación a las resoluciones judiciales, prescribe "las sentencias y autos interlocutorios deben tener motivación suficiente, so pena de nulidad" (art. 95, CProv.), lo cual quiere decir que han de ser fundados.

 

5.2. Principales leyes provinciales

 

5.2.1. Ley de honorarios profesionales (6.767)

 

Los honorarios de los abogados y procuradores que ejercen ante el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, se rigen por la ley provincial nro. 6.767. Ella sienta las pautas que, en materia arancelaria, servirán para definir el cuantum de los honorarios que el juez deberá regular a los profesionales intervinientes.

Distingue la ley entre:

 

causas susceptibles de apreciación pecuniaria, en las que el honorario se fija de un modo predominantemente objetivo, mediante operaciones matemáticas que permiten llegar a un tope mínimo y un tope máximo (dentro del cual, el Tribunal tiene reducida discrecionalidad para regular), siempre atendiendo a la cuantía del juicio, y

 

causas no susceptibles de apreciación pecuniaria, en las que tiene mayor relevancia la discrecionalidad del Tribunal, que debe tener en cuenta la posición económica y social del interesado, y la trascendencia que para el mismo revista la cuestión debatida.

 

En cualquier caso, se deberá tomar también en consideración la apreciación hecha por los profesionales, y el éxito obtenido y la calidad y extensión de la labor profesional (no es lo mismo, por ejemplo, si el abogado logró que su parte ganara o no, o que la demanda haya prosperado sólo parcialmente).

Asimismo, se fijan porcentajes referidos al estado que se ha alcanzado en el juicio (atento a que los juicios no terminan necesariamente con una sentencia, y también que los profesionales pueden separarse del caso antes de que éste haya finalizado). También se fijan algunos topes mínimos, por debajo de los cuales el Tribunal no puede hacer una regulación de honorarios.

En fin, se indican en este regimen legal arancelario, todos los medios (recursos) para impugnar las regulaciones que se entiendan hechas en apartamiento de la ley.

 

5.2.2. Ley de enjuiciamiento de los magistrados (7.050)

 

Los jueces nombrados con acuerdo legislativo, con excepción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, son enjuiciables a los efectos de la remoción de los cargos que desempeñan, de acuerdo a las disposiciones de la ley provincial 7.050.

En estas ocasiones, actúa como tribunal la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, integrada a ese solo fin con un senador, un diputado y dos abogados de la matrícula. Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta. El Presidente de la Corte dirigirá el trámite. Sostendrá la acusación el procurador general de la Corte.

Son causas de remoción de los jueces:

a) ignorancia manifiesta del Derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada;

b) incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas;

c) desorden de conducta privada o actividad privada incompatible con el decoro y dignidad de la función judicial;

d) Comisión u omisión de actos previstos por las leyes como delitos dolosos; e

e) Inhabilidad física o mental permanente que obste al ejercicio adecuado del cargo.

Toda persona capaz podrá denunciar a un juez, ante la Corte Suprema de Justicia, por existir una causa de remoción prevista por esta ley. El denunciante no será parte en las actuaciones, pero estará obligado a comparecer cuando sea requerido. La denuncia se referirá a determinado magistrado y no podrá comprender a más de uno, salvo el caso de conexión o coparticipación en los hechos. Si hubiere más de una denuncia contra un magistrado, se acumularán y sustanciarán conjuntamente.

En caso de que un juez en lo penal hallare mérito para procesar a un magistrado por delito que constituye causal de remoción, se abstendrá de hacerlo y remitirá al tribunal todos los antecedentes que obraren en su poder, y no proseguirá la causa sino en el caso de pronunciarse sentencia de destitución. Si, además, el magistrado hubiese sido detenido en flagrante delito reprimido con pena corporal y en condiciones no susceptibles de excarcelación, único caso en que puede serlo, lo pondrá a disposición del tribunal.

Una vez presentada la denuncia, el tribunal se reunirá y decidirá sobre su admisibilidad. Se desestimará la denuncia manifiestamente temeraria y maliciosa, o fundada en hechos que claramente no configuren causal de remoción. Admitida formalmente una denuncia, el tribunal suspenderá provisionalmente al magistrado en el ejercicio de sus funciones, ordenará el pago en lo sucesivo del 50 % de su remuneración y la retención del resto, disponiendo su comparecencia al juicio. Comparecido el denunciado, se ordenará traslado al procurador para que formule acusación, de la cual se correrá traslado al imputado. Evacuado el traslado, se abrirá la causa a prueba. Vencido el término de prueba, se fijará fecha para una audiencia, en donde el acusador y el imputado expondrán oralmente sus conclusiones sobre el mérito de la prueba (alegatos). Realizada la audiencia, el tribunal estudiará las actuaciones, deliberará en conjunto en las reuniones que fueren necesarias y dictará sentencia, todo ello en un término no superior a diez días.

La resolución definitiva se adoptará por mayoría de los miembros del tribunal, con expresión de sus fundamentos en forma impersonal, y absolverá o destituirá al acusado. La sentencia absolutoria importará la automática reintegración del magistrado a sus funciones y el pago inmediato del importe retenido de sus sueldos. La sentencia de destitución se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades civiles y criminales en que hubiere incurrido el magistrado, a cuyo efecto aquélla no hará cosa juzgada.

Mientras no se declare la admisión de una denuncia, ésta y su trámite posterior serán mantenidos en reserva. La obligación de reserva alcanza también al denunciante. La audiencia de vista de causa será pública, salvo que el tribunal, en razón de la índole de los hechos acuerde que sea secreta.

 

5.2.3. Recurso de inconstitucionalidad (ley 7.055)

 

La ley provincial 7.055, contiene la reglamentación del recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El mismo procede ante las sentencias definitivas dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto, y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación, en los siguientes casos:

a) cuando se hubiere cuestionado la congruencia con la Constitución de la Provincia de una norma de jerarquía inferior y la decisión haya sido favorable a la validez de ésta;

b) cuando se hubiere cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución de la Provincia y la decisión haya sido contraria al derecho o garantía fundado en él; y

c) cuando las sentencias no reunieren las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.

El recurso no procederá si la decisión del litigio no dependiere de la cuestión constitucional planteada, ni tampoco si ésta, siendo posible, no se hubiere oportunamente propuesto y mantenido en todas las instancias del proceso.

El recurso se interpondrá ante el tribunal que dictó la resolución definitiva. Del escrito de interposición del recurso se correrá traslado por diez días a la contraparte en el juicio. Evacuado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal se expedirá dentro de los diez días sobre la admisibilidad del recurso y lo concederá o denegará. Si el tribunal deniega el recurso, el recurrente podrá presentarse en queja directamente ante la Corte Suprema pidiendo su concesión.

Concedido el recurso, se elevará el expediente a la Corte Suprema, la cual correrá vista por nueve días al procurador general para que dictamine. La concesión del recurso, aún por vía de queja, suspende la ejecución de la decisión impugnada.

Posteriormente, cada ministro de la Corte Suprema tendrá cinco días para el estudio de la causa, salvo que acordasen todos a realizar su estudio simultáneo. Concluido el estudio, se señalará acuerdo para dictar sentencia dentro de un plazo no mayor de diez días.

Cuando la Corte Suprema estimare procedente el recurso, revocará la resolución recurrida y devolverá el expediente al tribunal de origen para que se pronuncie nuevamente de conformidad con la doctrina constitucional aceptada. Em su defecto confirmará la resolución en recurso.

 

5.2.4. Recurso por afectación de intereses difusos (ley 10.000)

 

La ley provincial nro. 10.000 estipula que "procederá el recurso contencioso administrativo sumario, contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal o de entidades o personas privadas en ejercicio de funciones públicas que, violando disposiciones del orden administrativo local, lesionaren intereses simples o difusos de los habitantes de la Provincia en la tutela de la salud pública, en la conservación de la fauna, de la flora y del paisaje, en la protección del medio ambiente, en la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, en la correcta comercialización de mercaderías a la población y, en general, en la defensa de valores similares de la comunidad" (art. 1).

Este recurso permite a los habitantes de la provincia denunciar a personas o entes que, incumpliendo disposiciones administrativas locales, producen una afectación de los intereses simples o difusos, tutelando diferentes aspectos cuya titularidad pertenece a los habitantes de la provincia independientemente de ser o no directamente damnificados por el acto en cuestión.

El recurso se admitirá sólo si no se hubieren dejado de usar oportunamente otras vías de impugnación especial acordadas por leyes o reglamentos, con la salvedad de que por tales vías no se pudiera obtener una rápida reparación de la lesión.

El derecho al recurso caducará si no es deducido dentro de los quince días de la fecha en que la decisión o acto fue ejecutado o debió producirse, o de la fecha en que se conocieren aquéllos o se manifestaran sus consecuencias.

Será competente cualquier juez de primera instancia, con competencia territorial en el lugar donde ha producido o debido producir sus efectos el procedimiento de la autoridad pública, o en el lugar del asiento de ésta (a elección del recurrente).

El recurso se interpondrá por la persona física o jurídica interesada, incluyendo las asociaciones específicamente constituidas con la finalidad de defensa del interés respectivo.

Presentado el recurso, el juez requerirá inmediatamente un informe circunstanciado de la autoridad pública respectiva sobre los hechos que lo motivan y las razones que fundan su actitud y, en su caso, la remisión de las actuaciones administrativas que existieren. Evacuado el informe, se correrá vista al agente fiscal, quien se expedirá sobre la admisibilidad del recurso. Si resultasen controvertidos hechos fundamentales, el juez señalará el plazo para que se produzca la prueba que se haya propuesto. Finalizado el trámite descripto, el juez dictará sentencia dentro de los tres días siguientes, la que acogerá o desestimará el recurso. Cuando se acoja el recurso, se indicará concretamente la conducta que observará la autoridad y el plazo dentro del cual deberá hacerlo. Incumplida la sentencia dentro del plazo fijado al efecto, el juez, a petición de parte, adoptará las medidas que procedan en Derecho, pudiendo inclusive imponer sanciones pecuniarias.

En general, las resoluciones dictadas en el recurso administrativo sumario son inapelables. Supletoriamente se aplicarán las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial.

 

5.2.5. Juicio de amparo (ley 10.456)

 

Refiere el artículo 1 de la ley en cuestión que "La acción jurisdiccional de Amparo establecida por el art. 17 de la Constitución Provincial, procederá en los casos y con las condiciones en él previstas, de conformidad con el juicio de trámite sumario que se establece en la presente Ley". Y el artículo 17 de la Constitución Provincial indica "Un recurso jurisdiccional de amparo, de trámite sumario, puede deducirse contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal, o de entidades o personas privadas en ejercicio de funciones públicas, que amenazare, restringiere o impidiere, de manera manifiestamente ilegítima, el ejercicio de un derecho de libertad directamente reconocido a las personas en la Constitución de la Nación o de la Provincia, siempre que no pudieren utilizarse los remedios ordinarios sin daño grave e irreparable y no existieren recursos específicos de análoga naturaleza acordados por leyes o reglamentos".

Como requisito específico de admisibilidad de esta vía, se consigna que no puedan utilizarse otras vías judiciales o administrativas, eficaces para idéntico fin. Podrá articularse por toda persona física o jurídica perjudicada, debiendo interponerse dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el afectado tuvo conocimiento fehaciente de la lesión, vencido el cual, caducará la acción.

El juez del amparo debe pronunciar de oficio o a petición de parte la inconstitucionalidad de las normas y actos que padezcan de tal vicio. Será competente el Juez de Primera Instancia de Distrito del lugar en que el acto lesivo, tenga, pueda, o deba, tener efecto, a opción del actor. Se observarán en lo pertinente las normas de competencia, salvo imposibilidad o urgencia, en cuyos casos el Juez requerido conocerá de la demanda. Cuando un mismo acto lesivo afecte a varias personas, entenderá en todos los casos el juzgado en que radique el expediente más antiguo, disponiéndose la acumulación de las actuaciones.

Si la demanda es manifiestamente inadmisible, el Juez la rechaza sin más. Si se considera incompetente, así lo declarará. Estos pronunciamientos deben adoptarse dentro de los dos días de promovida la demanda.

Admitida la demanda, se correrá traslado de la misma al accionado, para que la conteste en el plazo que fije el Tribunal, en razón de las particularidades del caso, no pudiendo exceder el término de cinco días. El traslado se correrá con el apercibimiento de que la falta de contestación de la demanda implica el reconocimiento de los hechos articulados por el actor salvo prueba en contrario. Se notificará también al Ministerio Público de la promoción del amparo, quien podrá asumir el carácter de parte. Si resultaren hechos controvertidos, el Juez señala un plazo no mayor de diez días para que se produzca la prueba. Vencido el término de prueba, el Juez dictará sentencia dentro del plazo de tres días. Contra la sentencia, procederán los recursos de apelación y nulidad. Los recursos deben ser fundados e interponerse dentro de los dos días de notificada la resolución respectiva. Concedido el recurso, se elevarán los autos al Superior, quien dictará sentencia en el plazo de tres días posteriores a su recepción.

Se aplican en subsidio las normas previstas para el juicio sumario por el Código Procesal Civil y Comercial, debiendo las mismas ser adaptadas a la naturaleza urgente del juicio de amparo.

 

5.2.6. Leyes de procedimientos – Ley Orgánica del Poder Judicial (remisión)

En relación a los temas que siguen, aclaramos que se tratarán extensivamente más adelante, atento a su importancia, por lo que realizaremos las siguientes remisiones: proceso civil y comercial, Tema V; proceso penal, Tema VI; procesos laboral, contencioso administrativo, y de menores, Tema VII (Procesos especiales); Ley Orgánica del Poder Judicial, Tema III.

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