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CONCURSO DE INGRESO AL PODER JUDICIAL

TEMA VIII: El Ministerio Público. Nociones básicas. Conformación. Deberes y atribuciones

La Corte Suprema de Justicia, tiene asiento en la sede de la circunscripción judicial Nº 1. Se compone con seis ministros y un procurador general.

Ministerio público. Constitución del organo. Procurador general

El ministerio público está integrado por:

El Procurador General de la Corte Suprema.

Los Fiscales de Cámara de Apelación.

Los Defensores Generales de las Cámaras de Apelación.

Los Fiscales.

Los Defensores Generales.

Los Asesores de Menores.

Los Fiscales de Menores.

1. Procurador general

1.1. Asiento

Tiene asiento en la sede de la Circunscripción Judicial Nº 1.

1.2. Reemplazo

En caso de excusación, ausencia, impedimento, licencia o vacancia, es reemplazado por los fiscales de las Cámaras de apelación, por orden de Circunscripción Judicial. En su defecto `por abogados de la lista de conjueces designados por sorteo, hecho en acto público notificados a las partes en litigio.

1.3. Atribuciones y deberes

Además de las funciones que le acuerdan otras leyes, le compete:

Presidir el Ministerio Público y ejercer la facultad de superintendencia sobres sus integrantes.

Velar para que los demás integrantes del Ministerio Público cumplan los deberes inherentes a su cargo.

Dirigir a los demás integrantes del Ministerio Público instrucciones por escrito de carácter particular o general que son obligatorias.

Intervenir en todos los asuntos de gobierno de la Corte Suprema.

Asistir, cuando lo estime conveniente sin voto, a los acuerdos sobre cuestiones de gobierno de la Corte Suprema.

Intervenir en los recursos de inconstitucionalidad, en la revisión y en las causas contencioso - administrativas.

Dictaminar en los conflictos de atribuciones entablados entre funcionarios del P.E. y Magistrados o funcionarios del Poder Judicial.

Proponer la sanción de sanciones disciplinarias, contra Magistrados y personal del Poder Judicial y disponer las respecto de los integrantes del Ministerio Público.

Pedir pronto despacho a los Jueces o Cámaras de Apelación en cualquier clase de asunto, por sí o por intermedio de los demás miembros del Ministerio Publico cuando ha vencido el término que la ley procesal fija para dictar sentencia definitiva o interlocutoria.

Deducir en su caso la demanda que corresponda contra le Juez moroso, de oficio o por denuncia del interesado.

Disponer la actuación conjunta o alternativa de dos o mas Fiscales de igual jerarquía, en un mismo proceso, cuando la importancia o complejidad el asunto lo justifique.

Requerir de los secretarios informe acerca del estado de las causas no penales, promovidas a instancia del Ministerio Público, a fin de controlar la actividad de éste.

Establecer sin perjuicio del orden de reemplazo previsto en esta ley, la forma y sistema de suplencia de los Fiscales y Defensores Generales de las Cámaras de Apelación, en caso de vacancia, licencia, ausencia o impedimento temporario.

 

2. Fiscales de las cámaras de apelación. Asiento. Reemplazo. Atribuciones. Deberes.

2.1. Requisitos

Para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, vocal o fiscal de las cámaras de apelación se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y tener, por lo menos, treinta años de edad, diez de ejercicio de la profesión de abogado o de la magistratura y dos años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiere nacido en ésta (art. 85 Const. Prov.).

2.2. Asiento

Tienen asiento en las sedes de las Circunscripciones Nº 1, 2, 3 y 5 y el de la Circunscripción Judicial Nº 4 en la del Distrito Judicial Nº 13.

La ley orgánica del Poder Judicial a los fines de la determinación de la competencia territorial a dividido a la Pcia. de Santa Fe, en comunas, circuitos, distritos, y circunscripciones judiciales. En el mismo texto legal se establecen los alcances de esos términos, determinado que Comuna debe ser entendida como equivalente a Municipio, Circuito como el agrupamiento legal de varias comunas, Distrito como el agrupamiento de varios circuitos y por último Circunscripción judicial como el agrupamiento legal de varios distritos judiciales..

Las Fiscalías de Cámaras están emplazadas en cada una de las circunscripciones judiciales y allí desarrollan su ministerio: la Nº 1 con sede en Santa Fe capital, Nº 2 en Rosario, Nº 3 en Venado Tuerto, Nº 4 en Vera y Nº 5 en Rafaela.

Conforme a la integración actual en Rosario hay tres Fiscalías de Cámara al igual que en Santa Fe, en las restantes circunscripciones sólo una.

2.3. Reemplazo

En caso de excusación, ausencia, impedimento, licencia o vacancia se suplen automáticamente sí por orden de número. En caso necesario y por orden de número, por los fiscales y por las abogados de la lista de conjueces designados por sorteo, hecho en acto público y notificado en las partes en litigio.

Excusación: debe entenderse como al autoapartamiento que hace el funcionario de intervenir en determinado proceso. Las causales están previstas en el 61 del Código Procesal Penal y en el Código Procesal Civil y Comercial, art. 12, se contemplan supuestos de separación legislado con motivo de encontrarse incurso el funcionario en algunas de las causales del art. 10 de ese texto legal.

Ausencia: es el supuesto en el que el funcionario no se encuentra presenta presente en su asiento territorial sin llegar a configurar una situación de licencia, como por ejemplo sería el caso en que se le ha encargado viajar en comisión de trabajo a otra sede judicial por disposición del Procurador General o la Corte Suprema de Justicia, en virtud de habérsele encomendado una tarea específica y por ese motivo no estará en la sede de su asiento territorial.

Impedimento: es cuando existe un obstáculo para intervenir en el proceso en virtud de una imposibilidad de tipo jurídica, no personal.

Licencia: es la ausencia fundada en motivos personales, como puede ser por ejemplo el caso de enfermedad, o por estar gozando de la licencia compensatoria de la feria judicial, en los casos que hubiere prestado servicio en los meses de enero o julio.

Vacancia: es el supuesto, con carácter de permanente en donde no existe funcionario alguno que desempeñe el cargo, por ejemplo en caso de fallecimiento, renuncia, jubilación, ascenso, etc., del funcionario que estaba designado.

A los fines de una adecuada individualización en los asientos judiciales en donde hay mas de un Fiscal de Cámaras. Los mismos están designados por número y, conforme lo establece la ley, se suplen por ese orden de número en forma correlativa y automática, sin necesidad de designación especial al efecto. Para los casos en que ello no fuera posible, se suplirán por los fiscales de 1º instancia, también por orden de número y de manera automática.

Finalmente de no ser esto último posible se hará por abogados de la lista de conjueces que obran en la secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Estos listados se confeccionan anualmente por sorteo sobre la base de los postulantes que reúnen los requisitos correspondientes al cargo conforme a la exigencia del art. 85 de la Constitución Provincial.

 

2.4. Atribuciones y deberes

Atribuciones son las potestades o facultades que tiene el funcionario para el ejercicio de su función. Deberes son las obligaciones que le impone la ley.

Este catalogo de deberes y atribuciones no debe ser entendido como número clausus, sino que está regulado a modo ejemplificativo dado que debe ser integrado con funciones que le asignan otras leyes.

Previo analizar cada una de las atribuciones y deberes es preciso ubicar con relación al concepto, la situación institucional y constitucional del Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal es una corporación legalmente organizada de funcionarios públicos, instituida en general, para la defensa de determinados intereses de la colectividad. Es pues, un órgano de justicia al igual que el tribunal, pero no ejercita el poder jurisdiccional, que es privativo de éste. Es un órgano judicial público instituido para excitar la decisión del órgano jurisdiccional mediante el ejercicio de la acción y asimismo interviene como órgano de control de la legalidad.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en acuerde del 26/ 03/1991 (acta 40 punto único) reconoció que el Ministerio Público " constituye una estructura unitaria, diferenciada de la función imparcial propia de los jueces…, siendo una pieza indispensable para afianzar la justicia que es mandato ineludible de nuestra Constitución Nacional y Provincial " y declaró que " la renuencia en el ejercicio de los deberes y atribuciones a cargo del Ministerio Público importaría grave lesión a la paz social en virtud de que la sociedad se ve privada del órgano que la representa…"

En Santa Fe, el Ministerio Fiscal pertenece al ámbito del Poder Judicial e integra el Ministerio Público. El Ministerio Publico está presidido por el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia y abarca por un lado, al Ministerio Fiscal, que está integrado por los Fiscales de las Cámaras de Apelación, los Fiscales de primera instancia y Fiscales de Menores que aún no funcionan y por otro lado están los Defensores de las Cámaras de Apelación, los Defensores Generales de primera instancia y los asesores de menores ( art. 128 L.O.P.J.)

Todos ellos son funcionarios judiciales e integran una corporación única desde el punto de vista orgánico.

Su estructura es de tipo piramidal, en la cúspide se encuentra el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia, él es la cabeza del Ministerio Público.

En lo que compete a la rama del Ministerio Fiscal, inmediatamente por debajo de él, siguen los Fiscales de Cámara y luego los de baja instancia.

Dentro de esta estructura jerárquica, el jefe máximo tiene prerrogativas para impartir órdenes de cumplimiento obligatorio para los de rango inferior, es el caso de las denominadas instrucciones y resoluciones generales e instrucciones particulares para todo el Ministerio Público, teniendo también facultades de superintendencia.

Con relación a la actuación del Ministerio Fiscal como órgano, puede decirse que rige respecto del mismo, el principio de unidad e indivisibilidad, coherente con la necesidad de tener un criterio único y uniforme en cuanto a la persecución penal y de control de la legalidad.

Además de las funciones que le acuerdan otras leyes, le compete ( L. O. P. J):

 

 

Cuidar la recta y pronta administración de justicia, denunciando las irregularidades y malas prácticas, peticionando ante quien corresponda la aplicación de sanciones disciplinarias contra Magistrados, integrantes del Ministerio Público y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial.

 

Este inciso si bien es genérico, en la práctica el control se efectúa sólo sobre los casos que llegan a conocimiento del Fiscal, pero ello no quita que, enterado por cualquier medio de alguna irregularidad deba actuar en consecuencia conforme a este inciso. En este sentido es necesario conectar esta disposición con lo establecido con los incisos 7), 8). 9) y 10) en cuanto todos ellos reglamentan situaciones de control por parte del Fiscal de Cámara.

Existen instrucciones generales por parte del Procurador General que establecen que los Fiscales de Cámara deberán hacer conocer a la Procuración los pedidos de sanciones disciplinarias que soliciten contra integrantes del Ministerio Público, Magistrados, empleados del Poder Judicial, agentes y profesionales auxiliares de la administración de justicia.

 

2)Proseguir la intervención que los Fiscales hayan tenido en primera instancia. Pueden desistir las impugnaciones interpuestas expresando suficientes fundamentos.

 

Cada uno de los integrantes del Ministerio Fiscal tiene asignada por ley la correspondiente intervención frente al Juez o el Tribunal ante el que deban actuar.

Los Fiscales de Cámara intervienen en todas las impugnaciones llegadas a las Cámaras de Apelación sólo cuando hubieran sido parte los fiscales ante los jueces de primera instancia.

En materia penal como titulares exclusivos de la acción penal pública, cumplen el rol de actor penal en la alzada y como consecuencia de eso lo abarcan también, por igual, los principios de legalidad, indisponibilidad y oficiosidad. Sin embargo, les reconoce la ley la facultad de desistir de los recursos interpuestos por el inferior, siempre que expresen los motivos del desistimiento ( art. 412 del C.P.P.). Por otro lado, puede ser que basándose en una instrucción general del Procurador en determinadas situaciones tengan el deber de recurrir no obstante el dictamen contrario que hubiesen emitido antes (art. 405 C.P.P.).

Asimismo intervienen cuando lo hubieren hecho los de baja instancia en materia de amparo ( Ley 10456 art. 7, Concursos y quiebras, Ley 24522 art. 276 Y 51, Caducidad de instancia, art. 233 y en materia Contencioso Administrativa Ley 10333 art.2).

 

3)Instar a los Fiscales para que inicien y continúen las cuestiones de su incumbencia.

 

Esta atribución se relaciona con la estructura de tipo piramidal a la que hacíamos referencia. Los Fiscales de Cámara como superiores jerárquicos de los Fiscales de primera instancia deben supervisar la actuación de estos últimos en cuanto titulares del poder de realización penal en el marco del principio de legalidad e indisponibilidad, y vigías de la legalidad en general. En ese sentido pueden impartir órdenes trasmitiendo los criterios vigentes en cuanto a la persecución penal.. Por su parte, los fiscales de baja instancia, deberán canalizar toda inquietud dirigida a la Procuración General previamente a través de las Fiscalías de Cámara conforme a la instrucción general Nº 3 debiendo éstos últimos omitir opinión o propiciar la solución que estimen adecuada al caso, permitiendo así contar con mayores elementos de juicio concerniente al tema.

 

4)Requerir en la alzada el activo despacho de los procesos penales deduciendo los reclamos pertinentes.

 

Tienen a su cargo el control del cumplimiento de los plazos procesales en la alzada. La instrucción general Nº 11 emitida por el Procurador General de la Corte establece que, en los casos de interposición de prontos despachos, deberán deducir inmediatamente queja por retardada justicia una vez transcurrido el plazo prescrito por el art. 446 del Código Procesal Penal, sin que le Juez haya dictado resolución, debiendo hacer saber a la Procuración el resultado de su intervención.

La instrucción general Nº 29 establece que cuando activen el ejercicio de la acción penal por orden la Procuración General, deberán remitir a la misma copia del escrito presentado ante el órgano jurisdiccional competente.

 

5) Actuar en el juicio penal oral pudiendo requerir la colaboración del Fiscal que haya intervenido.

El juicio oral se encuentra previsto en el art.447 del C.P. P para los supuestos en que el delito tenga conminada una pena privativa de libertad cuyo mínimo sea de 5 años o mas y opera a opción del acusado. En caso de haber varios coimputados deberán prestar todos conformidad.

El juicio se desarrollará en instancia única. En esos casos el Juez natural del plenario será la Cámara de Apelación a través de la Sala que corresponda conforme al turno judicial, asumiendo el rol de actor penal el Fiscal de Cámara.

La ley prevé la posibilidad de que el Fiscal de Cámara requiera la colaboración del Fiscal que intervino durante la instrucción. Esta situación pone de manifiesto el principio de unidad funcional e indivisibilidad del Ministerio Fiscal.

 

6)Velar por el cumplimiento de las reglas de procedimiento, ejecución de sentencias penales y leyes que regulan la restricción de la libertad personal.

 

Así como la ley le asigno el rol de actor penal, también se le asigna la función de veedores de la legalidad.

En este sentido se ha dicho que el Fiscal es parte pero en sentido formal, dado que no esgrime en el proceso un interés propio, subjetivo personal en conflicto con la contraparte, sino que representa un interés social, debiendo inspirar siempre un criterio objetivo de tal modo que debe cuidar que se respeten las normas procedimentales con todos los sujetos procesales involucrados.

 

7) Inspeccionar las Fiscalías dos veces por año como mínimo, a fin de establecer si los responsables han cumplido con los deberes a su cargo, elevando un informe al Procurador General dentro de los quince días de su realización.

 

Esta función se desprende del sistema de organización jerárquico que posee el Ministerio Fiscal. Los Fiscales de Cámara como funcionarios superiores de los de primera instancia, y en ese carácter, realizan esa tarea a fin de constatar la labor realizada por los mismos debiendo confeccionar un informe al Procurador General.

Estas inspecciones se llevan a cabo en los meses de marzo y septiembre y para implementar las mismas se han confeccionado planillas especiales, por orden del Procurador General, a fin de revelar en ellas cantidad de dictámenes, requisitorias formuladas, conclusiones, vistas, etc.

 

8)Proponer las medidas de superintendencia que estimen necesarias.

 

Esto se refiere a la posibilidad que tienen los Fiscales de Cámara de proponer medidas tendientes al mejoramiento del servicio de justicia. Estas medidas pueden estar dirigidas directamente a la Cámara de Apelación, al procurador General o bien por intermedio de éste a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

 

9)Intervenir en todos los asuntos de gobierno de competencia de las Cámaras de Apelación.

 

Este inciso está vinculado con el anterior y da la posibilidad al Fiscal de Cámara de asistir a los acuerdos de las Cámaras de Apelación pudiendo omitir opinión pero no votar. En ese sentido se le corre vista de todas aquellas cuestiones que sean de gobierno de las Cámaras de Apelación, pudiendo dictaminar en esos asuntos.

Asimismo interviene en las vistas corridas por las presidencias de las Cámaras de Apelaciones cuando el presidente realiza inspecciones a los juzgados de los distintos fueros informando la cantidad de expedientes con plazo vencido sin resolución.

 

10) Asistir cuando lo estimen conveniente y sin voto a los acuerdos sobre cuestiones de gobierno de la Cámaras de apelación.

 

11) Cumplir las diligencias que les encomienden la Corte Suprema y el Procurador General.

 

El Procurador General como superior jerárquico de los Fiscales de Cámara puede asignarles tareas específicas, sean estas de índole judicial o de superintendencia. Puede disponer por ejemplo que ante determinadas situaciones intervendrá siempre un mismo Fiscal o intervendrán dos Fiscales en forma conjunta ante un supuesto determinado. Asimismo la Corte Suprema de Justicia por acordada puede encomendarle, funciones específicas, como por ejemplo designar a un determinado Fiscal de Cámara para intervenir como instructor de un sumario administrativo contra un agente del Poder Judicial, asumiendo en este caso el rol que la ley orgánica asigna al presidente de la Suprema Corte de Justicia.

 

12) Establecer, sin perjuicio del orden de reemplazo previsto en esta ley, la forma y sistema de suplencia de los Fiscales en caso de vacancia, licencia, ausencia o impedimento transitorio.

 

Lo Fiscales de Cámara tienen la superintendencia con relación a los de primera instancia. En las sedes judiciales en donde hay mas de un Fiscal de Cámara la misma es ejercida por cada uno de ellos anualmente.

Sin perjuicio de lo establecido en el art.141 de la L.O.P.J. cuyo reemplazo opera en forma automática, pueden los Fiscales de Cámara establecer un sistema distinto de suplencia sobre la base de una mas justa y adecuada distribución de tareas, sobretodo en situación de ausencia prolongada de funcionarios, estableciendo otro método de cobertura distinto al previsto por la ley.

 

3. Defensores generales de las cámaras de apelación

 

3.1. Requisitos

Para desempeñar el cargo se requiere las mismas exigencias que para ser Fiscal de la Cámara de Apelación.

 

3.2. Asiento

Tienen asiento en las sedes de las Circunscripciones

Judiciales Nº 1 y 2.

3.3. Reemplazo

En caso de excusación, ausencia, impedimento, licencia o vacancia, se suplen automáticamente entre sí por orden de número. En caso necesario y por orden de número por los Defensores Generales, por los Asesores de Menores y por abogados de la lista de conjueces designados por sorteo hecho en acto público y notificado a las partes en litigio.

 

3.4. Atribuciones y deberes

Además de las funciones que les acuerdan otras leyes, les compete:

1) Presidir y representar al Ministerio Pupilar.

Proveer lo conducente al orden y funcionamiento del Ministerio Pupilar.

Convocar y presidir las reuniones del Ministerio Pupilar. En caso de empate en la votación de los asuntos a tratar, su voto resultará decisivo.

Disponer y suscribir las providencias de trámite interno del Ministerio Pupilar, tomar las audiencias y librar los despacho que fueren necesarios.

Proseguir ante la alzada la intervención de los Defensores Generales que hayan tenido en primera instancia.

Actuar, en su caso, en el juicio penal oral, pudiendo requerir la colaboración del Defensor General que haya intervenido.

Asumir la defensa penal de los imputados que no tengan defensor cuando son designados por presidente del tribunal.

Instar a los Defensores Generales y asesores de Menores para que inicien y continúen las gestiones de su incumbencia.

Requerir en la alzada el activo despacho de los procesos penales deduciendo los reclamos pertinentes.

Requerir de los registros y oficinas públicas sin cargo alguno copias de instrumentos y las actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones suministrando los datos pertinentes.

Inspeccionar dos veces por año, como mínimo, las Defensorías Generales, las Asesorías de Menores y el Ministerio Pupilar, a fin de establecer si los responsables han cumplido con los deberes a su cargo, elevando un informe al Procurador General dentro de los quince días de su realización.

Proponer las medidas de superintendencia que estimen convenientes.

Cumplir las diligencias que les encomienden la Corte Suprema y el Procurador General.

Establecer, sin perjuicio del orden de reemplazo establecido por esta ley, la forma y sistema de suplencia de los Defensores Generales y Asesores de Menores en caso de vacancia, licencia, ausencia o impedimento transitorio.

 

 

4. Fiscales

 

 

4.1. Requisitos

Para desempeñar el cargo se requiere:

Título de abogado.

Ciudadanía argentina.

Mayor de 25 años.

Dos años de ejercicio efectivo de la profesión de abogado o función judicial.

Dos años de residencia inmediata en al Provincia si no se ha nacido en ella.

La L.O.P.J. establece las exigencias mínimas para acceder al cargo de Fiscal, sumándose a éstas la idoneidad para el desempeño de cargos públicos… tal como surge de la Constitución Nacional y de la Provincial.

El título de abogado es básico y no basta por sí solo. De conformidad con lo previsto por el inc. 4 se completa con un mínimo de dos años de ejercicio efectivo de la profesión o de función judicial.

Se ha entendido que los modos de ejercer la profesión son: " el abogar ante los órganos jurisdiccionales a favor del reconocimiento de ciertos derechos, el decidir imperativamente conforme al derecho establecido en cada caso lo suyo de cada uno, el enseñar el derecho a aquellos que se están capacitando para el futuro ejercicio profesional jurídico; y el asesorar a personas individuales o colectivas acerca de las conductas jurídicas posibles de ser adoptadas…no pudiéndose pronunciar con carácter universal cual de esas modalidades es la que asegura un mayor conocimiento del derecho y brinda la oportunidad para una mejor capacitación en orden al desempeño de la Magistratura " ( del Voto del DR. Vigo.). Se postula, por tanto, una interpretación amplia, abarcativa de las diversas incumbencias de la profesión de abogado.

Con relación al término "función judicial", la Corte ha entendido que entre los funcionarios definidos legalmente - miembros del Ministerio Público; médico forense, peritos - "hay algunos que efectivamente ejercen la función judicial requerida…son todos aquellos que desempeñan cargos en donde se pone a prueba de manera directa y cotidianamente su formación profesional específicamente jurídica posibilitando decididamente que la función de la magistratura se lleve a cabo" y que la antigüedad en el ejercicio de la profesión debe ser entendida " en el oficio de abogado como en la magistratura judicial o en cualquier función que requiera esencialmente la calidad de letrado " ( voto del Dr. Barraguirre).

 

 

4.2. Asiento

Tienen asiento en la sede de todos los distritos judiciales. Los distritos judiciales son dieciséis.

 

4.3. Reemplazo

En caso de excusación, ausencia, impedimento, licencia o vacancia se suplen entre sí por orden de número.

En caso necesario, y por orden de número, por los defensores generales y por los abogados de la lista de conjueces designados por sorteo hecho en acto público y notificado a las partes en litigio.

Los representantes del Ministerio Fiscal pueden ser recusados por las mismas causas que los Jueces, salvo haber dado recomendación u opinión extrajudicial sobre el proceso (art.60 C.P.P) y cuando se encuentren en algunos de los casos de separación, se excusarán de intervenir en la causa correspondiente. EL Juez o Tribunal averiguara verbalmente el hecho y resolverá lo que corresponda, sin recurso.

En materia Civil los funcionarios del Ministerio Público no son recusables. El Juez o Tribunal podrá dar por separado a los primeros cuando se encuentren comprendidos en algunas de las causales del art.10 - recusaciones con causa (art.12 de C.P.C.)-.

En orden a un mejor desenvolvimiento de la labor asignada la Corte Suprema de Justicia designa a los reemplazantes de los Fiscales en caso de ausencia, licencia o vacancia prolongadas utilizando el régimen de subrogancias vigente.

 

4.4. Atribuciones y deberes

Además de las funciones que le acuerdan otras leyes le competen:

1)Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos cometidos en su respectivo distrito judicial y que lleguen a su conocimiento por cualquier medio, pidiendo para ello las medidas que consideren necesarias, sean ante los jueces o ante cualquiera otra autoridad.

2)Ejercer la acción penal salvo los casos de acción de ejercicio privado. Adecuar sus actos a un criterio objetivo y velar por el cumplimiento de las garantías que reconocen la Constitución Nacional y Provincial, los tratados con jerarquía constitucional y las leyes, calificándose como falta grave la omisión negligente del ofrecimiento de la prueba de cargo estimada como eficaz.

3)Entrevistar cuando sea necesario al preventor de la instrucción, a la víctima y a los damnificados por el hecho, así como a todas las personas que puedan aportar elementos para el ejercicio de la acción penal.

4)Recibir a quien comparezca espontáneamente a la Fiscalía para aportar algunos de los elementos a que refiere el inciso anterior, reservando en al oficina el escrito presentado por el compareciente o al acta sucinta que se labre al efecto si el ofrecimiento fue verbal, correspondiendo a la discresionalidad técnica del funcionario la estimación de la pertinencia del aporte.

5)Vigilar el cumplimiento de las reglas del procedimiento, ejecución de sentencias penales y leyes que regulen la restricción de la libertad personal.

6)Intervenir en las acciones de amparo y hábeas corpus.

7)Intervenir en las cuestiones civiles en los casos en que por ley corresponda

8)Requerir de los jueces penales el activo despacho de los procesos deduciendo los reclamos pertinentes.

9) Proponer la aplicación de sanciones disciplinarias contra jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial.

10) Denunciar ante las autoridades administrativas que corresponda las infracciones a las leyes impositivas que comprueben en expedientes judiciales.

11) Evacuar las consultas que le formulen los jueces comunales.

12) Cumplir las diligencias que le encomiende la Corte, el Procurador General y los Fiscales de las Cámaras de Apelaciones.

13) Dirigir la investigación penal cuando así proceda según el Código Procesal Penal, practicando y haciendo practicar los actos inherentes a ella y ajustando su proceder a las reglas establecidas en dicho cuerpo.

Teniendo en cuenta la reforma de la ley 12162/03 puede estar a cargo de la investigación de acuerdo a los lineamientos fijados en el capítulo XIII arts. 374 II y siguientes del C.P.P., incorporándose también el capítulo XIV referido a la instrucción abreviada, todo lo cual amplía las atribuciones y deberes del Fiscal, quien presentará requisitoria de elevación a juicio cuando estimare contar con elementos para obtener una sentencia condenatoria en juicio (art.374, 5E inc.c del C.P.P.).

 

4.5. Ministerio Público: Nacional y Provincial

Conforme con lo dispuesto por la Constitución Nacional el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.

En nuestra Pcia. el Ministerio Público forman parte del Poder Judicial. Así el art. 84 de la Constitución establece que la Corte Suprema de Justicia se compone de 5 ministros como mínimo y de un Procurador General. El art. 87 consigna que los magistrados y funcionarios de la administración de justicia prestan juramento, al asumir sus cargos, de desempeñarlos conforme a la Constitución y a las leyes. El art.88 dispone que los magistrados y funcionarios del Ministerio Público son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones. Cesa su inamovilidad a los sesenta y cinco años de edad si están en condiciones de obtener jubilación ordinaria. No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo. Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter genera y transitoria, extensivas a todos los poderes del Estado. El art.89 prohibe la actuación política de os miembros del Poder Judicial y autoriza a los magistrados y funcionarios a ejercer la docencia en materia jurídica. Las comisiones de carácter honorario, técnico y transitorio que les encomienden la Nación, la Pcia. o los municipios y la defensa en juicio de derechos propios, de su cónyuge o des su hijos menores. Por último por disposición del art. 90 deben residir en el lugar donde desempeñan sus funciones.

El art.8 del C.P.P. establece que la acción penal se ejerce exclusivamente por el Ministerio Fiscal - excepción claro está, de las de ejercicio privado ( art. 71 y 73 del CPP) - y si iniciará de oficio salvo que dependa de instancia privada, en cuyo caso el obstáculo deberá ser removido por la persona autorizada ( art. 9 del CPP y art. 71 y 72 del CP). Ya que no rige el principio de oportunidad se dispone que el ejercicio de la acción no puede suspenderse , interrumpirse ni hacerse cesar , salvo los casos expresamente previstos por la ley (suspensión de juicio a prueba - art.8 CPP y art. 76 Bis, Ter y Cuater del CP - obstáculos legales -art.11 CPP- cuestiones previas legales -art.12 del CPP y no penales art. 13 del CPP - y prejudicialidad - art. 14 del CPP. Prescripción de la acción penal- art.62 del CP).

 

 

5. Defensores Generales

 

5.1. Requisitos

Para desempeñar el cargo se requieren las mismas exigencias que para ser Fiscal.

 

5.2. Asiento

Tienen asiento en la sede de todos los distritos judiciales. Sin perjuicio de ello, en los distritos judiciales 1 y 2 el Procurados General determinará el número y designará a los defensores generales que actuarán en las zonas periféricas o marginales de los respectivos distritos. A tal fin, tiene facultades suficientes para fijar el lugar de atención al público y al ámbito territorial en el cual deben ejercer su ministerio. Los defensores designados no participan de turno ni de reemplazo alguno y no integran el Ministerio Pupilar.

 

 

5.3. Atribuciones y deberes

Además de las funciones que le acuerdan otras leyes, le compete:

1)Intervenir en los asuntos judiciales o extrajudiciales que se relacionen con la persona o intereses de menores, incapaces, ausentes o pobres, a fin de asumir la defensa de sus derechos en todas las instancias. La representación de pobres que ejercen los defensores generales se acredita mediante carta - poder que se otorga ante cualquier secretario. El deber de patrocinar a los pobres está subordinado a la procedencia o conveniencia de la pretensión, la que es apreciada por los defensores atendiendo a la prueba disponible. Pueden tomar recaudos que estimen convenientes para que los pobres demuestren su condición. El patrocinio tiene, sin otro requisito, los mismos efectos que la declaración judicial de pobreza.

2)Actuar como conciliadores.

3)Intervenir en el fuero civil, comercial y del trabajo, como parte esencial en todos los asuntos contenciosos o voluntarios que se racionen con menores, incapaces o ausentes.

4)Fiscalizar la conducta de los representantes legales de menores, incapaces o ausentes, sobre la conservación de los bienes de éstos, por intermedio del Ministerio Pupilar.

5)Tomar las medidas necesarias para proveer de representación legal a quien no la tiene.

6)Intervenir como parte esencial en los procesos penales donde haya menores o incapaces cuyos representantes legales sean querellados, demandantes o demandados, por delitos cometidos contra la persona o bienes de sus representados.

7)Asumir la defensa de los imputados cuando sean designados por el presidente del tribunal o por el Juez de la causa.

8)Intervenir en lo relativo al régimen de menores regulado por leyes nacionales

9)Agotar los recursos legales contra las resoluciones adversas a sus representados, consintiéndolas solamente cuando juzgan perjudicial la prosecución de la causa, y oponerse a las demandas deducidas d por los representantes de los incapaces, cuando las estimen inconsistentes, inconvenientes o lesivas a sus intereses.

10)Formular reserva de derechos y deducir recursos, aunque medie consentimiento de los representantes legales, en todas las demandas incoadas contra menores, incapaces o ausentes.

11)Concurrir mensualmente a los institutos de detención y penitenciarios en que se alojen sus defendidos, para informarles sobre el estado de sus causas.

12)Tomar conocimiento personal y directo de sus defendidos, antes de la defensa en el plenario. Cuando aquellos se hallan excarcelados, procurarán citarlos para que concurran a la defensoría a los efectos previstos en le párrafo anterior.

13)Inspeccionar los establecimientos públicos y privados destinados a la internación de incapaces y solicitar medidas ahora su buen trato y asistencia.

14)Llamar y hacer comparecer a sus despachos a cualquier persona cuando sea necesario para le desempeño de su ministerio. Asimismo, dirigirse a cualquier autoridad o institución privada, requiriendo informes o solicitando medidas de interés para menores, incapaces o ausentes.

15)Requerir de los registros y oficinas públicos, sin cargo, copias de instrumentos y las actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, suministrando los datos pertinentes.

16)Solicitar medidas cautelares sin necesidad de constituir fianzas, en los casos en que la parte actúa con su patrocinio o representación.

17)Percibir del adversario condenado en costas los honorarios regulados judicialmente en todo asunto en el que no ejerza representación alguna.

18)Ejercer en lo pertinente las funciones asignadas por ley a los asesores de menores, en las sedes donde éstos no tienen asiento.

19)Cumplir las diligencias que les encomienden la Corte Suprema, el Procurador General y los Defensores Generales de las Cámaras de Apelación.

20)Ejercer las funciones de autoridad remitente e institución intermediaria con relación a la Ley Nacional 17156.

 

Estas atribuciones y deberes contempladas en al ley se refieren tanto a los defensores que actúan ante el fuero civil como a los que lo hacen en el fuero penal. Es menester destacar por otra parte que en muchas localidades de la Pcia. de Santa Fe los defensores generales tienen fuero pleno, es decir que cumplen sus funciones en los dos ámbitos (civil y penal). No es el caso de las ciudades de Santa Fe y Rosario donde se encuentran separados los fueros, habiéndose logrado con ello la posibilidad de una especialización en la materia que resulta invalorable.

En su inciso primero el art. 145 dispone que les compete a los defensores generales intervenir en los asuntos judiciales o extrajudiciales que se relacionen con la persona de menores, incapaces, ausentes o pobres a fin de asumir la defensa de sus derechos en todas las instancias.

Las funciones enumeradas revisten dos naturalezas diferentes. En primer lugar la intervención de estos funcionarios en asuntos que se relacionen con la persona de menores, incapaces o ausentes implica lo que se denomina la " representación promiscua" que ellos ejercen, en tanto que la defensa de los derechos de los pobres supone, por parte de los Defensores Generales, su actuación como " abogados patrocinantes o como apoderados" mediante carta - poder.

Adviértase que la ley se refiere a " menores, incapaces y ausentes " cuando debió llamarlo genéricamente " incapaces" ya que los menores y los ausentes también son incapaces y es precisamente su incapacidad la razón de ser de esta singular representación que la ley les acuerda.

Nuestro Código Civil ha optado en principio por el sistema de representación individual de los incapaces, que es la representación que se configura cuando una persona ( por ejemplo, el curador) sustituye al incapaz ( por ejemplo, la persona declarada insana) en el ejercicio de sus derechos y realiza los actos para los cuales el pupilo estuviere impedido.

Cabe hacer especial énfasis en la necesidad de que el incapaz su representante individual porque ello se vincula estrechamente con una de las obligaciones que le impone el art.145 en su inc.5º a los defensores generales. Este inciso dice textualmente "le compete tomar las medidas necesarias para proveer la representación legal a quien no la tiene"

El inc. 5º obliga de oficio a estos funcionarios a solicitar la designación de un representante legal si tomaran conocimiento de que un incapaz carece del mismo. Es decir que si el defensor fuera anoticiado de la orfandad de un menor, aún cuando este estuviere a disposición de un Juez de Menores en ejercicio del patronato, surgiría su obligación de denunciar la falta de representante legal y de adoptar las medidas tendientes a su provisión. En el ejemplo dado correspondería la designación de un tutor.

Concretamente, entonces los incapaces requieren de una representación que en nuestra legislación es legal y necesaria. Pero también dijimos que es individual desde que es ejercida por una persona con prescindencia de la voluntad del titular del derecho.

En cuanto a los alcances de la representación promiscua, afortunadamente nuestra ley 10160 no ha hecho distingo alguno y exige la intervención de los Defensores Generales, en su carácter de representantes promiscuos como parte esencial en todos los asuntos contenciosos o voluntarios que se relacionen con incapaces. Así lo dice expresamente el inc. 3ºdel art.145 que prevé esta intervención ante el fuero civil, comercial y del trabajo.

Con respecto a los criterios de actuación del representante promiscuo debemos tener presente que si bien es cierto que el Defensor General debe proteger y preservar la persona y los intereses del incapaz, al mismo tiempo se trata de un funcionario judicial y que está obligado a defender la justicia y el derecho por encima de los intereses de sus representados.

La cuestión no va a plantear mayores dudas cuando se traten de medidas encaminadas a proteger la persona del incapaz. En estos casos difícilmente una medida que persiga este objetivo va a contraponerse con normas del derecho vigente o con principios de justicia.

No ocurre lo mismo en le orden patrimonial. No siempre lo que mas convenga a los intereses económicos del pupilo ha de estar avalado por el derecho y por la justicia.

La omisión de intervención del representante promiscuo según los arts. 59 y 494 del Código Civil " prevén la nulidad de todos los actos y contratos… si en ellos no hubiese participado el Ministerio de Menores.

Pero mayoritariamente la doctrina y la jurisprudencia ha entendido que se trata de una nulidad relativa.

Con relación al patrocinio y representación de los pobres entre los deberes de los Defensores Generales, el art. 145 (L. O. P. J.) les impone asumir la defensa de los pobres en todas sus instancias. Es esta una función de naturaleza distinta a la que supone la representación promiscua. Acá nos enfrentamos a la actuación del defensor como abogado patrocinante o como apoderado mediante carta - poder. Esta carta - poder la otorga cualquier secretario. En la práctica el Defensor General actúa en la mayoría de los casos como patrocinante pero nada obsta a que se desempeñe como representante, ya que la misma ley lo autoriza a ello.

El inc. 9 refiere a la facultad y el deber del funcionario de agotar los recursos legales contra las resoluciones adversas a sus representados, consintiéndolas sólo cuando juzgue perjudicial la prosecución de la causa. Deberá oponerse a las demandas deducidas por los representantes de los incapaces cuando las estime inconsistentes, inconvenientes o lesivas a sus intereses. También podría oponerse a un desistimiento o a una transacción si lo estimare inconveniente o lesivo a los intereses del representado promiscuamente.

El inc. 10 habilita al funcionario a formular reserva de derechos y a deducir recursos, aunque medie consentimiento o allanamiento de los representantes legales, en todas las demandas incoadas contra incapaces.

En el inc. 13 le impone al Defensor General el deber y la facultad de inspeccionar los establecimientos públicos y privados destinados a la internación de incapaces y solicitar medidas para su buen trato y asistencia.

Esta vez la ley refiere genéricamente a los incapaces, pero descartamos del concepto, obviamente, a los ausentes y también a los menores, porque estos últimos en caso de internación estarían a disposición del Juez de Menores y ante ellos actúan los Asesores de Menores, según se desprende del art. 149.

El art. 14 enumera una serie de facultades conferidas al Defensor General con miras a posibilitar y favorecer el desempeño de su labor, en especial de su tarea conciliatoria. Para ello se lo autoriza a llamar y hacer comparecer a sus despachos a cualquier persona cuando sea necesario para el desempeño de su ministerio. Y también está autorizado a dirigirse a cualquier autoridad o institución privada requiriendo informes o solicitando medidas de interés para menores, incapaces o ausentes.

En aras de encontrar pautas o parámetros que permitan delimitar al ámbito de actuación de los Defensores Generales Civiles ensayaremos un concepto de "pobreza". En el intento no nos referiremos a los Defensores que actúan en causas penales por cuanto su actuación no se subordina en ninguna circunstancia a la condición de pobre del defendido.

Sin desconocer los innumerables cambios que se han operado en la realidad social y económica de los últimos tiempos, sigue siendo útil en esta materia ( Civil), cuando se trata de precisar el concepto de pobreza, la Instrucción General Nº 7 de la Procuración General de la Pcia. de Santa Fe, de fecha 10 de julio de 1978, suscrita por el entonces Procurador General, Dr. Norberto Juan Iturralde, nos enseña que lo que la norma jurídica persigue es que para tramitar un juicio, el interesado no debe hacer sacrificios que le impidan llenar sus necesidades mas elementales, como el alimento, la vivienda, el vestido, o sea, las exigencias mínimas de una vida modesta en familia. Los criterios de valoración deben ser suficientemente flexibles, amplios y solidarios como para que el acceso a la justicia quede garantizado para todos.

La ley le ha conferido a los Defensores Generales Civiles un amplio margen de discresionalidad, imponiéndoles al mismo tiempo la gran responsabilidad de decidir si prestan su asistencia gratuita o no, es decir que en definitiva la condición de pobre que debe revestir el justiciable para poder pretender una defensa gratuita, queda liberada en nuestra legislación provincial, a la apreciación subjetiva de cada funcionario dentro de los parámetros a los que hacíamos referencia.

También el Defensor General, a través del Ministerio de Justicia de la Nación podrá promover una acción judicial por alimentos en el extranjero, cuando allí se domicilie el demandado, según la aplicación de la ley 17526/67.

En el mes de diciembre de 1997 la Legislatura de nuestra Pcia. sancionó la ley 11529 sobre violencia familiar. Esta ley asigna nuevas funciones a los Defensores Generales, que se suman a las que detalla el art. 145.

 

6. Defensorías Generales zonales

La ley 10050/87 recepcionada por ley 10160 (originariamente en su art.14, actual art.144) inicia un proceso que culmina con la implementación y puesta en marcha de estas defensorías que constituyó el punto de partida de una experiencia institucional absolutamente novedosa que ubicó a nuestra Provincia en un lugar de avanzada con respecto el resto del país.

En tal sentido, si grandes sectores de la población carenciada, por motivos fundamentalmente económicos y culturales, no acudían al Palacio de Tribunales, este salió a su encuentro instalándose en el seno mismo del núcleo social al que se proponía integrar, superando los bolsones de marginalidad jurídica existente en pos de un mayor acceso a la Justicia.

Así la función de administrar justicia comenzó a aproximarse a la concepción mas moderna de - servicio- para la comunidad.

La labor desarrollada en estos años de funcionamiento por las Defensorías Generales zonales de nuestra Pcia. a demostrado con creces su eficacia, sobre todo en la referente a los aspectos preventivos del derecho.

 

7. Ministerio pupilar y defensorías generales.

Es menester precisar los conceptos sobre Ministerio Pupilar y Defensorías Generales ya que con frecuencia estas dos instituciones, por su propia naturaleza suelen ser confundidas, al menos en lo que hace a sus funciones específicas.

En primer lugar la Defensoría General es un órgano unipersonal, en tanto que el ministerio Pupilar es colegiado. Y la confusión se crea, precisamente porque este organismo está integrado por los Defensores Generales, salvo los Defensores zonales, art.14 L.O.P.J. y es presidido por el Defensor General de las Cámaras de Apelación, art.138, inc, 1º L.O.P.J.

Además, en tanto el Defensor General debe actuar o bien, como patrocinante o representante de parte, o bien como representante promiscuo el Ministerio Pupilar interviene como órgano colegiado asesor en todo cuanto concierne al régimen de bienes de menores, incapaces y ausentes.

 

 

 

8. Asesores de menores

 

8.1. Requisitos

Para desempeñar el cargo se requieren las mismas exigencias que para ser Fiscal.

 

8.2. Asiento

Tienen asiento en la sede de los distritos judiciales Nº 1, 2,3, 4, 5,12 y 14 ( texto según ley 11793), Boletín Oficial 10/11/02.

 

8.3. Reemplazo

En caso de excusación, ausencia, impedimento, licencia o vacancia, se suplen automáticamente entre sí por orden de número. En casos necesarios y por orden de número, por los Defensores Generales y por abogados de las listas de conjueces designados por sorteo, hecho en acto público, notificado a las partes.

 

8.4. Atribuciones y deberes

Les compete:

Intervenir en las causas de competencia de los Juzgados de Menores a fin de asumir la defensa de los derechos del menor atendiendo a su formación integral y a su interés superior conforme a derecho.

 

Los Asesores de Menores intervienen en todas las causas de competencia de los juzgados de menores. Así si actúa el juez de Menores, también deberá hacerlo el Asesor de menores.

En cuanto a la materia civil el elemento atributivo fundamental de la competencia especializada reside en la verificación del estado de abandono del menor conforme a las pautas que suministra la reforma al art.307, inc. 2º del Código Civil ( ley Nº 23264).De acuerdo a la interpretación generalizada de la doctrina, esta norma se enrola en el sentido amplio del concepto de abandono, comprendiendo tanto el abandono objetivo, como el subjetivo.

En materia penal, cabe distinguir dos funciones esenciales a cumplir por el Asesor de Menores: a) la función propia de este funcionario que consiste en ejercer la representación promiscua a la que hacen referencia los artículos 54,58,75 y concordantes del Código Procesal de Menores y b) la función subsidiaria del Asesor de Menores, consistente en asumir la defensa penal del menor cuando no se propusiera en la causa respectiva un abogado defensor de confianza y mientras no se instrumente el servicio oficial de defensa ( art.78 y 146 del mismo digesto legislativo).

Tanto en la esfera civil como en la penal continuará en la segunda instancia ( art. inc.2º Del Código Procesal de Menores) y estará orientada por do criterios o principios fundamentales. Hacer valer el interés superior del niño y atender su formación integral.

La falta de intervención del asesor de menores en una causa, cualquiera sea su índole acarrea la nulidad del procedimiento según lo dispuesto en el art. 27 del Código Procesal de Menores.

Requerir el debido y activo cumplimiento de los procesos, solicitando medidas y efectuando los reclamos que correspondan.

3)En todos los casos deberá tomar conocimiento personal y directo del menor, de sus representantes legales o guardadores y oír a los mismo cuando lo soliciten.

4)Llamar y hacer comparecer a sus despachos a cualquier persona que crea necesario para el desempeño de su Ministerio. Asimismo, dirigirse a cualquier autoridad o institución requiriendo informes o solicitando medidas de interés para los menores y también solicitar de los registros de oficinas públicas, sin cargo, copia de instrumentos y las actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Las facultades aquí acordadas son coherentes con la importancia de la función asignada al asesor. Con ellas se elude la demora y el desgaste procesal que significa solicitar cada una de estas diligencias al Juez y recién efectivizar su cumplimiento una vez proveída jurisdiccionalmente la solicitud del Ministerio Público.

5)Recibir a quien comparezca espontáneamente a la Asesoría aportando elementos de interesa la causa, reservando el escrito presentado por el compareciente, e el acta suscita que se labre al efecto si la manifestación es verbal, correspondiendo a la discresionalidad técnica del funcionario la estimación de la pertinencia del aporte.

6)Velar que el orden legal civil en materia de competencia sea estrictamente observado, deduciendo los reclamos que corresponda y dictaminar en cuestiones de competencia.

7)Asistir a los menores que se encuentren bajo la jurisdicción de los Jueces de Menores, en sus declaraciones ante otras jurisdicciones, si correspondiera.

Con esto se preserva la garantía constitucional de que no se obligue al menor a declarar contra sí mismo.

8)Inspeccionar mínimamente cada dos meses los establecimientos o lugares públicos o privados donde se alojen menores bajo el patronato e informar a los Jueces de menores si la situación detectada requiriera de su intervención y formular, en las actuaciones correspondientes, lo concernientes a la situación personal del menor.

La norma se erige en fórmula de tutela para quienes ser los mas desamparados del sistema y es una herramienta cabal para combatir la incuria y la corruptela que a veces suele identificar a ciertos funcionarios administrativos de los establecimientos mencionados.

9)Informar por la vía jerárquica respectiva sobre toda cuestión vinculante que requiera su intervención, solicitando en su caso, las coordinaciones que correspondan.

Las cuestiones importantes, trascendentes, que van mas allá del caso concreto y asumen carácter institucional, se impone la comunicación al superior jerárquico (Defensor General de Cámara) de acuerdo al principio de unidad orgánica escalonada que caracteriza la estructuración del Ministerio Público.

10)Pueden requerir en sus ámbitos respectivos en coordinación con los Jueces de Menores:

El apoyo de la comunidad a fin de lograr la mas completa asistencia del menor sujeto a este cuerpo legal.

La colaboración de los medios de comunicación fin de:

B.1: concientizar a la sociedad sobre la debida formación integral del menor y fortalecimiento de la institución familiar Esta actividad deberá realizarse en coordinación con la Cámara de Apelación.

B.2: cumplimentar los actos procesales en los casos en que esta ley lo establece.

Proponer el dictado y/o modificación de leyes o reglamentos referidos al menor

Cumplir las diligencias que les encomiende la Corte Suprema y el Procurador General.

 

9. Fiscales de menores

 

 

9.1. Requisitos

Para desempeñar el cargo se requieren las mismas exigencias que para ser fiscal.

 

9.2. Asiento

Tienen asiento en las sedes de los Distritos Judiciales Nº 1,2,3,4,5,12y 14.

 

9.3. Reemplazo

En caso de excusación, ausencia, impedimento, licencia o vacancia se suplen automáticamente entre si por orden de número. En caso necesario, y por orden de número por los Fiscales, por los Defensores Generales y por los abogados de la lista de conjueces, designados por sorteo hecho en acto público notificado a las partes.

 

9.4. Atribuciones y deberes

Les compete:

Ejercitar la acción pública, promoviendo la investigación de los hechos sancionados por ley penal imputados a menores de su asiento territorial y que lleguen a su conocimiento por cualquier medio, solicitando las medidas que consideren necesarias, sea ente los Jueces o cualquier otra autoridad.

Requerir las medidas necesarias y el activo despacho de los procesos penales deduciendo, en su caso los reclamos que correspondan.

Vigilar el cumplimiento de las reglas de procedimiento, ejecución de sentencias penales y restricciones a la libertad personal.

Entrevistar, cuando sea necesario a las autoridades intervinientes en la investigación sumarial, al menor imputado, a la víctima, a los damnificados por el hecho y a cualquier otra persona que pueda aportar elementos para el ejercicio de la acción penal.

Recibir quien comparezca espontáneamente a la Fiscalía aportando alguno de los elementos a que refiere el inciso anterior, reservando el escrito presentado por el compareciente, o el acta sucinta que se labre al efecto si el ofrecimiento es verbal, correspondiendo a la discresionalidad técnica del funcionario la estimación de la pertinencia del aporte.

Llamar y hace comparecer en su despacho a cualquier personal cuando sea necesario para el desempeño de su ministerio. Asimismo dirigirse a cualquier autoridad o institución requiriendo informes o solicitando medidas de interés para los menores y solicitar de los registros y oficinas públicas copia de instrumentos y de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, suministrando los datos pertinentes.

Velar para que el orden legal en materia de competencias sea estrictamente observados y dictaminar en las cuestiones de competencias derivadas de las relaciones jurisdiccionales.

Velar por el cumplimiento y aplicación de las leyes, decretos, ordenanzas y edictos de protección de menores, denunciando a sus infractores al Fiscal que corresponda.

Inspeccionar, cada dos meses salvo casos de urgencia, los lugares públicos donde se alojan menores bajo el patronato con causas penales, informando a los Jueces de Menores si la situación requiere de su intervención y a la Fiscalías de Cámara.

Cumplir con las diligencias que les encomienden la Corte Suprema, el Procurador General y la Fiscalía de Cámara.

 

10. Ministerio Pupilar

 

 

10.1. Asiento

Tiene asiento en la sede los distritos judiciales Nº 1 y 2. En los demás distritos judiciales asume su competencia el Defensor General.

 

10.2. Función y composición

Interviene como órgano colegiado asesor en todo cuanto concierne al régimen de bienes de menores, incapaces y ausentes. Está constituido por todos los Defensores Generales salvo, lo dispuesto por el art. 141.

 

10.3. Atribuciones y deberes

Les compete:

1)Dictaminar en solicitudes de venia para vender, comparar, permutar, transar o cancelar gravámenes que afecten bienes, créditos u obligaciones de menores, incapaces y ausentes.

2)Conocer en rendiciones de cuentas de representantes legales, administradores o personas que intervienen en operaciones realizadas con bienes de menores, incapaces o ausentes, y dictaminar en pedidos de extracción e inversión de fondos.

3)Ejercer control de administraciones concernientes a personas que se hallan bajo tutela o curatela, llevado al efecto los registros correspondientes.

4) Registrar declaratorias de herederos que interesan a menores y discernimientos de tutela y curatela, así como cualquier modificación de ellas. A ese efecto, el Registro General le envía mensualmente las copias respectivas.

5)Asentar en libros especiales los acuerdos y resoluciones que emite.

 

Para el cumplimiento de sus funciones, puede:

1) Llamar y hacer comparecer a cualquier personal y dirigirse a toda autoridad y entidad pública o privada.

2) Disponer las diligencias convenientes para la mejor ilustración de las cuestiones sometidas a su intervención.

3) Gestionar la remoción o suspensión de tutores o curadores que no cumplen sus deberes legales,

4) Impugnar cualquier resolución contraria a sus proposiciones o pedimentos por medio del Defensor General que intervine en la causa o debe actuar por el turno, quien interpone y sustancia individualmente la impugnación, salvo que halla votado en disidencia en el acuerdo respectivo.

5) Establecer su reglamentación, interna que es aprobada por el Procurador General y fijar días de acuerdo que no pueden ser menos de dos por semana.

 

10.4. Quórum - Resoluciones - Dictámenes

El órgano forma quórum con tres miembros y adopta sus resoluciones por mayoría absoluta. Vota en primer término el Defensor General que interviene como tal en la causa respectiva o el que debe hacerlo por orden de turno.

 

10.5. Deber específico de los jueces de primera instancia

En los pedidos de venias y particiones donde existen menores, incapaces o ausentes, los jueces ordenar la remisión al Ministerio Pupilar, para ser agregada al legajo correspondiente, de copia de los escritos que se presentan y de las hijuelas, como así también de toda resolución definitiva que recaiga en ellos.

 

10.6. Presidente del Ministerio Pupilar

 

10.6.1. Designación

Lo preside el Defensor General de la Cámara de Apelación. Cuando hay mas de uno, se alternar anualmente.

 

10.6.2. Atribuciones y deberes

Le compete:

Representar al Ministerio Pupilar.

Proveer lo conducente al orden y funcionamiento de la oficina, vigilando el estricto cumplimientos de los deberes de su personal.

Convocar y presidir las reuniones.

Disponer y suscribir las providencias de trámite interno.

Resolver las excusaciones planteadas por sus miembros, y en su caso, disponer el respectivo reemplazo.

Aplicar las medidas disciplinarias autorizadas en esta ley ( L.O.P.J.)

 

10.6.3. Secretario

Requisitos

Para desempeñar el cargo se requieren las mismas

exigencias que para ser secretario.

 

Atribuciones y deberes

Le compete:

Refrendar las actuaciones del Presidente.

Autorizar copias y la documentación necesaria para la información de legajos.

Llevar personalmente los registros previstos en las leyes.

 

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