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CONCURSO DE INGRESO AL PODER JUDICIAL

TEMA VII: 1. Procesos especiales. 1.1 Contencioso Administrativo. 1.2. Laboral. 1.3. Menores. Consideraciones generales. Noción estructural. Caracteres. Etapas y fases.

1. Procesos especiales

1.1. El proceso contencioso administrativo. Consideraciones generales. Noción estructural. Caracteres. Etapas y fases.

El Proceso contencioso administrativo previsto en la ley 11330,es el modo básico de reacción ante los órganos jurisdiccionales especiales (de lo contencioso administrativo), por las lesiones a un derecho subjetivo o a un interés legítimo de caracter administrativo producidas por el ejercicio de una función administrativa.

A pesar de que el proceso contencioso administrativo se rige, como el civil, por el principio dispositivo, el juez del contencioso dispone, en general, de facultades más amplias que el ordinario en orden a asegurar el planteamiento correcto de la cuestión debatida, facultades que le permiten adoptar, en ciertos casos, la iniciativa en el proceso, siempre que al actuar así respete el derecho de defensa de las partes.

Los órganos judiciales que tienen competencia para intervenir en el proceso contencioso administrativo son: la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y las Cámaras de lo Contencioso Administrativo.

La ley 11330 le atribuye competencia a la Corte Suprema de Justicia para entender, en los casos en que Municipios y Comunas impugnen actos del Poder Ejecutivo de la Provincia -Gobernador- que invadan la esfera de atribuciones de éstos o desconozcan sus potestades o vulneren los derechos o intereses que el ordenamiento jurídico les reconoce.

A su vez, le corresponde resolver, pero no tramitar, los recursos contenciosos administrativos en los casos en que alguna de las partes haya invocado, y el Alto Tribunal verificado, la concurrencia de un supuesto de interés institucional suficiente o trascendente.

En cuanto a las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, la ley 11329 modificó a la ley 10160 incorporando estos órganos judiciales con competencia en lo contencioso administrativo: Así estableció una Cámara,la número uno, con sede en la ciudad de Santa Fe, y otra, la número dos, con sede en la de Rosario.

En cuanto a la competencia de ambas Cámaras, es la ley citada la que la determina, teniendo en cuenta para ello el sujeto público demandado. En efecto, distinto es el criterio de atribución de competencia que rige según el ente demandado sea un Municipio o una Comuna, o lo sea, la Provincia.

Cuando se demanda a un Municipio o a una Comuna, es la ubicación de estos entes territoriales menores dentro de las Circunscripciones judiciales establecidas en la ley 10160, la que va a determinar ante qué Cámara se debe recurrir.

De ese modo, a la Cámara que tiene sede en la ciudad de Santa Fe, le corresponde entender en todas las demandas interpuestas contra las municipalidades y comunas que están comprendidas en las Circunscripciones N° 1 (Santa Fe), 4 (Reconquista), y 5 (Rafaela). Si ejemplificamos lo dicho, debemos afirmar que si se demanda a la Municipalidad de Vera (que pertenece a la circunscripción judicial nro.4) o a la Comuna de Humboldt (con asiento en la circunscripción judicial nro. 1) será competente la Cámara nro 1 con asiento en la ciudad de Santa Fe.

En cambio, cuando el Municipio o Comuna demandada está ubicada dentro de las Circunscripciones N° 2 y 3, es la Cámara con asiento en la ciudad de Rosario la competente para tramitar y resolver el recurso contencioso administrativo. Ejemplificando esto, afirmamos que si se demanda al Municipio de San Lorenzo (que se encuentra en la circunscripción nro 2) o a la Comuna de San Gregorio (con asiento dentro de la circunscripción nro 3) será competente la Cámara nro 2 con asiento en Rosario.

Distinta es la distribución de competencia de las Cámaras de lo contencioso administrativo cuando el acto, objeto de impugnación, emana del sujeto público Provincia. En efecto, en estos supuestos para saber qué Cámara es competente, se debe tener en cuenta, en primer lugar, la materia del litigio y, en segundo, el domicilio del recurrente.

De este modo, si la materia en debate está relacionada con el empleo público (sanciones disciplinarias, diferencia de haberes, concursos para ocupar cargos en la Administración, etc.), la previsión social (jubilaciones, pensiones, diferencia de haberes previsionales, etc.), o con sanciones administrativas aplicadas en ejercicio de la potestad de policía (multas, etc.), entiende la Cámara con competencia territorial en el domicilio del recurrente. Es decir que, en todos estos casos, el domicilio del recurrente determina qué Cámara ha de intervenir.

A su vez, si la materia en debate no es una de las mencionadas en el párrafo anterior (empleo público, previsión social o sanciones administrativas aplicadas en ejercicio de la potestad de policía) entiende en todos los casos -sin considerar el domicilio del recurrente-, la Cámara N° 1, con sede en Santa Fe.

Por lo que, en definitiva, se puede afirmar que -cuando la demandada es la provincia- tiene competencia originaria e improrrogable la Cámara con asiento en la ciudad de Santa Fe, entre otros asuntos, en los versen sobre contrataciones (concesiones de servicios públicos, obras públicas, etc.), en materia impositiva. En las demás materias, es competente una u otra Cámara según el domicilio del recurrente.

 

En cuanto a las partes que pueden intervenir en el proceso contencioso administrativo son el recurrento o actor, el resitente o demandado y el tercero coadyuvante.

El recurrente o actor es quien interpone el recurso y puede tratarse de una persona física o jurídica privada, como así también los entes territoriales menores, es decir, Municipios y Comunas, en los casos que establece la ley.

Los resistentes o demandados en el proceso contencioso administrativo regulado por la ley 11.330, pueden ser: la Provincia de Santa Fe, los Municipios y las Comunas.

El tercero coadyuvante, a diferencia del recurrente y del resistente, no es de intervención necesaria, solamente, se admite su intervención en la causa como parte cuando la persona tiene interés directo en que el acto administrativo impugnado se mantenga, es decir no sea anulado por el Tribunal; y su intervención se limita o sostener o contribuir a la pretensión de la autoridad administrativa, o sea, la demandada.

Relacionado al objeto de impugnación en el recurso contencioso administrativo, debemos decir que es: un acto administrativo.

Ëste, el objeto de impugnación, para ser tal,debe tener requisitos. Entre otros, ser definitivo o de trámite, siempre y cuando, en el último de los supuestos, decidan directa o indirectamente el fondo del asunto poniéndole término o impidiendo la continuación del procedimiento administrativo.

Por lo que, la ley que regula el proceso contencioso administrativo, contempla la distinción entre los actos de trámite y los actos definitivos, clasificación ésta que alude a la idea de que la Administración no actúa normalmente a través de actos aislados, sino mediante series de actos. El origen de estos conceptos se encuentra en la naturaleza misma del acto administrativo, entendido como el resultado de un procedimiento a través del cual se unen las actuaciones de diversos órganos de la Administración.

Se considera definitivo el acto que resuelve el fondo del asunto, la sustancia de la pretensión, en general, reconociéndole o no el derecho al reclamante.

De trámite son los restantes actos que componen dicho procedimiento, y salvo que, como dice la ley, decidan, directa o indirectamente el fondo del asunto poniéndole término o impidiendo su continuación (situación ésta en la que se equiparan a los definitivos; por ejemplo: caducidad del procedimiento administrativo, deserción del recurso, etc.), no son impugnables.

Sin embargo, a los fines de la impugnabilidad ante el tribunal de lo contencioso administrativo, no basta que el acto resuelva el fondo del asunto o sea de trámite equiparable a definitivo, sino que debe también emanar de la más alta autoridad administrativa con competencia para resolver, y no estar previsto en el ordenamiento aplicable recurso administrativo alguno contra el acto a impugnar. Por esta razón se dice que el acto debe "causar estado", es decir, agotar la vía o el procedimiento administrativo.

Por otra parte, existen una serie de actos que están excluidos del conocimiento y decisión de la "jurisdicción" contenciosa administrativa; debiéndose aclarar, que algunos de los supuestos excluidos pueden ser sometidos a otra jurisdición, ya sea esta civil y comercial o laboral, y otros no pueden, en principio, someterse a jurisdicción alguna.

En efecto, podemos mencionar dentro de las excluciones a los actos del Poder público que por razones vinculadas al principio de división de poderes no son, en principio, susceptibles de ser revisados por órgano jurisdiccional alguno, y que son los actos que comporten el ejercicio del poder político del Estado. Aquie ubicamos a los actos políticos y a los actos discrecionales.

Dentro de los actos excluidos de la jurisdicción contencioso administrativa, pero revisables por otro órgano jurisdiccional podemos mencionar a los actos que se relacionen con derechos o intereses que tutela el derecho privado, atribuidos a la jurisdicción ordinaria y a los actos que resuelven sobre reclamos de agentes estatales, en materia de accidentes de trabajo.

Por último, se excluye y por razones vinculadas con la seguridad jurídica a los actos que sean reproducción, confirmación o ejecución de otros anteriores ya consentidos por el interesado.

En cuanto al trámite previsto para este proceso debemos decir que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia o el de la Cámara dispone, oyendo previamente al Procurador General o al Fiscal de Cámara, la admisibilidad del recurso.

Este control preliminar que realiza el magistrado que tiene a cargo el trámite del recurso, encuentra su fundamento, entre otros, en la eliminación de entrada, desde el inicio de los recursos de patente y manifiesta improcedencia formal. Ello es con ventajas para el recurrente y para la Administración que se verían perjudicados si al término de un largo y costoso juicio, se concluyera en la inadmisibilidad del recurso.

Este examen de admisibilidad es provisorio, y como tal, puede ser revisado por el Tribunal. Ello queda evidenciado, tanto por la posibilidad que tiene la demandada o recurrida y el o los coadyuvantes de alegar los motivos que obstan a la admisibilidad del recurso, como, también, por el deber que tiene el Tribunal de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso al dictar la sentencia.

En general, el régimen de pruebas en el recurso contencioso administrativo es prácticamente similar al establecido para los procesos civiles y comerciales en el código respectivo. Sin embargo, en el primero de los regímenes se da una particularidad que no la encontramos en el segundo, y que es consecuencia de la naturaleza revisora que tiene la jurisdicción contencioso administrativa. En efecto, estos procesos están precedidos de un procedimiento administrativo en el que tanto el recurrente como la Administración han producido pruebas, las que se pueden trasladar, sin inconveniente alguno, al proceso judicial, y si el hecho probado en esas actuaciones administrativas no está cuestionado, es innecesaria la prueba, sobre ese hecho, en el proceso judicial.

El objeto de la prueba, como en todo otro proceso, está constituído por los hechos sobre los cuales recaen las afirmaciones o las negaciones de las partes.

Por ende, en todos los otros procesos, en principio, la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión, le incumbe al actor; y, por el contrario, la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes, le corresponde a la demandada.

Sin embargo, en el proceso contencioso administrativo, y en virtud del principio de presunción de legitimidad del acto administrativo -presunción propia de todo acto del Estado por el sólo hecho de ser tal-, incumbe al administrado, en principio, la carga de la prueba, por lo que éste deberá acreditar que el acto impugnado es ilegítimo, probando los hechos constitutivos de la pretensión. Ahora bien, este principio debe ceder cuando a la Administración le resulta fácil acreditar un hecho de difícil demostración para el administrado, por lo que ante una conducta pasiva u obstaculizadora de la Administración, el juez de lo contencioso administrativo debe valorar esta actitud en virtud de las exigencias de la buena fe en su vertiente procesal que también alcanza a la Administración.

En cuanto a los medios de prueba, ningún obstáculo existe para que se utilicen todos los medios probatorios previstos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, a saber: prueba confesional, documental, pericial, testimonial, inspección judicial e informativa.

Sin embargo, y reiterando lo expresado más arriba, la prueba documental es la más importante en este proceso, ya que la actuación de la Administración pública es, normalmente, documentada.

Las medidas cautelares en el ámbito del contencioso administrativo provinicial son las siguientes: a) medidas urgentes; b) mandamientos; c) provisiones; d) medidas cautelares del Cód. Procesal Civil y Comercial, conducentes y pertinentes a criterio del Tribunal; y e) suspensión de la ejecución del acto administrativo.

Estas mendidas tienen como finalidad poder garantizar que la sentencia final pueda ser ejecutada o cumplida con el menor perjuicio para el actor, por lo que éste puede solicitar que el Tribunal despache alguna de las medidas mencionadas en el párrafo anterior.

Ahora bien, despachada la medida cautelar, y en cualquier estado del proceso, si la autoridad administrativa estimase que la misma produce grave daño para el interés público o que es urgente el cumplimiento de la decisión suspendida por la medida cautelar, podrá solicitar al Tribunal que la deje sin efecto, ofreciendo responder por los daños y perjuicios que causare la ejecución en el supuesto de prosperar el recurso. El Tribunal, previo traslado al recurrente, dispondrá el cese, salvo que los motivos aducidos fueren irrazonables.

El proceso contencioso administrativo, como todo proceso, puede terminar o finalizar de un modo normal o anormal.

El "supuesto normal" de finalización -con el alcance que más adelante se precisará- es la sentencia.

Entre los "supuestos anormales", es decir, entre los modos de finalización distintos a la sentencia, pueden incluirse: el allanamiento al recurso; el desistimiento; la transacción; la satisfacción extraprocesal de las pretensiones; y, la caducidad de instancia.

En relación a la sentencia, tres son las cuestiones sobre las que se debe expedir el Tribunal al dictar la misma, a saber: la admisibilidad o no del recurso, en su caso la procedencia o no de éste, y las costas del mismo.

En lo que respecta al análisis de la admisibilidad del recurso en este estado procesal, se debe recordar la naturaleza provisoria con que se ha calificado al auto de admisibilidad que dicta el Presidente del Tribunal al inicio del proceso.

Si el Tribunal llega a la conclusión que el recurso es inadmisible, así lo declarará e impondrá las costas del mismo, finalizando de esa menra el proceso.

Ahora bien, superado satisfactoriamente el control de admisibilidad, el Tribunal deberá pronunciarse sobre la procedencia o no del recurso. Si lo estimare improcedente, así lo declarará e impondrá las costas; caso contrario, es decir, si lo estima procedente, anulará total o parcialmente el acto impugnado, y deberá reconocer la situación jurídica del recurrente, a los efectos de adoptar las medidas conducentes al pleno restablecimiento de la situación jurídica reconocida.

La determinación de las costas, es decir, cual de las partes debe afrontar los gastos generados en el jucio es otra de las cuestiones sobre la que tiene que expedirse el Tribunal al dictar la sentencia.

Para poder decidir sobre a quien le corresponde pagar las costas del proceso, costas que están compuestas, entre otros rubros, por los sellados fiscales, los honorarios y aportes de abogados, los honorarios y aportes de los distintos peritos que actuaron en el jucio, etc.; se debe decir que el régimen general en la materia es, como principio, que la parte vencida sera "siempre" condenada en costas, "aunque no lo pidieran las partes". La norma, pues, consagra para el recurso contencioso administrativo la regla del vencimiento objetivo, con las excepciones del allanamiento oportuno de la Administración Pública, o cuando, a juicio del Tribunal, haya habido razón bastante para litigar, es decir, que razonablemente el actor pudo entender que tenía derecho a reclamar o el demandado a oponerse a esa demanda, supuestos en los cuales se impondrán las costas por su orden.

Dijimos, más arriba, que los modos anormales de finalizar el proceso son el allanamiento, el desestimiento, la transacción, la satisfacción extraprocesal y la caducidad de instancia. Seguidamente desarrollaremos la incidencia y fundamento de cada uno de estos institutos en el proceso contencioso administrativo.

En ese orden de ideas, diremos que el allanamiento es la declaración de voluntad de la recurrida o demandada por la que abandona su posición frente al recurrente o actor, manifestando su conformidad con la petición de éste, constituyéndose así un acto procesal con efectos inmediatos en el derecho material.

Por lo tanto, el allanamiento es un acto unilateral, no necesita la conformidad de la otra parte, es decir, la recurrente; de ahí que el Tribunal "sin más trámite" deberá dictar la sentencia de conformidad a las pretensiones del actor. Sin embargo, y teniendo en cuenta que en este tipo de porcesos la Administración Pública se encuentra siempre tutelando o protegiendo un interés público, de la comunidad, el allanamiento de ésta, no obliga al Tribunal a expedirse automáticamente aceptando las pretensiones del recurrente como si estaríamos en un proceso donde los intereses en juego son exclusivamente privados, es decir de particulares. En efecto, el órgano jurisdiccional previamente debe verificar que ello no suponga lesión del orden público, caso en el cual desestimará el allanamiento y continuará con la tramitación de la causa dictando la sentencia que estime arreglada a derecho.

 

En cuanto al desistimiento del recurso, debemos decir, que es un acto voluntario que implica una renuncia a la pretensión jurídica considerada materia del recurso; es el modo anormal de conclusión del proceso, por virtud del cual el recurrente se aparta de él en forma voluntaria y expresa, manifestando que no tiene más interés en seguir con el proceso.

El desistimiento debe ser expreso, no se presume, y no debe estar sujeto a condición alguna, de lo contrario, podría estarse ante la presencia de otros institutos, tales como la caducidad (desinterés en la causa sin expresarlo) o la transacción (que exige concesiones recíprocas).

Sobre éste último -la transacción- debemos decir, que "las partes pueden transigir el juicio, conforme a derecho".

Para que las partes en juicio puedan valerse de este modo anormal de finalizar el proceso deben realizarse concesiones recíprocas, sacrificando cada una de ellas parte de sus pretensiones con el fin de extinguir obligaciones litigiosas o dudosas. De ser así, obtendrán por parte del Tribunal, la homologación o aprobación del acuerdo a que arribaron, dándose por terminado el proceso y disponiéndose el archivo de las actuaciones y la devolución, en su caso, del expediente administrativo.

En el proceso contencioso administrativo se contempla como modo anormal de finalizar el mismo, a la satisfacción extraprocesal de la pretensión, supuesto éste que consiste en que la Administración, en sede administrativa, es decir no en el juicio sino en la órbita administrativa, reconoce totalmente las pretensiones del recurrente.

Para que este supuesto funcione, se requiere entre otros requisitos, que el reconocimiento por parte de la Administración Pública sea "total", es decir, de cada una de las pretensiones que el recurrente ha introducido en el recurso contencioso administrativo, en especial, la vinculada a la ilegitimidad del acto.

También se exige, como quedó dicho, que el reconocimiento sea realizado en sede administrativa, es decir, no en el proceso judicial, ya que si así fuera, estaríamos en presencia de otro de los modos anormales de finalización del proceso: el allanamiento.

En cuanto a la caducidad de instancia como modo anormal de finalización del proceso, debemos decir que ésta se produce como consecuencia de la paralización del mismo por un término legalmente determinado, lo que revela el desinterés de las partes por el mantenimiento del proceso.

Esa inactividad procesal consiste en la ausencia de actos de impulso del proceso hacia su meta final, es decir, la sentencia.

El fundamento de la caducidad de instancia en el proceso contencioso administrativo está dado, por un lado, en la sin razón de mantener un proceso sin que exista una actividad procesal por parte de quien tiene interés en que esa instancia se mantenga; y por el otro, el de dar estabilidad a los actos administrativos a fin de que no queden sujetos a su posible anulación por tiempo indeterminado.

La sentencia dictada por el Tribunal en el proceso contencioso administrativo puede ser atacada o impugnada por distintos recursos.

En primer lugar, tenemos recursos que se interponen y son resueltos por el mismo tribunal que dicto el fallo. Ellos son:el recurso de aclaratoria, el recurso de nulidad y el recurso de revisión.

En segundo lugar, tenemos recursos que se interponen ante el mismo tribunal que decidió el juicio, pero que estan dirigidos para que, en definitiva, sean resuelto por otro tribunal. Estos son: el recurso de casación y el recurso de inconstitucionalidad.

Este esquema es totalmente aplicable a las sentencias dictadas por las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, pero no a las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia. En efecto, sea que hubiera intervenido en virtud de su competencia originaria o por la avocación por interés institucional suficiente o trascendente -cuestiones a las que ya se hizo referencia-, ni el recurso de casación ni el de inconstitucionalidad están previstos para atacar esa sentencia; ello se debe, naturalmente, a la ubicación en que se encuentra el máximo tribunal dentro de la jerarquía judicial provincial. En casos tales, el perdidoso tendrá la posibilidad de plantear el recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48 para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; ello, sin perjuicio de la aclaratoria y de los recursos ordinarios de nulidad y revisión ante el Alto Tribunal local.

Un capítulo importante en el proceso contencioso administrativo es el relacionado a la ejecución de la sentencia cuando es condenada la Administración Pública demandada.

Como no puede concebirse de otra manera en un Estado de Derecho, el principio es que la Administración condenada debe cumplir el mandato judicial. Pero, y por eso decimos en principio, el ordenamiento jurídico que regula el proceso contencioso administrativo establece que en ciertas y determinadas circunstancias la Administración pueda solicitar al Tribunal la suspensión, sustitución o inejecución de la sentencia de condena.

En efecto, la autoridad administrativa podrá solicitar al Tribunal la suspensión temporaria de la ejecución de la sentencia, o la sustitución de la forma y modo de su cumplimiento o la dispensa absoluta de su ejecución por grave motivo de interés u órden público, ofreciendo satisfacer la indemnización de los daños y perjuicios que ocasionare.

Por lo que, cuando el cumplimiento de la sentencia determinase la supresión o suspensión de un servicio público, o por la magnitud del monto de la condena, se provocase grave detrimento al tesoro público son algunos de los motivos que la Administración Pública condenada en un proceso contencioso administrativo podrá invocar, a los efectos que el Tribunal le permita ejecutar la sentencia de una forma distinta a la ordenada en su pronuncimiento.

 

1.2. El proceso laboral. Consideraciones generales. Noción estructutral. Caracteres. Etapas y fases.

 

Para comenzar el desarrollo del proceso laboral en nuestra Provincia, debemos hacerlo, necesariamente, desde su Constitución

En efecto, el artículo 20 establece que "La Provincia, en la esfera de sus poderes, protege el trabajo en todas sus formas y aplicaciones y en particular, asegura el goce de los derechos que la Constitución y las leyes nacionales reconocen al trabajador". Y en consecuencia, se preveen "tribunales especializados para la decisión de los conflictos individuales del trabajo, con un procedimiento breve y expeditivo, en el cual la ley propende a introducir la oralidad".

Siguiendo esos lineamientos, en la Provincia de Santa Fe funcionan tribunales del trabajo, como organismos epeccializados del Poder Judicial de la Provincia y se dictó el Código Procesal Laboral, siendo éste un régimen especial que contempla aquellos caracteres particulares que deben configurar el proceso laboral, para responder adecuadamente a los fines y principios informadores de la materia del trabajo.

En cuanto a los órganos judiciales tenemos, según la ley 10.160, tribunales de primera instancia [Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral -con asiento en las sedes de los Distritos Judiciales nros. 1 (Santa Fe), 2 (Rosario) , 3 (Venado Tuerto) y 4 (Reconquista)- y Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Civil Comercial y Laboral -con asiento en las sedes de los Distritos Judiciales nros. 5 (Rafaela), 6 (Cañada de Gómez), 7 (Casilda), 8 (Melincué), 9 (Rufino), 10 (San Cristóbal), 11 (San Jorge), 12 (San Lorenzo), 13 (Vera), 14 (Villa Constitución), 15 (Tostado) y 16 (Firmat)-] y tribunales de segunda instancia [Cámaras de Apelación en lo Laboral -con asiento en las sedes de las Circunscripciones Judiciales nros. 1 (Santa Fe) y 2 (Rosario)- y Cámaras de Apelación en lo Civil Comercial y Laboral -con asiento en las sedes de las Circunscripciones Judiciales nros. 3 (Venado Tuerto), 4 (Reconquista) y 5 (Rafaela)-].

Los jueces del trabajo tienen competencia, principalmente y entre otras cuestiones, para entender en las causas suscitadas entre empleadores y trabajadores por controversias de derecho, derivadas del contrato de trabajo o de una relación laboral.

Las Cámaras de Apelaciones del Trabajo conocerán en los recursos que se interpongan contra las decisiones de los jueces de primera instancia, como así también en los recursos instituídos por las leyes contra las resoluciones de la autoridad administrativa provincial que sancionen infracciones a las normas del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social.

La Constitución Provincial (art.20) establece que "La ley concede el beneficio de gratuidad a las actuaciones administrativas y judiciales de los trabajadores y de sus organizaciones. En consonancia con esta norma, el Código Procesal Laboral dispone que los trabajadores, sus derechos habientes y las asociaciones profesionales de trabajadores legalmente reconocidas, gozan del benenficio de gratuidad; precisando el contenido de dicho beneficio que alcanza -siempre dentro del proceso judicial-, a no abonar las publicaciones que se ordenen en el Boletín Oficial, eximiéndolo del pago de impuestos, tasas y todo tipo de contribuciones provinciales o municipales, como así también el derecho a que se le expidan sin cargo los certificados del Registro Civil e informes de reparticiones oficiales.

El legislador, y a los efectos de mantener el derecho de igualdad entre las partes dentro del proceso, extendió dicho beneficio, durante la tramitación del jucio, a los empleadores, con la salvedad que estos si son condenados en costas deberán reponer todas las actuaciones, o la parte proporcional en caso que la condena en costas es compartida con el empleado.

En cuanto al impulso del procedimiento, este es de oficio, lo que representa que el secretario está obligado a revisar los expedientes para impedir la paralización de los trámites y para que se cumplan las diligencias y medidas ordenadas por el juzgado o tribunal. Pero este impulso de oficio no libera a las partes de realizar el acto procesal que corresponda a la etapa en que se encuentra el proceso, ya que esto generaría o implicaría un estado de inseguridad para el derecho de los litigantes, por ello, también en el ámbito del proceso laboral está prevista la caducidad de instancia como medio anormal de finalizar el proceso

En efecto, la caducidad de instancia es la finalización del proceso por la inactividad de las partes en un plazo determinado legalmente, y manifiesta un desinterés de éstas en el proceso, tornando injustificado que el tibunal mantenga pendiente un proceso que las partes de hecho lo han abandonado.

En cuanto al procedimiento previo a la declaración de la caducidad de la instancia, debemos decir, que se encuentra legislado de una manera diferente al previsto para los procesos civiles o comerciales. En efecto, pasado un año sin que se impulse el proceso, el juez o tribunal deberá intimar a las partes para que dentro del término de tres días manifieste si tiene interés en la prosecución de la causa, vencido este término sin que se exprese tal propósito, se declarara la caducidad de la instancia, ahora sí, con los efectos previstos en el Código Procesal Civil y Comercial, a saber: si la caducidad se produjere antes de la sentencia de primera instancia o antes de su notificación a las partes, no se extinguirá la acción, que podrá ejercerse en una nueva demanda donde las partes podrán usar en el nuevo juicio que promovieren las pruebas producidas en el primero caduco; pero cumplida la notificación la perención dará fuerza de cosa juzgada al fallo recurrido, aún cuando no se hubiera elevado el expediente

En cuanto a la constitución y desarrollo del proceso, tenemos que éste se inicia con la demanda, donde además del nombre, domicilio real y legal, nacionalidad, edad, estado civil y profesión del demandante y el nombre y domicilio del demandado, si se conocieren, o los datos que permitieren su identificación, debe constar el objeto de la acción, el desarrollo de los hechos, el derecho en que la misma se funda, y el monto discriminado de lo reclamado, el que podrá diferirse al resultado de la prueba pericial o estimación judicial cuando no fuere posible precisarlo. Así también, se deberá ofrecer la prueba confesional y documental de que intente valerse, acompañando los documentos que se encuentren en su poder.

Admitida la demanda se emplazará al demandado a que comparezca a estar a derecho y conteste la demanda.

Contestada la demanda, la norma establece un procedimiento especial mediante la fijación de una audiencia denominada de trámite, en la que se acentúan los principios de inmediación y concentración. Como primera etapa de esta audiencia se establece el trámite de la conciliación, con carácter de etapa obligatoria y en la que el juez debe actuar personal y directamente.

Por ello, contestada la demanda o vencido el término para hacerlo, el juez fijará de oficio una audiencia, donde las partes deberán comparecer personalmente. Tratándose de personas de existencia ideal (sociedades, mutuales, etc), podrán ser representadas por los directores, socios, gerentes o empleados superiores con poder suficiente y debidamente instruídos sobre los hechos debatidos, a los fines de asegurar el cumplimiento del objetivo de la audiencia.

En esta audiencia, el juez intentará conciliar a las partes, conciliación que podrá promoverse en forma total o parcial respecto de las acciones deducidas y estará dirigida hacia los siguientes fines: lograr el acuerdo de las partes, simplificar las cuestiones litigiosas, aclarar errores materiales y reducir la actividad probatoria en relación a los hechos, tendiendo a la economía del proceso.

Si en la audiencia se obtiene un acuerdo entre las partes sobre cualquiera de los aspectos antes señalado se hará constar en acta, y se homologará por el juez en resolución fundada. En cambio si no llegaren a conciliarse continuará el procedimiento del juicio, y si la conciliación hubiera sido parcial el trámite proseguirá respecto de los puntos no avenidos.

Ante estos supuestos de falta total o parcial de conciliación, y si hubiere hechos controvertidos, en la misma audiencia se abrirá la causa a prueba y las partes ofrecerán de inmediato toda la prueba que intenten valerse y que no correspondan haberlas ofrecido en la demanda o en la contestación. Se recibirá la prueba confesional y la documental, y si se hubiere ofrecido prueba pericial, se designara el o los peritos y se fijarán los puntos de la pericia en el mismo acto.

Recepcionada integramente la prueba o vencido el término respectivo, el juez de oficio deberá llamar autos para sentencia, quedando el expediente en secretaría por el el término de cinco días, durante los cuales las partes podrán presentar su alegato sobre las pruebas producidas, debiéndose posteriormente dictarse sentencia.

Esta deberá contener, entre otros requisitos, la admisión o el rechazo, en todo o en parte, de la demanda; y los intereses, si correspondieren, aun cuando no hubieren sido reclamados.

Contra las providencias, decretos o autos dictados sin sustanciación, procederá el recurso de reposición o revocatoria que se interpondrá ante el mismo juez que lo despacho, para que sea éste quien revise su actuación.

Más alla de la discusión doctrinaria sobre si la aclaratoria es o no un recurso, el juez o tribunal podrá, a pedido de parte, corregir cualquier error material, alcarara algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la desisición, y suplir cualquier omisión que hubiere sobre las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. El recurso se resolverá sin sustanciación alguna, es decir, sin darle intervención a la parte contraria en el juicio. Ahora bien, el error puramente numérico o sobre el nombre o calidades de las partes, no perjudicará, y podrá ser corregido por el juez o tribunal en cualquier estado del juicio.

Además contra la sentencia definitiva sobre lo principal, las resoluciones que acojan o rechacen excepciones y los demás autos que causen un gravámen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva procederá el recurso de apelación.

En cambio contra las sentencias definitivas pronunciadas con vilolación u omisión de las formas y solemnidades que prescriben las leyes y que asuman el carácter de sustanciales, procederá el recurso de nulidad.

Contra las sentencias definitivas dictadas por la Cámara de Apelación, o contra los autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación, procederá el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia regulado en la ley 7055.

Si la sentencia es recurrida parcialmente, es decir que el agravio por el recurrente no es de toda el fallo sino de una parte de éste el actor podrá exigir el cumplimiento de la parte consentida a través del "pronto pago".

En efecto, establece el Código Procesal Laboral que en caso de que la sentencia fuera consentida parcialmente, procederá igualmente el pago inmediato o la ejecución en lo que no ha sido objeto de recurso.

El pronto pago es idóneo, además, para exigir deudas reconocidas en el juicio o en acuerdos celebrados en sede administrativa que tuvieran origen en la relación laboral y cuyo importe fuera líquido o pudiera liquidarse por simples operaciones contables. En este caso y a pedido de parte el juez ordenará el inmediato pago de lo adeudado.

1.3. El proceso en la justicia de menores. Consideraciones generales. Noción estructural. Caracteres. Etapas y fases.

En el ámbito de la Provincia de Santra Fe, los conflictos en los cuales esta involucrada una persona menor, esto de acuerdo a las leyes sustantivas, la competencia judicial está atribuída en forma exclusiva a los jueces de menores (art.102, ley 10160 y 1, ley 11.452).

El procedimiento por el cual se rigen los conflictos ante los juzgados de menores esta regido por el Código Procesal de Menores, que condensa lo específico en la materia.

El sistema judicial santafesino, en materia de menores, ha adoptado -al igual que en la Nación y otras provincias- una jurisdicción especializada, con el funcionamiento de juzgados especializados en la materia.

La existencia de este fuero especializado esta destinada a las personas consideradas menores de edad por la ley civil y penal, pero siempre que éstas sean el sujeto central de la situación jurídica a resolver.

El Código trata estrictamente de la materia de menores, abarcativa de aspectos civiles y aspectos penales. Se nutre del derecho civil en cuanto la persona menor de edad esta sujeta desde su concepción, a las instituciones en él contempladas; se nutre del derecho penal, ya que por él se rige en cuanto al hecho delictivo en sí.

El menor de edad es sujeto principal de éste proceso en tres situaciones: 1) Cuando no se encuentra sujeto a patria potestad o tutela (menor huérfano sin los tutores que señala la ley);

2) Cuando estando legalmente sujeto a patria potestad o tutela hay un resquebrajamiento del vínculo por el incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad. Ese incumplimiento es todo lo que atente contra la formación integral del menor; y,

3) Cuando es la misma conducta del menor o la conducta transgresora que se le atribuye a un menor lo que se cuestiona; es cuando al menor se le imputan hechos sancionados por el derecho penal.

Cualquiera de estas tres situaciones activan la jurisdicción especializada, porque conforman la materia de menores, ya que se den separada o concurrentemente.

Los Jueces de menores intervienen, en ejercicio del patronato, en aquellos casos en que se presente, fácticamente, una situación de menor en estado de abandono, y esa condición debe apreciarse objetivamente e importar, un desamparo material y/o moral determinante de una situación de desprotección que impida o perturbe su integral formación personal.

Es en ese caso que el menor resulta el sujeto central, el eje, cuando es su propio interés, su derecho como persona lo que moviliza la intervención judicial y lo tiene como sujeto principal, por sí mismo, de la relación procesal, por la ocurrencia de cualquiera de las circunstancias determinantes de la desprotección del menor que allí se especifican.

Por ello, debe entenderse que el patronato permite actuar para que un menor en cualquier situación de riesgo o de peligro sea amparado en la oportunidad justa, pero con el límite que otorga esa competencia, restringido a resolver sobre la situación legal del menor colocándolo en condiciones de poder lograr una situación legal que le permita su formación integral.

De allí en más, cuando el menor es puesto en condiciones de adoptabilidad o tutela mediante el otorgamiento de una guarda a esos fines, cesa la competencia del juez de menores; porque, puesto el menor en el continente de un ámbito familiar, las acciones posteriores para convalidar esa situación por medio de un nuevo status jurídico exceden el marco subjetivo anteriormente descripto y resultan propias de los Tribunales de Familia. Se trata, en definitiva, de un condicionamiento de la competencia, impuesto "ratione materiae", que se antepone limitando, funcionalmente, toda posibilidad de hacer operativa la competencia prevencional.

Los Juzgados de Menores se integran con tres secretarías. A saber: Secretaría civil, penal y social.

La ley no habla de competencia civil, competencia penal y competencia social de cada una de las Secretarías, y ello es así, ya que la competencia es en materia de menores, y ésta tiene dos aspectos: civil y penal y ambos darán lugar a la intervención de la Secretaría Social no entendiendo lo social como un aspecto más sino como una forma complementaria de tratar la materia de menores, una modalidad de administrar esta justicia tan especial.

Con ello se sitúa debidamente a la Secretaría Social en la esencial e importante dimensión que ocupa. La Secretaría Social constituye el auxilio imprescindible en las intervenciones y resoluciones de la justicia de menores, ya que si bien lo que ha de resolverse en definitiva es una situación jurídica civil o penal, ésta refiere a la persona del menor en su integridad de persona, en la oportunidad de su tratamiento y por lo tanto comprensivo de la temática social, psicológica y psicopedagógica.

Le compete a la Secretaría Civil entender en relación a los menores de edad en ‘estado de abandono’, resolviendo su situación jurídica conforme lo establecen las leyes sustantivas.

En cuanto al "estado de abandono", éste implica el desamparo legal del menor, la desprotección legal del menor y se da: 1) Por no estar el menor sujeto a patria potestad ni bajo tutela legal (es el estado de abandono legal puro); o,

2) Porque aún estando bajo patria potestad o tutela, los titulares no cumplen debidamente con los deberes inherentes. Esto puede ocurrir: por manifestación expresa, por abuso de sus derechos o por omisión de su deberes.

Por lo que, cuando el menor no está sujeto a patria potestad o tutela, es decir, carece de representante; o si los tiene pero se ha producido una ruptura de tal magnitud que prácticamente tampoco lo representan, es donde precisamente actúa la justicia de menores en su doble aspecto: jurisdiccional y tutelar, pudiendo actuar aún sin instancia de parte, por conocimiento directo o por denuncia del caso o por pedido directo de amparo por parte del menor.

Para hablar de estado de abandono, es necesario que todo vínculo de patria potestad o tutela haya desaparecido o que habiéndolo sea total el resquebrajamiento, ya que en tanto uno de los padres conserve debidamente ese vínculo no será la justicia de menores la que deba intervenir.

En cuanto al procedimiento en lo civil debemos decir que el Juez de Menores debe intervenir de oficio (cuando tomara conocimiento de la situación de un menor comprendido en la esfera de su competencia), por denuncia o a pedido de parte, donde también se incluye al asesor de menores, dando así origen a la investigación, pudiendo disponer desde el inicio las medidas cautelares necesarias para el caso y que pueden consistir en: mantener o reintegrar al menor al núcleo familiar; disponer su permanencia con terceras personas; detención domiciliaria en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas o permanencia obligada en su domicilio por el término que el juez determine; libertad asistida a cargo del órgano administrativo o judicial, o su alojamiento en el lugar más adecuado; y deberá dar intervención necesaria a la Secretaría social.

La intervensión de oficio del juez de menores -aún en el aspecto civil- lo diferencia de otros fueros. En efecto, esta potestad de poder el juez de menores intervenir sin que medie pedido alguno y que en las personas mayores se ve sólo en materia penal, no la encontramos en otros jueces (civil, comercial, laboral, contencioso administrativo) donde el pedido de intervención corrresponde al interesado.

En la etapa de investigación el juez de oficio o a pedido del asesor de menores, puede convocar a los padres, tutor o guardadores, parientes interesados o a cualquier otra persona, a fin de ser escuchados para una mejor comprensión de la situación.

Vencido el plazo del período de investigación (10 días) se convoca a una audiencia a los padres, tutor o guardadores del menor, al asesor de menores y al menor, en su caso. En dicha audiencia, se leerán los informes y peritaciones obtenidas en la etapa de investigación, se escuchará a los comparecientes, dictándose posteriormente la resolución.

Ahora bien, si durante la investigación no se hubiere acreditado la situación que motivó la intervención del juzgador, o hubieren cesado los motivos que la ocasionaron, se pondría fin al ejercicio del patronato declarándose el cese de la intervención, quedando el menor bajo la responsabilidad de quienes legalmente corresponda.

Por el contrario, si la situación resultare suficientemente comprobada, el juez podrá: resolver definitivamente la situación del menor; o, resolver provisoriamente la situación del menor, disponiendo -mientras continua con la sustanciación de la causa abriéndola a prueba-, mantener o reintegrar al menor al núcleo familiar el que conviene sea el de sus padres, tutor o guardadores, o la permanencia con terceras personas (preferentemente parientes del menor); o la libertad asistida a cargo del órgano judicial o administrativo, o en su caso, disponer su alojamiento en el lugar más adecuado.

En el procedimiento penal, donde están involucrados menores, la ley distingue entre menores punibles y los que no lo son. Los primeros son aquellos menores mayores de 16 años, en cambio los segundos, los que no superan la mencionada edad.

En este procedimiento tiene una intervención importante la autoridad policial, ya que el funcionario de policía, que tenga conocimiento de un delito en el que estuviera involucrado un menor de edad, debe comunicar al juez inmediatamente y, dentro de las 24 horas, al asesor de menores. Además si el menor fuera aprehendido, se comunicará tal circunstancia a sus padres, tutor o guardadores; y si el menor es punible, se le deberá comunicar al fiscal.

También es la autoridad policial la encargada de realizar las diligencias urgentes y necesarias para establecer la existencia del hecho, determinar el o los responsables y todo aquello que pueda servir al esclarecimiento de la verdad.

A esos fines, la autoridad policial recibe simple interrogatorio sumario al menor, pudiendo al sólo efecto de orientar la investigación tomar declaración al mismo, lo que, en principio, sólo debe ser prestada ante el juez; sin perjuicio de que la autoridad policial deberá anoticiar a éste toda la diligencia que practique.

En cuanto al menor no punible, recibida en el juzgado las actuaciones y, si no hubiere razones tuteleres de intervención, se ordenará el archivo de las mismas o se remitirá la causa para mediación al funcionario designado a esos efectos si se dan los siguientes supuestos: que exista certeza y/o reconocimiento de la participación del menor en el hecho; que medie consentimiento expreso del menor y de sus representantes legales -para lo cual se fijará una audiencia previa a la intervención del mediador-; y, que la victima sea persona física identificable.

El fin de esta mediación es conciliar el interés de las partes que son el menor involucrado en el hecho delictivo y sus representantes legales y la víctima, que si fuese menor, también sus representantes legales, la reparación por del daño causado y el logro de la paz social.

Si en la etapa de la mediación no se logra un acuerdo, es decir, ante el fracaso de la mediación, la causa volverá al juzgado de Menores para que continúe con el trámite correspondiente. En cambio, si la mediación termina exitosamente llegando a un acuerdo las partes, se presentará la causa a la Cámara de Apelación a los efectos que homologue el acuerdo alcanzado, homologación que deberá ser comunicada al juzgador.

Si el acuerdo así arribado, es cumplido satisfactoriamente, control que estará a cargo de la víctima, se procederá al archivo de las actuaciones, caso contrario se reabriran las mismas.

En cuanto al menor punible, debemos decir que intervendrá en el proceso el Ministerio Fiscal, el menor imputado, su defensor y el asesor de menores.

Recibido el sumario en sede judicial, el juez procederá a indagar al menor, escuchará a sus padres, tutor o guardadores y resolverá: ordenar las medidas concernientes para continuar la instrucción de la causa, mantener o modificar las medidas cautelares dispuestas, y disponer la intervención de la Secretaría social a los fines que le competen.

Diligenciadas las medidas dispuestas en la instrucción y habiendo tomado intervención la Secretaría social, y teniendo en cuenta los elementos surgidos de éstas, el juez resolverá la medida tutelar sobre el menor.

Sin perjuicio de los recursos que se puedan interponer contra dicha medida, se completará la investigación penal en un plazo que no excederá de sesenta días. Concluído este plazo, o antes si se agotó la investigación, se correrá traslado al Fiscal quien se expedirá solicitando el sobreseimiento o formulando requisitoria de elevación a juicio.

En este último supuesto, se correrá traslado a la defensa, y si las partes renunciaren a la apertura a prueba, previo dictámen del asesor de menores, se resolverá la cuestión, debiéndose expedirse el juez sobre la responsabilidad penal y la medida tutelar si correspondiera. En caso de abrirse la causa a prueba, diligenciada la misma, y previa audiencia de partes, se dictará sentencia con el mismo alcance que el expresado.

El juez podrá, disponer medidas alternativas a la privación de libertad. A saber: llamado de atención y/o advertencias; trabajos comunitario en una institución u organismo oficial o privado; tratamiento médico o psicológico, individual o como terapia familiar; libertad vigilada; u otra medida que beneficie al menor.

Concluído el tratamiento tutelar, se expedirá el fiscal, el defensor del menor y el asesor de menores acerca de los resultados de las medidas adoptadas y de la necesidad o no de imponer una sanción penal.

El juzgador, previo a convocar al menor a una audiencia personal, dictará sentencia. Estando firme ésta, el juez podrá convocar a una audiencia de conciliación entre el declarado actor responsable, sus representantes legales, el asesor de menores, el fiscal, la víctima, sus representantes legales en su caso, quien reviste el carácter de damnificado por el hecho y cualquier otra persona que el juez considere conveniente a los fines de conciliar sobre la medida tutelar.

La libertad asistida, como medida tutelar provisoria, es considerada como una medida alternativa a la internación del menor durante el proceso.

La libertad vigilada corresponde exclusivamente como medida alternativa a la privación de la libertad cuando se ha declarado la responsabildad penal del menor.

 

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