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CONCURSO DE INGRESO AL PODER JUDICIAL

TEMA III: 1.Ley Orgánica del Poder Judicial. Nociones generales. 2.Actividad Administrativa del Poder Judicial. 3.Atribución de competencia judicial. Prórroga de competencia. 4.Órganos que realizan actividad jurisdiccional. Tribunal integrado, pleno y plenario. 5.Ministerio Público. 6.Disposiciones comunes a todo integrante del Poder Judicial. El empleado judicial; ingreso; requisitos; concurso; designación; juramento; deberes; incompatibilidades; inhabilidades; horario; licencia; estabilidad; régimen disciplinario; sumario: cesación.

 

1. Ley Orgánica del Poder Judicial. Nociones generales

La Constitución provincial -en el capítulo dedicado al Poder Judicial- establece que la administración de justicia se rige por una ley reglamentaria de su organización y por códigos que determinen sus modos de proceder (art. 97).

Esa ley reglamentaria a que refiere la Constitución es la Ley Orgánica del Poder Judicial (L. 10160), que viene a organizar, a estructurar la justicia provincial.

En líneas generales, la L. 10160 establece los órganos que componen al Poder Judicial (corte suprema, cámaras de apelación, tribunales colegiados, jueces de primera instancia de distrito, de circuito, de ejecución y jueces comunales), a esos órganos los escalona jerárquicamente (superiores e inferiores a fin de que aquéllos revisen lo decidido por éstos), les fija una competencia (en que asuntos van a entender: civil y comercial, laboral, penal y más específico aun, familia, responsabilidad extracontractual, desalojo, investigación de delitos imputados a personas mayores de 18 años, faltas, etc) y, a su vez, los reparte estratégicamente en todo el territorio de la Provincia, armando para ello un mapa judicial (circunscripciones, distritos, circuitos y comunales).

También la L. 10160 regula todo lo concerniente a los funcionarios judiciales (Ministerio Público, Oficinas Médicos Forenses y de reconocimiento Médico Judiciales, Secretarios, Oficiales de Justicia, Peritos Oficiales); destina un capítulo bien definido a todos los integrantes del Poder Judicial -magistrados, funcionarios y empleados- en donde se establecen deberes, inhabilidades, incompatibilidades, licencias, sanciones, etc.; organiza las reparticiones auxiliares de la justicia (archivos de los tribunales, cárceles); y finalmente dedica un libro a los profesionales auxiliares de la justicia (abogados, procuradores, escribanos públicos, en cuanto a sus obligaciones, requisitos para el ejercicio, sanciones, etc.)

Además, la L. 10160, en sus primeros artículos, determina la atribución de competencia judicial a través de distintas pautas (territorial, material, cuantitativa, etc.) conforme se explicará más adelante.

Como podrá observar el lector esta es una ley que forma el esqueleto y los órganos vitales del Poder Judicial. Veamos ahora sus contornos más salientes.

3|. Atribución de competencia judicial

Para comenzar la explicación del tema, corresponde recordar que jurídicamente se entiende por competencia la atribución de tareas o funciones que excluyente o concurrentemente otorgan la ley o la convención a ciertas y determinadas personas que actúan en carácter de autoridad respecto de otras ciertas determinadas o indeterminadas personas.

Y es que la actividad que debe realizar el Estado para desarrollar y lograr sus fines sólo puede ser cumplida en la realidad por personas físicas (funcionarios) a quienes se les encomienda individual o colectivamente y en forma selectiva el deber o la facultad de efectuar determinadas tareas. Por ejemplo, hay una competencia legislativa para sancionar leyes, hay una competencia ejecutiva para promulgar leyes y hay una competencia judicial para sustanciar procesos con el fin de resolver litigios mediante sentencias.

Se trata, en suma, de una división de las tareas que deben cumplir las distintas personas que actúan en carácter de autoridad del Estado, para no superponer funciones y para que exista un adecuado y republicano intercontrol de Poderes.

Ahora bien, cuando se habla ya de competencia judicial, la ley 10160 establece que las tareas que cumplen los jueces se hallan divididas según ciertas pautas -formuladas por anticipado y en atención a distintas circunstancias- enumeradas en el art. 1: el lugar de demandabilidad (competencia territorial); la materia sobre la cual versa la pretensión (competencia material); el grado de conocimiento judicial (competencia funcional); las personas que se hallan en el litigio (competencia personal); el valor pecuniario comprometido en el litigio (competencia cuantitativa); la conexión causal existente entre distintos litigios contemporáneos (competencia por conexidad); la prevención procesal (competencia prevencional); y el reparto equitativo de tareas entre los jueces (competencia por turno).

Veamos de qué se trata cada una de estas pautas de competencia.

La competencia en razón del lugar de demandabilidad (competencia territorial).

Los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la L. 10160 describen -con relación a la función jurisdiccional y a los órganos designados a su prestación- la división geopolítica de la provincia de Santa Fe.

Se toma como punto de partida de unidad jurisdiccional a la Comuna. Y es a partir de ella que se forman Circuitos judiciales (la unión de varias comunas), Distritos judiciales (la unión de varios circuitos) y Circunscripciones judiciales (la unión de varios distritos).

De manera gráfica puede visualizarse el mapa judicial santafesino como una serie paulatina de círculos concéntricos diseminados a lo largo del territorio provincial, unos abarcativos de otros y de superficie progresivamente mayor.

Retomando. En el diseño legal pueden distinguirse:

a) la mínima unidad geopolítica, la comuna, equiparada a los efectos legales con el municipio. En ella actúa, en principio, por lor menos, un Juez Comunal (arts. 128 y sgtes., L. 10160). Hasta el momento, existen 364 comunas (art. 4, L. 10160).

b) el circuito judicial, porción territorial conformada por la unión de varias comunas y en las que actúa, en principio, por lo menos un Juez de Primera Instancia de Circuito (art. 109 y sgtes., L. 10160). En la actualidad se hallan funcionando 35 circuitos judiciales, cada uno identificado con un múmero sucesivo del 1 al 35 y con sede en las ciudades señaladas en los respectivos incisos de la norma.

c) el distrito judicial, configurado por el agrupamiento legal de varios circuitos y en los que actúa, en principio, por los menos un Juez de Primera Instancia de Distrito (arts. 70 y sgtes., L. 10160). El artículo 5 L. 10160 describe 16 distritos judiciales, numerándolos progresivamente del 1 al 16 y determinando las ciudades que constituyen su sede.

d) las circunscripciones judiciales, extensiones de mayor territorio, conformados por la serie agrupada de varios distritos y en las que funciona por lo menos, una Cámara de Apelación (arts. 23 y sgtes., L. 10160). Las circunscripciones judiciales son 5, a cada una corresponde un número de nominación de la serie del 1 al 5 y funcionan en las ciudades de: Nro. 1 Santa Fe, Nro. 2 Rosario, Nro. 3 Venado Tuerto, Nro. 4 Reconquista y Nro. 5 Rafaela (art. 6, L. 10160).

Se entiende que el órgano jurisdiccional que actúa en cada sede prevista -Juez Comunal, de Primera Instancia de Circuito, de Distrito o Cámara de Apelación, según los casos- ejerce su competencia material, funcional y cuantitativa en todo el ámbito espacial que el respectivo territorio comprende y encierra.

La competencia en razón de la materia sobre la cual versa la pretensión (competencia material).

En esta competencia lo que se evalúa no es otra cosa que la naturaleza de la relación jurídica debatida. En consecuencia, en función de la materia discutida encontramos una gran división fundada en las grandes ramas del Derecho y en base a esta línea distinguiremos las competencias en lo civil y comercial, en lo laboral, en lo penal y en lo contencioso administrativo.

A su vez dentro de estas grandes líneas de distribución de competencia en razón de la materia se han estructurado otros tribunales aun más específicos, como lo son, los tribunales colegiados con competencia en temas de responsabilidad extracontractual y familia, los juzgados de ejecución civil, los juzgados de circuito en materia de desalojo, etc.

La competencia en función del grado de conocimiento judicial (competencia funcional).

Esta competencia se encuentra asociada a la organización del Poder Judicial en función de distintos grados de conocimientos: dos grados de conocimiento ordinario (primera instancia y segunda instancia) y un tercero grado de conocimiento extraordinario, que es ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

Puede haber un cuarto grado de conocimiento extraordinario pero está fuera de la organización de la justicia provincial y que es ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Para comprender la organización tribunalicia en función de los distintos grados de conocimiento, véase este esquema:

 

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La competencia en razón de las personas que se hallen en litigio(competencia personal).

El único tribunal que tiene atribuida una competencia personal es la Corte Suprema de Justicia de la Provincia: el art. 18, L. 10160 la otorga respecto de los juicios de expropiación incoados por la provincia y los juicios de responsabilidad civil contra los magistrados judiciales.

La competencia en razón del valor pecuniario comprometido en el litigio (competencia cuantitativa)

Cuando se está frente a una causa o asunto de índole civil, comercial o laboral y la pretensión deducida en la demanda tiene un contenido económico -por reclamarse el pago de una suma de dinero, una prestación equivalente o hallarse involucrado en forma más o menos inmediata bienes o valores de aquella naturaleza- el monto pecuniario, la cantidad reclamada en la demanda asume el carácter de pauta de competencia.

Conforme a la organización del Poder Judicial coexisten jueces con competencia para juicios de menor cuantía con otros que la tienen asignada a asuntos de mayor valor económico. Así, entre los primeros figuran los Jueces Comunales, los Jueces de Primera Instancia de Circuito y los Jueces de Ejecución Civil. Son jueces mayor cuantía, en cambio, los Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, los jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral y los Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extracontractual.

A su vez, debe relacionarse la cantidad reclamada en el pleito con la unidad de valor legal adoptado por la L. 10160 (art. 8): el JUS, que representa el valor que la Corte Suprema establezca prudencialmente.

De ello resulta que cuando la cuantía supera una cierta cantidad de unidades JUS, corresponde entender un juez de competencia cuantitativamente mayor (v.gr. Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial) y cuando ello no ocurre conoce del asunto un juez de cuantía menor (v.gr. Jueces de Primera Instancia de Circuito).

 

La conexión causal existente entre distintos litigios contemporáneos. El fuero de atracción (competencia por conexidad)

Cuando entre dos juicios existe una vinculación muy estrecha entre ellos y en cada uno de ellos conoce un juez diferente, la L. 10160 impone que un único juez resuelva los conflictos presentados, pues si se resolvieran por separado se podría arribar al escándalo jurídico por el dictado contemporáneo de sentencias contradictorias.

Esta competencia también incluye el fuero de atracción, supuesto en que se encuentra en juego la totalidad del patrimonio de una persona (v.gr. concursos, sucesión). En tal caso, también se impone la necesidad de concentrar todos los juicios ante un único juez.

 

La prevención procesal (competencia prevencional)

Cuando para conocer de un determinado litigio existen varios jueces con idénticas competencias territorial, material, funcional y cuantitativa, el primero de ellos que lo hace previene en su actuación e impide que los restantes puedan entender en el mismo asunto. Es muy usada en el fuero penal y, además, constituye una regla expresa a la actuación de una Cámara de Apelación: "Cualquiera sea la intervención que le cabe a una Cámara en una causa judicial, radica definitivamente su competencia para futuras impugnaciones" (art. 34, L. 10160).

 

El reparto equitativo de tareas entre los jueces (competencia por turno)

Teniendo en cuenta las restantes pautas de competencia (territorial, material, cuantitativa, etc.) aun puede presentarse multiplicidad de jueces competentes para entender en el juicio. De ahí que cabe establecer un turno como criterio repartidor de la labor judicial entre ellos.

Configura, entonces, una simple distribución interna del trabajo entre los distintos jueces con el fin de lograr una mejor y más adecuada prestación del servicio judiciario.

Aunque esta pauta de competencia se encuentra debilitada -en Rosario y Santa Fe- por la creación de mesas de entradas únicas que hacen un sorteo automático de la causas.

 

La prorrogabilidad e improrrogabilidad de la competencia

Las leyes atributivas de competencia judicial son generalmente imperativas, razón por la cual no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de los particulares. De tal modo ellos carecen de toda facultad para alterar esas pautas legales. Resulta así que en un mismo lugar y en un tiempo determinado, entre todos los jueces que integran el Poder Judicial hay un solo que es competente en razón de todas las pautas de competencia (territorio, materia, cuantía, grado, etc.).

Sin embargo, hay veces que el propio legislador considera muchas veces necesario privilegiar el interés particular en ciertos casos para hacer más eficiente la defensa de los derechos.

Es por ello que específica y excepcionalmente la propia L. 10160 autoriza que se alteren las pautas de competencia, con lo cual se permite que las partes desplacen la competencia de un juez a otro, para conocer en un asunto determinado.

Este desplazamiento de competencia se conoce con la denominación de prórroga de competencia judicial y consiste técnicamente en un acuerdo de los litigantes por virtud del cual no presentan su litigio ante el único juez que es natural e inicialmente competente, sino ante otro que no lo es.

Tal acuerdo puede hacerse en forma expresa (antes de presentar el pleito) o implícita (cuando sin mediar acuerdo previo, el actor propone su demanda ante un juez que inicial y naturalmente incompetente y a su turno el demandado no objeta esa incompetencia, con lo cual la acepta y la consiente).

Veamos ahora los diferentes casos:

a) La competencia territorial es prorrogable expresa o implícitamente sólo cuando se litiga en base a derechos transigibles por hallarse en juego intereses meramente privados y que no afecta el orden público.

En cambio, la misma competencia territorial es improrrogable no sólo cuando se halla interesado el orden público (juicios penales, de familia, etc.) sino también cuando todos los posibles de domicilio de demandabilidad (esto es: lugar del cumplimiento de la obligación, lugar de realización del hecho, acto o contrato que la origina, lugar de domicilio real del demandado, art. 4, Cód. Procesal Civil y Comercial) se hallan ubicados en un mismo distrito judicial distinto de los que ostenta el Nro. 1 (Santa Fe) y Nro. 2 (Rosario).

Con esto L. 10160 tiende a evitar la concentración de los juicios en los dos centros judiciales más importantes, como son Rosario y Santa Fe, circunstancia que evidencia la finalidad del legislador de descentralizar la justicia provincial.

b) La competencia material es siempre improrrogable, con excepción de un solo caso: la que corresponde a los Jueces de Primera Instancia de Circuito en el orden civil y comercial.

En efecto, conforme con lo dispuesto por el artículo 111, L. 10160 a ellos les compete materialmente y con exclusividad, el conocimiento de "todo asunto referente a la locación de muebles e inmuebles urbanos y rurales, todo litigio que verse sobre desalojo y las faltas".

Como la materia penal es siempre improrrogable, la prorrogabilidad de la competencia sólo refiere a los asuntos de locación y desalojo.

Siempre debe ser expresa y a favor de un Juez de Primera Instancia de Distrito con competencia material en lo civil y comercial.

c) La competencia funcional, correspondiente al grado de conocimiento judicial, es siempre improrrogable.

d) La competencia cuantitativa es prorrogable sólo hacia un juez de mayor jerarquía (de Juez Comunal a Juez de Circuito y de Juez de Circuito a Juez de Distrito) y no a la inversa, pudiendo ser expresa o implícita.

e) La competencia por turno es siempre prorrogable, expresa o implícitamente.

f) Las competencias personal, prevencional y por conexidad, son siempre improrrogables.

 

 

Texto legal

a) Atribución de competencia

Art. 1, L. 10160: Para la organización del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, esta Ley atribuye la competencia en razón de:

1) el lugar de demandabilidad (competencia territorial);

2) la materia sobre la cual versa la pretensión (competencia material);

3) el grado de conocimiento judicial (competencia funcional)

4) las personas que se hallan en litigio (competencia personal);

5) el valor pecuniario comprometido en el litigio (competencia cuantitativa);

6) la conexión causal existente entre distintos litigios contemporáneos (competencia por conexidad). Esta competencia incluye los casos de afinidad y el fuero de atracción que establece la ley de fondo;

7) la prevención procesal (competencia prevencional;

8) el reparto equitativo de tareas entre los jueces (competencia por turno).

b) Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la competencia

Art. 2, L. 10160:

1) Es prorrogable, expresa o implícitamente:

a) la competencia territorial, cuando se litiga a base de derechos transigibles, salvo lo dispuesto en el apartado a) del inciso siguiente;

b) la competencia cuantitativa, sólo cuando la demanda se promueve ante juez con mayor competencia por cuantía de la que corresponde al que es competente según esta Ley;

c) la competencia por turno;

2) Es improrrogable:

a) la competencia territorial, cuanto todas las pautas de demandadabilidad establecidas en el artículo 4 del Código Procesal Civil, concurrente a uno de los Distritos Judiciales Nros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 16. Sin perjuicio de ello, la competencia territorial es concurrente entre los Distritos Judiciales Nros. 3, 8, 9 y 16, por un lado y 4 y 13, por el otro;

b) la competencia material, salvo la de los jueces de circuito, que sólo puede se prorrogada en forma expresa;

c) la competencia funcional;

d) la competencia personal, en los casos previstos en los incisos 3 y 7 del Artículo 93 de la Constitución;

e) la competencia prevencional;

f) la competencia por conexidad.

Salvo el caso de competencia por conexidad, la respectiva cuestión de incompetencia sólo puede promoverse por la vía que corresponda antes de haberse consentido la competencia que se reclama; después de ello, la incompetencia ya noes declarable de oficio.

 

4. Órganos que realizan actividad jurisdiccional

Corte Suprema de Justicia

Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial

Cámaras de Apelación en lo Penal

Cámaras de Apelación en lo Laboral

Cámaras de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral

Cámaras de Apelación de Circuito

Cámara de lo Contencioso Administrativo

Tribunales Colegiados de Familia

Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extracontractual

Jueces de Distrito en lo Civil y Comercial

Jueces de Distrito en lo Laboral

Jueces de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral

Jueces de Distrito de Ejecución Civil

Jueces de Distrito de Registro Público de Comercio

Jueces de Distrito en lo Penal de Instrucción

Jueces de Distrito en lo Penal de Sentencia

Jueces de Distrito en lo Penal Correccional

Jueces de Distrito en lo Penal de Instrucción y Correccional

Jueces de Distrito en lo Penal de Faltas

Jueces de Distrito de Menores

Jueces de Distrito de Ejecución Penal

Jueces de Circuito

Jueces de Circuito de Ejecución civil

Jueces Comunales

Conforme se advierte de esta nómina de tribunales, la Corte Suprema de Justicia es la cabeza del Poder Judicial.

 

4.1. Asiento y composición

Art. 11, L. 10160: Tiene asiento en la sede la Circunscripción Judicial N° 1. Se compone con seis ministros y un procurador general.

4.2. Recusación y excusación

Art. 12, L. 10160: Los ministros no puede ser recusados sin expresión de causa. Las peticiones de recusación y excusación deberán ser debidamente fundadas, pudiéndose desechar, sin darles curso, las que así no lo fueren. Las causales serán de interpretación restrictiva.

La petición de recusación fundada en la emisión de opinión con conocimiento de los autos solo procederá cuando tal opinión sea expresa y haga entrever cuál será la decisión final de la causa.

Quedan excluida de las causales previstas, los asuntos colectivos en los que las circunstancias personales de las parte no tengan trascendencia en la causa.

La Corte, integrada al efecto, conoce de los respectivos incidentes.

4.3. Reemplazo

Art. 13, L. 10160: En caso de excusación, ausencia, impedimento, licencia o vacancia, la Corte se integra con jueces de las Cámaras de Apelación que corresponda la materia en debate. En los asuntos de competencia contencioso administrativa con jueces de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo en primer lugar y, en su caso, conjueces de las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial. Si aún no es posible la integración, en ambos casos con conjueces designados por sorteo hecho en acto público y notificado a las partes en litigio.

4.4. Quórum y resoluciones

Art. 14, L. 10160: En material jurisdiccional, la Corte forma quórum con la presencia de cuatro integrantes. Para la emisión de pronunciamiento válido, se requiere la mayoría absoluta del Cuerpo y de sus votos totalmente concordantes.

En caso de empate, el voto del Presidente de la Corte es decisivo. Si su voto no es dirimente, la Corte se integra con el número de reemplazantes que sea necesario para lograr mayoría absolutamente concordante en la votación.

En todos los casos, la opinión de la mayoría puede ser llevada por uno de los integrantes y la de la minoría, del mismo modo.

En materia de gobierno, la Corte forma quórum con la presencia de cuatros de sus integrantes y las resoluciones se toman por simple mayoría. En caso de empate, el voto del Presidente es decisivo.

 

Competencia de la Corte Suprema de Justicia

1) Competencia territorial (Art. 15, L. 10160):

Ejerce su competencia funcional, material y personal en todo el territorio de la Provincia.

2) Competencia funcional (art. 16, L. 10160):

Compete a la Corte Suprema ser alzada de todos los tribunales inferiores y le corresponde el conocimiento de:

las impugnaciones por inconstitucionalidad deducidas contra sentencias definitivas o autos interlocutorios con fuerza de tales;

los recursos de revisión deducidos contra sentencias dictadas en procesos penales;

los recursos deducidos contra las decisiones del Tribunal de Cuentas

los recursos de nulidad deducidos contra las sentencias pronunciadas en juicios orales en materia penal, luego de vencido el plazo concedido por la ley al efecto;

las quejas por retardo de justicia deducidas contra las Cámaras de Apelación.

3) Competencia material (art. 17, L. 10160):

Compete a la Corte Suprema el conocimiento de:

1.las pretensiones contencioso administrativas, en los casos y modo que dispone la ley;

2.los conflictos de competencia suscitados entre magistrados de la Provincia que no tienen un superior común;

3.los conflictos de atribuciones planteados entre funcionarios del Poder Ejecutivo y magistrados o funcionarios del Poder Judicial;

4.los incidentes de recusación de sus propios integrantes.

4) Competencia personal (art. 18, L. 10160):

Compete a la Corte Suprema el conocimiento de:

1.los juicios de expropiación promovidos por la Provincia;

2.los juicios de responsabilidad civil promovidos contra los magistrados judiciales.

A su turno, las Cámaras de Apelaciones en general,tienen asignada la siguiente competencia:

1) Competencia territorial (art. 31, L. 10160):

Cada Cámara ejerce su competencia funcional y material y el gobierno delegado, dentro del territorio de su respectiva Circunscripción judicial.

2) Competencia funcional (art. 32, L. 10160):

Cada Cámara es alzada de los de primera instancia que tiene igual competencia material y cuantitativa de la respectivo circunscripción judicial. Por medio de sus Salas conoce de:

1.las impugnaciones que se deducen contra las decisiones de los jueces de primera instancia;

2. las quejas (art. 32, L. 10160).

3) Competencia material (art. 33, L. 10160):

Cada Cámara, en su competencia territorial, y por medio de sus Salas conoce de:

1. los conflictos de competencia suscitados entre magistrados o funcionarios judiciales;

2. las recusaciones de sus propios jueces y las de los de primera instancia;

3. las impugnaciones que se interponen contra las decisiones del Presidente;

4) Competencia prevencional (art. 34,L. 10160): Cualquiera sea la intervención, radica definitivamente su competencia para futura impugnaciones.

La L. 10160 establece -solo en Santa Fe y Rosario- Tribunales Colegiados, asignándole competencia en materia de familia y responsabilidad extracontractual, con lo cual tenemos: Tribunales Colegiados de Familia (arts. 68 y s.s., L. 10160) y Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extracontractual (art. 69, L. 10160).

Ahora corresponde mencionar a los Jueces de Primera Instancia de Distrito, cuya atribución de competencia material puede resumirse así:

 

Jueces en lo Civil y Comercial: les corresponde el conocimiento de todo litigio que verse sobre materia que no está expresamente atribuida por esta ley a otro tribunal. Se la denomina competencia residual (art. 72).

 

Jueces en lo Laboral: les corresponde el conocimiento de: los litigios entre empleadores y trabajadores por conflictos individuales de derecho, derivados de contratos de trabajo, de empleo, de aprendizaje, de ajuste de servicios y de tambero mediero; los litigios promovidos por entidades sindicales y administrativas, cuando se pretende el cumplimiento de normas laborales; las demandas de restitución de muebles y inmuebles o parte de ellos, concedidos a los trabajadores en virtud o como accesorio de los contratos de trabajo, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en los estatutos profesionales; las tercerías respecto de causas de su competencia material; la ejecución de multas que aplican las autoridades administrativas por incumplimiento de leyes de trabajo, de tambero mediero y de previsión social; las demandas por cobro de aportes y contribuciones fundadas en normas de derecho del trabajo; la ejecución de sus propias sentencias; los litigios que se promueven para obtener la declaración de un derecho del trabajo, cuando el estado de incertidumbre respecto de una relación jurídica individual, de sus modalidades o de su interpretación, causa o pudiere causar un perjuicio a quien tenga interés legítimo y actual en determinarlo (art. 76).

 

Jueces en lo Civil, Comercial y Laboral: les corresponde conocer de los mismos litigios que pertenecen a las competencias materiales de los jueces en lo Civil y Comercial y de los jueces en lo Laboral (art. 79).

 

Jueces de Ejecución civil: funcionan únicamente en Santa Fe y Rosario y les corresponde conocer de toda pretensión ejecutiva autónoma (art. 82). Esta competencia es concurrente con la de los Jueces de Ejecución civil de Circuito -conocen de la misma materia- con la salvedad de que se encuentra limitada cuantitativamente por la suma de 15 unidades jus (art. 117).

 

Jueces de Registro Público de Comercio: que cumplen las funciones atribuidas de la ley de la materia (art. 83).

 

Jueces en lo Penal de Instrucción: les corresponde juzgar los delitos imputados a personas mayores de dieciocho años, salvo lo dispuesto en el artículo 92 (art. 86)

 

 

Jueces en lo Penal de Sentencia: les corresponde juzgar los delitos imputados a personas mayores de dieciocho años, salvo lo dispuesto en el artículo 92 (art. 89).

Jueces en lo Penal Correccional: les corresponde investigar y juzgar los delitos imputados a personas mayores de dieciocho años, cuando el máximo de la pena no exceda de tres años de prisión (art. 92).

Jueces en lo Penal de Instrucción y Correccional: les corresponde ejercer las mismas competencias materiales de los jueces en lo Penal de Instrucción y de los jueces en lo Penal Correccional (art. 95).

Jueces en lo Penal de Faltas: les compete investigar y juzgar las faltas imputadas a personas mayores de dieciocho años (art. 98).

Jueces de Menores: ejercen su competencia en materia de menores con exclusión de cualquier otra autoridad (art. 102).

Jueces de Ejecución penal: con exclusión de toda otra autoridad, les compete: vigilar y definir la ejecución de las penas privativas de libertad (art. 108).

Finalmente, la L. 10160 atribuye competencia a los Jueces de Circuito y a los Jueces Comunales.

A los Jueces de Circuito les corresponde el conocimiento de todo asunto referente a locación de muebles e inmuebles urbanos y rurales sin límite cuantitativo; todo litigio que verse sobre desalojo; y las faltas salvo en Santa Fe y Rosario y Rafaela en donde funcionan los Jueces en lo Penal de Faltas.

La L. 10160 aclara que carecen de competencia para conocer de juicios universales, litigios que versen sobre asuntos de familia y actos de jurisdicción voluntaria, salvo las informaciones sumarias al solo efecto de ser necesarias para fines previsionales (art. 111)

A los Jueces Comunales les compete conocer y decidir acerca de contravenciones municipales; comunicar al juez de distrito que corresponda, el fallecimiento de las personas que ocurra en el ámbito de su competencia territorial y que no tenga parientes conocidos, igualmente, los casos de orfandad, abandono material y peligro moral de los menores de edad; realizar con prontitud y eficiencia todas las diligencias que les ordena los magistrados; autorizar poderes para pleitos y autenticar firmas.

La L. 10160 aclara que carecen de competencia para conocer de juicios universales, desalojos, litigios que versen sobre relaciones de familia y derechos reales, actos de jurisdicción voluntaria y, en general, todo asunto que no sea apreciable en dinero y en los que la Provincia o entes autárquicos provinciales sean parte procesal (art. 124).

Además, conocen de todo asunto civil y comercial cuya cuantía no exceda de una cifra equivalente a dos unidades jus y los asuntos labores, cuando el valor de la demanda no supere esa suma.

 

Tribunal integrado

Art. 27, L. 10160: En todo litigio en materiacivil, comercial o laboral cuya cuantía no sea inferior a la de treinta unidades jus a la fecha de la sentencia impugnada, cualquiera de las partes puede pedir que la respectiva Cámara o Sala sea integrada con cinco jueces.

Igual integración puede ordenar de oficio la Cámara o Sala cuando de la mayoría de sus jueces sean de manifiesta importancia los intereses en juego o cuando le parezca necesario por la complejidad de las cuestiones jurídicas debatidas.

En los litigios penal que tramitan por juicio escrito, se actúa del mismo modo, de oficio o a petición de cualesquiera de las partes.

Para la emisión de pronunciamiento válido se requiere en todos los casos el voto absolutamente concordante de tres jueces.

Breve comentario. Las cámaras de apelación o, en su caso, las salas -cuando la Cámara se encuentra dividida en salas- se componen con tres jueces y para resolver las causas se requiere el voto totalmente concordantes de dos jueces.

La L. 10160 (art. 27) brinda la facultad ya sea a las partes o a los mismos jueces que ese tribunal (cámara o sala) se integre con dos Jueces más (o sea cinco jueces) ya sea porque el pleito supera una cantidad determinada unidades jus (30), por la manifiesta importancia de los intereses en juego, o por la complejidad de las cuestiones jurídicas debatidas. Para resolver la causa se requiere el voto totalmente concordante de tres jueces.

 

Tribunal pleno

Art. 28, L. 10160: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las Salas de una misma Cámara pueden, a pedido de parte o de la simple mayoría de sus jueces, reunirse en tribunal pleno a fin de unificar jurisprudencia o de evitar fallos contradictorios. En este último supuesto, pueden actuar en defecto de casos concreto para fijar la interpretación que se dará en lo sucesivo a una cuestión de derecho.

Las decisiones se adoptan por mayoría absoluta devotos totalmente concordantes. De no lograrse ella, se procede a nueva votación entre las dos interpretaciones que más sufragios obtuvieran. En caso de empate se dispone la integración del tribunal con el número de jueces de otras Cámaras de la misma competencia material, que sea suficiente para obtener mayoría.

La interpretación que se establezca mayoritariamente obliga a todos los jueces de la Cámara, aunque no hayan participada en la votación respectiva y a los jueces inferiores con idéntica competencia material, por el lapso de cinco años. Dentro de él sólo puede ser revisada por una decisión del tribunal plenario en las condiciones previstas en el artículo siguiente. El apartamiento de la tesis mayoritaria causa la nulidad del respectivo pronunciamiento.

Breve comentario. La realidad demuestra que las salas de una misma cámara pueden resolver casos idénticos de manera distinta. Para evitar estas situaciones, la L. 10160 (art. 28) prevé un mecanismo: que todos los jueces de las salas que componen la cámara se reúnan y fijen un solo criterio o interpretación que gobierne esos casos (v.gr. en Rosario, se reúnen todos los camaristas de las cuatro salas que componen la cámara en lo Civil y Comercial).

De esa manera se unifica la jurisprudencia o se evita fallos contradictorios siendo el fallo pleno obligatorio para todos los jueces de la Cámara y para los jueces inferiores de idéntica competencia material y territorial.

 

Tribunal plenario

Art. 29, L. 10160: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, las Cámaras con idéntica competencia material con asiento en las cinco Circunscripciones judiciales a pedido de la simple mayoría del total de sus jueces, pueden reunirse en tribunal plenario a fin de unificar jurisprudencia o de evitar fallos contradictorios. En este último supuesto, pueden actuar en defecto de casos concreto para fijar la interpretación que se dará en lo sucesivo a una cuestión de derecho.

Las decisiones se adoptan por mayoría absoluta devotostotalmente concordantes. De no lograrse ella, se procede a nueva votación entre las dos interpretaciones que más sufragios obtuvieron. En caso de empate, se dispone la integración del Tribunal con el número de jueces de otras Cámaras con idéntica sede a la del tribunal plenario, que sea suficiente para obtener tal mayoría.

La interpretación que se establezca mayoritariamente obliga a todos los jueces de todas las Cámaras, aunque no hayan participado en la votación respectiva y a los jueces inferiores con idéntica competencia material. Tal interpretación sólo puede ser sometida a revisión a pedido de la simple mayoría de todos los jueces que la componen, después de cinco años de dictado el respectivo acuerdo. El apartamiento de la tesis mayoritaria causa la nulidad del respectivo pronunciamiento.

Breve comentario. El supuesto ahora contemplado (art. 29, L. 10160) es igual al anterior nada más que existe una diferencia cuantitativa.

En el tribunal pleno se reúnen todos los miembros de las salas que componen una misma cámara, en cambio en el tribunal plenario se reúnen todos los miembros que componen las cámaras de las cinco circunscripciones judiciales, esto es: todo los jueces de la cámara de apelación de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela con idéntica competencia material (v.gr. civil y comercial, penal o laboral) a fin de unificar jurisprudencia o evitar fallos contradictorios con siendo el fallo plenario obligatorio para todos los jueces de las Cámaras y para los jueces inferiores de idéntica competencia material.

5. Ministerio Público. Constitución del órgano

Art. 128, L. 10160: El Ministerio Público está

integrado por:

1) el procurador general de la Corte Suprema;

2) los fiscales de las Cámaras de Apelación;

3) los defensores generales de las Cámaras de Apelación;

4) los fiscales;

5)los defensores generales;

6) los asesores de menores;

7) los fiscales de menores.

Este es un órgano que trata de defender los intereses del Estado y de sus variados fines. Por ende, hay integrantes que actúan como acusadores públicos; otros, controlando el régimen de legalidad; otros representando o defendiendo a los pobres; otros, actuando junto con sus representantes legales en defensa de los intereses de quienes se supone desprotegidos de hecho: incapaces y autos.

Aclarando más la idea, se compone:

a) de un ministerio fiscal, que actúa como:

1) acusador público, al promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos cometidos y ejercer la llamada acción penal;

2) control del orden legal, vigilando el cumplimiento de las reglas de procedimiento y cuidando la recta y pronta administración de justicia;

3) parte procesal necesaria en los actos de jurisdicción voluntaria.

b) de un ministerio pupilar, que actúa como por medio de los defensores generales:

1) en forma autónoma, ejerciendo la defensa de los derechos de los pobres, que no pueden afrontar los gastos del juicio y también la defensa de menores, incapaces de hecho y ausentes que carecen de representación legal.

2) en forma promiscua con los representantes legales de menores (padres o tutor) e incapaces ausentes (curador), actuando al lado de ellos controlando y, llegado el caso, supliendo la defensa y;

3) como órgano colegiado asesor en todo cuanto concierne al régimen de bienes de menores, incapaces y ausentes (art. 155, L. 10160).

Para mayor comprensión de este instituto ver Tema VIII.

2. Actividad administrativa del Poder Judicial

El artículo 19, L. 10160: Compete a la Corte Suprema de Justicia el ejercicio del gobierno del Poder Judicial, con la consiguiente facultad disciplinaria. A tal fin, y con facultad de delegar, puede:

1) dictar los reglamentos y disposiciones que conduzcan al mejor desempeño del Poder Judicial;

2) disponer, según normas propias, de partidas para inversiones y gastos de funcionamiento asignadas al Poder Judicial por la Ley de Presupuesto, sin perjuicio de rendir cuenta;

3) proponer al Poder Ejecutivo, previo concurso, la designación de los funcionarios y empleados del Poder Judicial y la remoción de ellos;

4) enviar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, antes del 31 de marzo de cada año, un informe detallado sobre el estado funcional del Poder Judicial, con expresa indicación de los inconvenientes notados y de las mejoras requeridas;

5) confeccionar anualmente la lista de conjueces que reúnan las condiciones establecidas por la Constitución o por la ley para reemplazar a magistrados y funcionarios en caso de impedimento, ausencia o vacancia de los titulares de los tribunales y de sus respectivos reemplazantes;

Esta lista se forma, preferentemente, con magistrados y funcionarios jubilados;

6) confeccionar antes del 31 de diciembre de cada año las nóminas necesarias para que los magistrados y los jueces comunales puedan afectar las correspondientes designaciones durante el año siguiente;

7) disponer asuetos judiciales cuando acontecimientos extraordinarios lo exijan y suspender o interrumpir los plazos procesales cuando circunstancias especiales así lo hagan necesario;

8) fijar el horario de las oficinas judiciales y el de su atención al público;

9) vigilar con atención la conducta de todos los integrantes del Poder Judicial y de los auxiliares judiciales, reprimiendo sus faltas con sanciones disciplinarias conforme con las normas legales respectivas; 10) ordenar la instrucción de sumarios administrativos para juzgar las faltas imputadas a los magistrados judiciales;

11) resolver los sumarios administrativos ordenados por el Presidente;

12) suspender preventivamente a cualquier integrante del Poder Judicial cuando, en principio, aparezca como autor de un delito doloso o falta grave que dé lugar a la instrucción de sumario administrativo.

La suspensión no puede exceder de noventa días y se hará efectiva sin prestación del servicio. Si se ha dictado auto de procesamiento en razón del mismo hecho que funda la imputación disciplinaria, la suspensión puede prolongarse hasta que se resuelva el proceso penal o se dicte la decisión en el sumario administrativo a criterio de la Corte Suprema y de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso. Si la sanción es suspensiva y no se percibieron haberes durante la medida preventiva, éstos son devueltos en la proporción debida.

13) conceder licencia en los casos previstos en la ley;

14) reglamentar el contenido de la publicación de los edictos judiciales, en orden a obtener una mayor economía procesal;

15) iniciar anualmente la labor judicial en acto público y solemne;

16) establecer el régimen de licencias especiales;

17) dictar las reglamentaciones conducentes al mejor funcionamiento de todas las oficinas del Poder Judicial;

18) avocar, en materia de gobierno, todo asunto que por su naturaleza o importancia estime conveniente;

19) reglamentar su funcionamiento interno;

20) resolver las impugnaciones deducidas contra las decisiones del presidente;

21) llevar la matrícula de los auxiliares del Poder Judicial que la ley no atribuye a otra entidad.

Breve comentario. Al igual que el artículo 92 de la Constitución provincial, la norma transcripta atribuye a la Corte Suprema de Justicia el ejercicio del gobierno del Poder Judicial. Y es a partir de sus incisos que se enumeran los poderes reglamentarios, disciplinarios, administrativos y de gestión que tiene la Corte Suprema, previendo la posibilidad de delegarlas.

En materia de gobierno, la Corte Suprema se expresa a través de las acordadas y reglamentos. Las acordadas suelen emplearse para reglar aspectos más bien puntuales o singulares (como la creación de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones), mientras que los reglamentos regulan, en la generalidad de los casos, múltiples temas, entre los más destacados pueden mencionarse: Reglamento para la provisión de cargos de funcionarios del Poder Judicial, Régimen de ingreso de empleados del Poder Judicial, Reglamento de Biblioteca, Reglamento de oficina de certificaciones Tribunales de Santa Fe y Rosario.

Asimismo, la L. 10160 prevé que la Corte Suprema cuenta con un Presidente:

1) Elección

Art. 20, L. 10160: Es elegido por mayoría absoluta de sufragios de todos los ministros en votación secreta que se realiza antes del 1 de diciembre. Entra en funciones, por un año, el 1 de enero. A los fines de la elección se requiere la presencia de por lo menos cinco ministros.

2) Reemplazo

Art. 21, L. 10160: En caso de ausencia o impedimento transitorio, desempeña sus funciones el ministro más antiguo en el cargo o, en su defecto, el de mayor edad. De ser necesario, los otros ministros en las mismas condiciones. En caso de renuncia, fallecimiento o separación, se efectúa nueva elección para completar el respectivo período.

3) Atribuciones y deberes

Art. 22, L. 10160: Con facultad de delegar,le compete:

1. presidir la Corte Suprema;

2. representar al Poder Judicial;

3. convocar a todos los ministros cuando lo crea menester;

4. ejecutar las decisiones de la Corte Suprema;

5. recibir juramento a todos quienes ingresen al Poder Judicial;

6. ejercer la autoridad en todos los tribunales, pudiendo restringir el acceso a ellos y velar por el estricto cumplimiento de la ley, los reglamentos y las acordadas. A tal efecto, adopta las medidas pertinentes y aplica sanciones disciplinarias, quedando directamente a sus órdenes el personal policial destacada en recintos tribunalicios;

7. mantener bajo su dirección personal la Secretaría de Gobierno y oficinas de su inmediata dependencia;

8. vigilar el despacho de las causas a fallo por los ministros;

9. proveer los asuntos urgentes sobre cuestiones de gobierno, con cargo de informar a la Corte Suprema;

10. redactar el memorial que se remite anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo;

11. ordenar visitas de inspección a cualquier oficina o dependencia judicial;

12. disponer, por razones de mejor servicio, el traslado de oficinas, de funcionarios y de empleados del Poder Judicial. Cuando el traslado implica cambio de residencia, no puede efectuarse sin la previa conformidad del interesado;

13. ordenar las instrucción de sumarios a funcionarios y empleados del Poder Judicial;

14. conceder licencia en los casos previstos por la ley;

15. presidir el Tribunal Electoral;

16. ejercer las funciones que le encomienden otras leyes,

Además, le compete:

1) recibir la prueba que se produzca ante la Corte Suprema, sin perjuicio del derecho de los ministros de asistir al acto;

2) dictar todas las providencias del trámite con recursos de reconsideración ante la Corte Suprema;

3) mantener bajo su dirección personal las secretarías de la Corte Suprema.

6. Disposiciones comunes a todo integrante del Poder Judicial. El empleado Judicial.

 

Ingreso

Conforme lo dispone el Régimen de ingreso de empleados administrativo, choferes y personal con oficio del Poder Judicial, el ingreso se hará por la categoría inferior (art. 1).

Para la formación de la lista de aspirantes a ingreso, la Corte Suprema de Justicia, llamará a concurso cada tres años. El referido llamado se hará a través de la prensa u otro medio de publicidad, debiendo los interesados formular las respectivas inscripciones durante la primera quincena del mes de agosto del año en que se realice el concurso (art. 2).

Las nóminas que se formen con los resultados del concurso, serán tenidas en cuenta para cubrir las vacantes que se produzcan durante los tres años siguientes al del examen (art. 3).

Requisitos para la designación de los empleados del Poder Judicial.

Artículo 218, L. 10160: Para desempeñar el cargo se requiere:

1) ciudadanía argentina;

2) mayor edad de dieciocho años;

3) intachables antecedentes de conducta;

4) aprobar un examen de idoneidad especial ante la Corte Suprema. Mediante este artículo se regula las

exigencias a tener en cuenta por aquellas personas que aspiren a ingresar a la Planta del Poder Judicial para desempeñarse en el área de Personal Técnico-Administrativo, exigencias estas que deben completarse con lo dispuesto por el artículo 208 L. 10160, en razón de que las inhabilidades imposibilitan el ingreso.

En lo atinente a la edad el artículo 4 del Régimen de Ingreso establecido por la Corte Suprema (10.10.1984 y sus modificatorias) establece que los 18 años deben cumplirse antes del 31 de diciembre del año en que se realiza el concurso; además, establece que no se deberá haber cumplido cuarenta y cinco años de edad como máximo, al 31 de diciembre del año en que se realiza el concurso.

En cuanto a la referencia que se alude a los intachables

antecedentes de conducta su cumplimiento se articula mediante la presentación del certificado exigido al momento de la inscripción.

Concurso

Con relación al examen de idoneidad previsto en el inciso 4) del artículo 218 L. 10160, el mismo encuentra su razón de ser en lo estipulado en el artículo 92 la Constitución de la Provincia de Santa Fe en tanto dentro de las atribuciones de gobierno de la Corte Suprema tiene la de "proponer al Poder ejecutivo, previo concurso, la designación de los funcionarios y empleados de la administración de justicia..." (inc. 5).

Las particularidades de dicho examen de idoneidad están estipuladas, en lo que refiere al personal administrativo, en los artículos 6 a 10 del Régimen de Ingreso al Poder Judicial, cuyos pasos pueden estructurarse así:

a)Prueba de tipeado;

b)Evaluación del Centro de Capacitación Judicial;

c)Examen de ortografía;

d)Entrevista.

Designación

Conforme lo dispuesto por los artículos 72, inciso 6) y 92, inciso 5) de la Constitución provincial los empleados de la administración de justicia son designados, previa proposición por la Corte Suprema, por el Poder Ejecutivo.

En concordancia con ello, el artículo 207 L. 10160 establece que "todos los integrantes del Poder Judicial son designados por el Poder Ejecutivo...".

 

 

Juramento

Artículo 209, L. 10160: Al ser investidos del cargo, todos los integrantes del Poder Judicial deben prestar juramento o promesa ante la Corte Suprema de desempeñar fielmente sus funciones, de acuerdo a la Constitución y a las leyes.

El juramento o promesa es una exigencia que se impone a todos quienes pasan a integrar la planta del Poder Judicial, es decir Magistrados, Funcionarios y Empleados administrativo, inclusive a los pertenecientes al Personal de Servicio y aún a los Prácticantes.

Dicha previsión deriva de la cláusula estipulada en el artículo 87 de la constitución de la Provincia de Santa Fe.

 

Residencia

Artículo 210, L. 10160: Salvo los Ministros de la Corte Suprema, todos los integrantes del Poder Judicial deben tener residencia efectiva en el lugar donde cumplen las respectivas funciones.

Esta exigencia surge de lo estipulado por el artículo 90 de la Constitución provincial.

Con las excepciones expresadas en la norma, todos los integrantes del Poder Judicial deben tener su residencia en el lugar donde desarrollan sus tareas.

También debe tenerse en cuenta que mediante Acta Nro. 5, Punto 22 de la Acordada del 09.02.1994, la Corte Suprema de Justicia resolvió: "Los Magistrados, Funcionarios y empleados de este Poder Judicial, tanto titulares como subrogantes -excepto Jueces Comunales- tienen la obligación de residir en el lugar donde desempeñen sus funciones, entendiéndose éste como el ámbito geográfico comprendido en el radio de hasta 50 kilómetros desde la sede del Tribunal donde prestan servicios".

 

Deberes

Artículo 213, L. 10160: Todos los integrantes del Poder Judicial deben:

1) observar una conducta irreprochable;

2) guardar absoluta reserva respecto de los asuntos vinculados a sus funciones;

3) formular, antes de asumir sus funciones, declaración jurada de no hallarse comprendidos en causal de inhabilidad o de incompatibilidades; cualquier alteración de las situaciones denunciadas en la declaración jurada debe comunicarse a la Corte Suprema dentro de los treinta días de producida;

4) asistir diariamente a los despachos, cumpliendo el horario que determine la Corte Suprema. Además de ello, los secretarios y empleados deben asistir el tiempo que sea necesario para cumplir al día sus funciones. Se excluyen de esta disposición los ministros y los jueces de cámara que no tienen a su cargo el despacho diario.

 

En este artículo se prevén una serie de obligaciones que tienen que ver con la excelsa función que poseen todos aquellos que integran la planta del Poder Judicial, y cuya observancia no debe entenderse que abarca solamente al desempeño de tareas referidas a la función judicial, sino también a las externas, de conformidad con las buenas costumbres, la moral y el derecho.

 

Incompatibilidades

Artículo 212, L. 10160:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución provincial, los integrantes del Poder Judicial no pueden:

1) actuar en actividades de partidos políticos, ni intervenir en actos o hechos de naturaleza electoral, cuando se desempeñen como magistrados o funcionarios. Los demás integrantes no podrán hacer propaganda, proselitismo, ejercer coacción ideológica o de otra naturaleza, con motivo o en ocasión de sus tareas, cualquier sea el ámbito donde se cumplan;

2) litigar ante cualquier poder judicial, excepto cuando se trata de intereses propios, o de sus padres, hijos o cónyuge.

3) evacuar consultas ni dar asesoramiento en casos de litigio judicial;

4) ejercer empleo en virtud del cual deban estar bajo dependencia de otro poder;

5) practicar habitualmente juegos de azar y apuestas;

6) concurrir asiduamente a lugares destinados con exclusividad a la práctica de juegos de azar y de apuestas;

7) tramitar asuntos judiciales de terceros y coparticipar o tener empleo en estudio de abogado, escribano, procurador, contador o martillero;

8)integrar listas de nombramiento de oficio;

9)ejecutar actos que comprometan en cualquier forma la dignidad del cargo;

10)incurrir, después de designados, en alguna causal de inhabilidad.

Los magistrados y funcionarios que ejercen la docencia deben cuidar que no exista superposición de horario y que no se resienta el desempeño de la función.

La violación del régimen de incompatibilidad es causal de destitución".

El artículo en examen, siguiendo el mandato del constituyente contenido el artículo 89, último párrafo de la Constitución provincial, viene a establecer las incompatibilidades para los integrantes del Poder Judicial.

La incompatibilidad es un deber de no hacer para los integrantes del Poder Judicial. Se entiende, por un lado, el deber de no acumular un mismo agente dos o más empleos considerados inconciliables por la norma respectiva; por otro lado, el deber de no ejercer coetáneamente con el empleo, alguna actividad o profesión consideradas inconciliables con éste. En el primero de los aspectos mencionados, la incompatibilidad aparece fundada en una razón de carácter práctico: lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios, evitando que el agente diversifique o divida su actividad en dos o más empleos; en el segundo de dichos aspectos, aparte de que también la incompatibilidad puede responder a la expresa razón práctica, su fundamento generalmente obedece a una razón de orden ético, pues algunas actividades o profesiones pueden no resultar conciliables con el ejercicio de la función o empleo público.

 

Inhabilidades

Artículo 208, L. 10160:

No pueden actuar en el Poder Judicial:

1) los procesados por delito doloso, salvo lo dispuesto en el art. 19, inciso 12);

2) los condenados por delito doloso por un plazo igual a la de la condena y otro tanto;

3) los concursados, mientras no sean rehabilitados.

No pueden desempeñar funciones en un mismo fuero los cónyuges, aunque estén divorciados, y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

La norma contempla los diversos impedimentos para ingresar al Poder Judicial.

En sus tres incisos consagra lo que se denomina "idoneidad moral y de conducta", partiendo de la presunción de que quienes se encuentren en cualquiera de tales supuestos, no han tenido una conducta civil y moral correcta. La existencia de tales precedentes penales o concursales excluye la confianza que el Poder Judicial debe tener en la moralidad y fidelidad de sus dependientes y que deberá verse reflejada en el concepto de la sociedad respecto de los poderes del Estado.

La inexistencia de tales impedimentos deberán acreditarse tanto al momento de formular la declaración jurada que se efectúa con la presentación de la inscripción para el ingreso (art. 4, apart. b del Régimen de Ingreso), como al tiempo de formalizar su incorporación a la planta del Poder Judicial, ora en carácter de definitivo, ora como subrogante, ora como practicante.

 

Horario

Deben distinguirse dos situaciones: una relativa al horario de atención al público y la otra concerniente al tiempo necesario para mantener el despacho al día.

Respecto a la primera de las cuestiones, la Corte Suprema de Justicia -por Acta Nro. 38 de la Acordada celebrada el 21.3.1984- estipuló que la misma se cumple adecuadamente con una jornada laboral de seis horas diarias, disponiéndose, asimismo, los horarios en que se deberá atender al público (de 7.15 horas a 12,45 horas. Se regula también en la misma Acta todo lo referido al régimen de tardanzas.

Con relación al segundo de los temas el inciso 4 del artículo 213, L. 10160 establece que "...los secretarios y empleados deben asistir el tiempo que sea necesario para cumplir al día sus funciones...".

 

Licencia

Artículo 221, L. 10160: Los magistrados, el Procurador General, los Jueces comunales, los Funcionarios del Ministerio Público y los directores, pueden acordar por causa fundada hasta cinco días hábiles de permiso al año al personal de su inmediata dependencia.

Agotado ese permiso, el Presidente de la Corte Suprema, el Procurador General y los Presidentes de las Cámaras de Apelación pueden acordar hasta diez días hábiles más al personal de su fuero o dependencia jerárquica. A este respecto, el personal de los Juzgados de Menores depende de la Cámara de Apelación en lo Penal.

Agotado ese permiso, la Corte Suprema y la Sala que integra el Presidente de una Cámara de Apelación pueden acordar hasta quince días más al personal de su fuero o dependencia jerárquica.

Todo permiso que exceda los plazos expresados se considerará extraordinario y lo resuelve la corte suprema en cada caso.

Algunas acotaciones a la norma.

Los magistrados a que alude el precepto son los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, los Jueces de Cámara y los Jueces de Primera Instancias; los funcionarios del Ministerio Público son, además del Procurador General, los Fiscales de Cámaras de Apelación, los Defensores de Cámaras de Apelación, los Fiscales y Defensores de primera instancia, los Asesores de Menores y los funcionarios directamente afectados a la Procuración General, esto es, el Secretario, Prosecretario y Oficial de Justicia de esta dependencia; los directores son los del Archivo General, de la Dirección General de Administración y del Instituto Médico Legal.

La norma exige que la licencia tenga causa fundada, es decir que el agente debe solicitar este permiso a su superior jerárquico motivándolo en alguna circunstancia fáctica que se expondrá ante la autoridad de decisión en el mismo escrito o en forma verbal.

La licencia que se prevé no es un derecho a su concesión que otorga la ley, antes bien se otorga la posibilidad de peticionarlo a la autoridad concedente, quien dentro del marco de la discrecionalidad que le brinda la norma puede concederlo o denegarlo.

 

Estabilidad

Los funcionarios y empleados del Poder Judicial, gozan de estabilidad en el sentido de que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del derecho privado, no puede resolver libremente la relación de empleo sino que la remoción debe fundarse en causas taxativamente previstas y previa sustanciación de un sumario administrativo.

La Constitución provincial otorga reconocimiento a ese derecho a través del artículo 55, inciso 23 al establecer entres las facultades de la Legislatura la de dictar leyes para la Administración Pública que aseguren, entre otros derechos, la estabilidad.

Por su parte, el artículo 221, L. 10160 establece:

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución y en otras leyes, ningún integrante del Poder Judicial puede ser separado de su cargo mientras conserva su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones.

Para la remoción es indispensable pronunciamiento expreso de la Corte Suprema, previo sumario administrativo.

 

Régimen disciplinario

Art. 222, L. 10160:

Los presidentes de Tribunales pluripersonales y los jueces tiene el deber de velar para que las actividades judiciales y profesionales se desarrollen dentro de un ambiente de orden y respecto. Ejercen las facultades inherentes al poder de policía, reprimiendo con sanciones disciplinarias las infracciones en que en ese sentido incurre el personal del Poder Judicial, sus profesionales auxiliares y los particulares.

Art. 223, L. 10160:

Las sanciones disciplinarias consisten en:

1) prevención;

2) apercibimiento;

3) multa, que no puede exceder de la cantidad equivalente a cinco unidades jus a la fecha de cometida la infracción. Si no se hace efectiva, se transforma en arresto a razón de tres días por cada unidad jus;

4) suspensión, respecto sólo del personal del Poder Judicial;

5) arresto hasta quince días a cumplir en dependencias del Poder Judicial;

La reiteración es siempre agravante de la sanción.

Las sanciones disciplinarias están enumeradas "de menor a mayor", es decir que, si v.gr. se trata de una infracción más bien de escasa entidad sólo podría ser reprimida con prevención, que es la mínima y que es de menor entidad que el apercibimiento.

Interesa remarcar que la prevención y el apercibimiento tienen en el mismo fin: hacer comprender al infractor que ha incumplido con un deber, amonestándolo para que no repita la falta.

La multa puede ir desde un mínimo determinado (medio jus, cuarto jus, un jus) hasta un máximo determinado (cinco jus) y se hace efectiva con una retención sobre los haberes del sancionado.

La suspensión se impone sin goce de haberes por el tiempo que dure la misma.

Asimismo, el artículo 19, inciso 12 L. 10160 le otorga facultad privativa a la Corte Suprema de "...suspender preventivamente a cualquier integrante del Poder Judicial cuando, en principio, aparezca como autor de un delito doloso o falta grave que de lugar a la instrucción de sumario administrativo. La suspensión no puede exceder de noventa días y se hará efectiva sin prestación del servicio. Si se ha dictado auto de procesamiento en razón del mismo hecho que funda la imputación disciplinaria, la suspensión puede prolongarse hasta que se resuelva el proceso penal o se dicte la decisión en el sumario administrativo a criterio de la Corte Suprema y de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso. Si la sanción es suspensiva y no se percibieron haberes durante la medida preventiva, éstos son devueltos en la proporción debida...".

Por su parte, el arresto es la privación de libertad personal del agente que, en caso de hacerse efectiva, debería conllevar el alojamiento del mismo en un lugar adecuado a las circunstancias.

 

Sumario administrativo (arts. 230 a 241, L. 10160)

Artículo 230:

Corresponde al Presidente de la Corte Suprema el instruir sumario, pudiendo delegar la investigación en otro magistrado, funcionario del Ministerio Público o secretario de la Corte Suprema. La intervención del instructor cesa cuando quien lo designó se avoca el conocimiento de la causa. En todos los casos, el instructor designa un secretario de actuación.

Artículo 231:

Durante el curso de la investigación y mientras dura la circunstancia que la motiva, el instructor puede practicar el secuestro de los elementos probatorios de la infracción o clausurar la oficina o dependencia en la cual se cometió. De esto último da conocimiento inmediato a la Corte Suprema. Asimismo, sin interrumpir la investigación, puede encomendar a la policía las diligencias y actuaciones que estima conveniente.

Artículo 232:

El personal que interviene directamente en los procedimientos de averiguación o verificación de infracciones, es testigo necesario en las causas que se instruyen.

Artículo 233:

La instrucción es secreta durante los primeros quince días contados desde la recepción de las actuaciones, al cabo de los cuales deja de serlo, salvo que el instructor, si lo considera conveniente para la investigación decreta su prórroga o reimplantación, comunicando estas medidas a la autoridad que lo designó dejando constancia en autos. En total, el secreto de la instrucción no puede exceder de treinta días, pero se decreta nuevamente si aparecen otros imputados, con las mismas limitaciones.

El instructor dispone la cesación del secreto en cualquier momento.

Las designaciones sobre prórroga y reimplantación del secreto, no admiten recurso alguno.

Artículo 234:

Durante la instrucción, el imputado puede dar las explicaciones que considere convenientes, como así también puede pedir agregación de documentos, hacer indicaciones y proponer diligencias. La negativa del instructor no da lugar a recurso alguno, sin perjuicio del derecho de reiterar la propuesta en el plenario.

Artículo 235:

La instrucción no debe durar más de sesenta días corridos, no computándose en dicho plazo las demoras causadas por articulaciones, diligenciamiento de comunicaciones, peritaciones y otros trámites necesarios, cuya realización no dependa de la actividad del instructor. Transcurrido el plazo fijado sin que se haya clausurado el período instructorio, el imputado puede ocurrir directamente ante la autoridad que designó al instructor para que establezca el término que ponga fin a la investigación.

Artículo 236:

Recibidas las actuaciones, el Presidente o ministro, en su caso, confiere traslado en forma sucesiva por cinco días al Procurador General, para que formule requisitoria, y al imputado o al defensor a los fines de la defensa.

Artículo 237:

| El presunto infractor puede hacerse asistir por abogado inscripto en la matrícula o defenderse personalmente, siempre que ello no perjudique la normal sustanciación del plenario.

El Presidente de la Corte o, en su caso, el ministro que lo reemplaza, puede ordenar cuando lo estime necesario, sin recurso alguno que el imputado sea asistido por letrado.

Artículo 238:

Si el juez del plenario lo considera o si las partes lo solicitan en la oportunidad a que se refiere el art. 234, se abre la causa a prueba por un plazo de diez días, prorrogable por otro tanto aj pedido de la defensa, debiéndose ofrecer toda ella dentro de los tres primeros.

Artículo 239:

Agregadas la requisitoria y la defensa, no habiéndose abierto la causa a prueba o clausurado que fuera el período probatorio, se confiere traslado por cinco días a las partes para alegar por escrito. Vencido este plazo se ponen los autos a resolución, la que se dicta dentro de los treinta días.

Artículo 240:

La Corte puede ordenar, como medida para mejor proveer y sin recurso alguno, se practique cualquier diligencia, en cuyo caso el plazo para dictar el pronunciamiento se considera suspendido desde la fecha del decreto que la dispone.

La suspensión no puede exceder de treinta días.

Artículo 241:

La Corte dicta sentencia por escrito y fundada en las reglas de la sana crítica.

La sustanciación del sumario administrativo por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, son independientes de la causa penal. El sobreseimiento o absolución emitida en el proceso penal no impiden la sanción disciplinaria administrativa cuando en tal sede se ha configurado una falta, salvo que aquellas resoluciones determinen que el imputado no es el autor del hecho o que éste no existió. El sobreseimiento o la absolución en la causa penal, no habilitan al agente a continuar en el servicio si es sancionado con la remoción en el sumario administrativo.

La sanción que se imponga en el procedimiento disciplinario, pendiente la causa penal, tendrá carácter provisional y podrá ser sustituida por otra de mayor gravedad luego de dictada la sentencia de aquélla.

En resumidas cuentas: se da inicio al sumario administrativo por denuncia o de oficio. La sustanciación del sumario está a cargo de un instructor (Presidente de la Corte o persona que delegue).

Se abre, así, una primera etapa de investigación del hecho. Durante esa etapa el imputado puede brindar las explicaciones que considera convenientes y proponer medios de prueba.

Clasurado el sumario -la etapa de investigación- el instructor debe producir un informe sobre los hechos investigados, el análisis de los elementos de pruebas producidos, la calificación de la conducta del sumariado, las disposiciones legales o reglamentarias que se consideren aplicables y, en su caso, la sanción.

A partir de aquí, se abre la segunda etapa del plenario o proceso propiamente dicho, donde se confiere traslado al Procurador General para que formule la acusación y luego al imputado para su defensa.

Se puede abrir la causa a prueba nuevamente en cuyo caso se corre un traslado al Procurador y a la defensa para que aleguen sobre su mérito, quedando la causa en estado de ser resuelta por la Corte Suprema.

La resolución de la Corte debe ajustarse a los hechos objeto de la investigación, debiéndose tomar como parámetros la Requisitoria o Acusación del Procurador General y la Defensa del sumariado.

La estructura de la resolución es típica:

Se debe hacer cargo el tribunal de señalar lugar y fecha en que se dicte, nombre y apellido de las partes, consignando los datos conocidos que sirven para identificar al sumariado, una relación abreviada de los antecedentes y hechos que son materia del proceso, las conclusiones de las partes, los hechos que se consideran probados, dando los fundamentos, la calificación legal -con cita de las disposiciones aplicables-, la participación que hubiere tenido el procesado en los hechos referidos y juicio acerca de su responsabilidad y, finalmente, la decisión expresa absolviendo o aplicando al sumariado la sanción disciplinaria que estime adecuada, graduando la pena conforme los antecedentes del sumariado y, la entidad y gravedad de la falta cometida.

 

Cesación

Artículo 225, L. 10160:

La Corte Suprema puede proponer al Poder Ejecutivo la destitución de los funcionarios, jueces comunales y empleados del Poder Judicial cuando califique la inconducta como falta grave.

Además, de lo prescripto en esta Ley, es falta grave:

1) todo acto que por cualquier circunstancia causa perturbación en el Poder Judicial;

2) la sanción disciplinaria impuesta con posterioridad a cinco anteriores, cuando por los menos dos de éstas son de multa.

Las inasistencias y el incumplimiento de horarios se reprimen con descuentos sobre sueldos en la forma que determine la Corte Suprema. La reiteración puede calificarse como falta grave.

 

Bibliografía utilizada

Introducción al Estudio del Derecho Procesal, Primera Parte, Adolfo Alvarado Velloso, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1995.

Introducción al Estudio del Derecho Procesal, Segunda Parte, Adolfo Alvarado Velloso, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1998.

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, Cuadros sinópticos y esquemas procesal, Adolfo Alvarado Velloso, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1995.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, Doctrina y Jurisprudencia, Tomo I y II, Jorge W. Peyrano, Ed. Nova Tesis, Bs. As. 2002.

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