Discursos


ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2019

Discurso de la señora Presidenta de la
Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia
Dra. MARÍA ANGÉLICA GASTALDI
 
Buenos días, en nombre de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe agradezco a todas y todos su presencia en este acto.
Debo agradecer inicialmente a mis colegas el honor de presidir el tribunal en este año y en tal carácter es que habré de dirigirme a Uds. para iniciar formalmente este año judicial.
La ley de nuestra provincia exige que este acto tenga lugar y el sentido de la exigencia coincide con el deber institucional de dar cuenta y balance del estado de situación de los poderes del estado.
Porque, cuando se ejerce un lugar de autoridad es obligado explicarse.
En nuestro caso y para este acto, explicaremos realizaciones concretadas en el año transcurrido en el servicio de justicia y a lo que debemos seguir concretando en el presente.
Partiendo de la carga de expectativas que la ciudadanía deposita en los tribunales, también habremos de reflexionar sobre los déficit y explicar cómo entendemos lo que nos ocurre y las posibilidades de satisfacer tan grandes y tantas aspiraciones.
Las posibilidades de devolver en acciones positivas, que pudieran responder a tantas expectativas necesita de explicaciones sobre lo que ocurre en el orden social, en nuestras sociedades y en nuestras democracias, en relación a los poderes judiciales.
Pero en el contexto de las restantes instituciones del estado .
Porque entendemos que lo que pasa en los tribunales, tiene que ver con lo que pasa en nuestra sociedad con la normatividad del orden legal y de la cultura jurídica. Por eso, la cuestión debe verse y también reflexionarse desde el sistema político institucional en su conjunto y para la sociedad en que vivimos.
Hablaremos sobre el desafío institucional que nos compete, pero que esta planteado a todos los poderes del Estado.
Entrando ya en lo que me propongo puntualizar mas adelante como realizaciones nuestras, me permito aclarar, que nadie aquí parte de ignorar las profusas y generalizadas noticias cuestionando sin distinciones a todos los poderes judiciales.
Ni tampoco nos aqueja una sordera que impida escuchar las voces y encuestas que hablan de una generalizada desconfianza en los tribunales.
Desconfianza, ciertamente exacerbada, porque tomando en serio las promesas de la constitución y el derecho, se piensa que todos debemos vivir en paz sin ser agredidos, asaltados o asesinados. Y esto es, lo que se muestra mediáticamente y a toda hora. La gente ve un incremento delictivo y se queja que no hay sanciones inmediatas.
Desconfianza también exacerbada, al desparramarse generalizadas sospechas por investigaciones que ocupan la plana de todos los periódicos e inveteradas replicaciones mediáticas; refiriendo todas a truculentos ocultamientos de responsabilidades de encumbrados personajes; o por el contrario reprochando persecuciones judiciales o la judicialización de la política.
Porque mas allá, de quienes con ingenuidad piensen que todos los cuestionamientos mediáticos puedan ser todos ellos desinteresados. Ello, no nos autoriza a desentendernos de un efectivo malestar ciudadano.
Porque estoy convencida que los integrantes del poder judicial de nuestra provincia en su gran mayoría y me atrevo a decirlo respecto de los restantes poderes judiciales de nuestro país, somos conscientes que el ejercicio de un lugar de autoridad impone que desentrañemos las razones de muchas críticas y del malestar con la institucionalidad que expresa la ciudadanía.
Más aún nosotros, porque el poder judicial es un poder cuya legitimidad viene asociada a la confianza, en que “puede decidir” -reflexivamente- porque se sabe que nuestras decisiones deben argumentarse conforme un saber técnico en el marco de una imparcialidad por las garantías que se le dispensan.
Exige que justifiquemos nuestras decisiones conforme a la constitución y las normas establecidas.
Pero es necesario tener en claro que en la ciudadanía hay un malestar con la institucionalidad y con el derecho mismo.
Malestar que bien sabemos que se manifiesta a través de tantas acciones individuales y demandas judiciales que nos llegan diariamente.
Malestar porque la gente intuye en el orden social y en el derecho que hay grandes favorecidos y porque ante la falta de indentificaciones de los autores de delitos, la gente cree que hay impunidad y falta de persecución.
Malestar que bien sabemos que en mucho se canaliza a través de tantas acciones individuales y demandas judiciales que nos llegan diariamente.
Malestar explicable, porque en general las personas tienen la creencia -como dice Alejandro Nieto- “que con el derecho se desaloja el azar de las relaciones sociales”. Pero sin embargo, y por el contrario, se encuentran inmersas en una realidad cruda de incertidumbre e inseguridad, contrapuesta al imaginario -del bien común – suscitado por el derecho mismo.
Malestar porque es difícil que se comprenda: ¿Cómo es que la institucionalidad que todos hemos construidos para nosotros mismos, no dispense a todos iguales protecciones y beneficios?.
Porque, lo que no se entiende -como dicen los autores- ni puede comprenderse, es que al mismo tiempo y por un lado, el derecho mismo necesite plasmarse en disposiciones y preceptos consagrando libertades económicas y sociales, y -por la otra- otras pautas las restringen hasta vaciarlas de contenido.
Y la respuesta que debería darse es -que al legislarse de tal modo- (como dice Cárcova) el orden legal posibilita un discurso que da crédito a una versión edificante de las relaciones sociales.
Porque no es verdad que haya armonía en las relaciones sociales, y que esa armonía esté lograda por un sentimiento colectivo de compartir un mundo y valores comunes, porque lo que prima es el conflicto.
Siempre habrá conflictos, y nos corresponde a todos evitar que se manifiesten en violencias.
Por eso, más allá de que pueda haber “nefastos personajes judiciales” o “defecciones deslegitimantes”.
Lo que hay como trasfondo del malestar y desconfianza, tiene que ver -no con una falta de legitimidad de los poderes judiciales- (como se dijera por estos días); sino -principalmente- con la falta de seguridades en la vida y con que no logra asimilarse “cómo es que ocurre la inefectividad de las declamaciones y principios de alta jerarquía”. ¡Eso es lo que está en juego! En torno a la efectividad del derecho.
Así “frente a tantas promesas incumplidas e ideales traicionados de la institucionalidad democrática”, como -dice Antoine Garapón-, “los Jueces de nuestras democracias han pasado a ser responsables o guardianes de esas promesas -que a través de la ley- la sociedad se hace así misma”.
Y en ese contexto, de aspiraciones, frustraciones, desconocimientos y precariedad, la mayor carga de expectativas de la política -como idea del bien- como exigencia de justicia en las relaciones sociales se fue desplazando a los poderes judiciales; pero en verdad le pertenece al debate democrático.
El desplazamiento es evidente, porque toda la conflictividad está recalando en los tribunales y también a través de acciones individuales de la ciudadanía.
Frente a la elocuencia de 480.000 causas de nuestros tribunales solamente. Creo que la inmensa mayoría de los poderes judiciales de nuestro país, no nos hemos resignado ni abandonado al derrotismo.
Pero no voy hablar de una imagen endulcorada de los poderes judiciales, ni del nuestro en particular.
Creemos que las defecciones del derecho, no podrán solucionarse con voluntarismos organizacionales que curarían todos los males.
Ni tampoco tampoco pensamos que los males, se solucionen con ilimitadas erogaciones presupuestarias, que permitirían dar todas las respuestas esperadas.

Por el contrario, creo que es necesario que descifremos responsablemente lo que ocurre, para poder situar en su justo lugar todas las críticas y tratar de operar con la mayor eficacia que nos resulte posible y a nuestro alcance.
Sabemos que esas demandas se mantienen estables y no han disminuido. Como lo indican los datos disponibles.
En efecto, como se señala estamos frente a un ingreso sostenido de 482.000 causas; donde un 50% refiere a procesos civiles, comerciales, laborales, familia -en general-; y las restantes refieren a la conflictividad penal.
Frente a esta realidad, como experiencia de positivas realizaciones del año transcurrido, reivindicamos públicamente el decidido compromiso de colaboración de los restantes poderes. Tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo. Y también con un fructífero entendimiento con los colegios profesionales. Todo ello, permitió que pudiéramos alcanzar muchos mejoramientos en el servicio de justicia.
Solo referiré sucintamente a tres aspectos de esa colaboración:
* Inversiones presupuestarias en la cobertura de los cargos,
* Inversiones presupuestarias en Infraestructura edilicia y tecnológica,
* Y modificaciones organizacionales y reformas legislativas
En ese sostenido y fructífero diálogo con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de esta provincia. Queremos reconocer la significación del esfuerzo del Poder Ejecutivo de nuestra provincia a través del aporte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus integrantes y en especial del Señor Ministro de Justicia y una especial mención para el Consejo de la Magistratura que posibilitó concluir concursos pendientes que en último año dio lugar a la incorporación de 250 nuevos cargos.
Con esto, y lo concretado en estos últimos años la cobertura de cargos en el poder judicial, se renovó en un 80 % .
Ese esfuerzo conjunto que viene de muchos años, permitió la puesta en funcionamiento del sistema de enjuiciamiento penal y el mejoramiento de juzgados civiles, laborales y de familia del conjunto de la provincia.
Queremos rescatar también, el inédito esfuerzo presupuestario, por el cual se encaró un plan de infraestructura edilicia para el Poder Judicial, y ya invertido supera 800 millones de pesos.
De acuerdo a lo presupuestado, en un plazo de 3 años se habrá de concretar:
1.- la adquisición de un importante inmueble para los tribunales de Santa Fe;
2.- la climatización interior total del edificio de los tribunales de Rosario (el más grande con que cuenta nuestro Poder Judicial en dicha ciudad);
3.- la construcción de un edificio de 7400 m2 cubiertos para los tribunales de Reconquista;
4.- la construcción de la tercera etapa del edificio de los tribunales de San Cristóbal. Y en Cañada de Gómez, se esta licitando un centro de justicia penal único de 3000 m2. También para la ciudad de Casilda, se proyecta la concentración de todas las unidades del Poder Judicial.
5.- Por último, en la ciudad de San Lorenzo, se trabaja en un plan que comprende la refacción del actual edificio y la ampliación del mismo.
Por otra parte, refiriéndome a los avances tecnológicos la digitalización de todos los expedientes ya alcanza a todos los fueros. Y debe mencionarse que nuestro Tribunal tiene acordado el carácter de autoridad certificante de la firma digital.
Con tales avances, se han despapelizado las comunicaciones internas. Y ahora también con los otros poderes y dependencias. Por esta vía, se reducen aproximadamente 10.000 oficios judiciales.
Este es el fruto de un trabajo sostenido y pioneramente emprendido hace 12 años.
También, hay un plan piloto con el Nuevo Banco de Santa Fe que permitiría ordenar en forma electrónica la operatoria bancaria en relación a los juicios. Por lo cual, se suprimirán demoras en los cobros y mayor seguridad al sistema de pagos.
Por igual colaboración, con el Poder Ejecutivo provincial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el marco del Programa Justicia 2020, pudo ponerse en marcha un plan para generalizar la oralidad en el proceso civil en nuestra provincia.
A casi un año de la implementación de esta oralidad en 34 Juzgados, hay una sensible disminución en el tiempo que insume el juicio, acortándose los plazos de prueba y también un fuerte aumento de las conciliaciones.
Celebradas 1213 audiencias preliminares, el grado de satisfacción fue del 98%.
Reivindicamos la enorme tarea de las Oficinas de Mediación y las posibilidades que brinda la Ley de Pequeñas causas para resolver con base a la equidad.
Destacamos, que también operamos propiciando nuevos diseños de trabajo. Y en el caso de la Oficina de Procesos Sucesorios, se logró que el 96 % de todas las causas sucesorias, que son sin controversia, produjera la disminución sensible para los Juzgados de Distrito Civil y Comercial. También estamos encaminados a estandarizar los procesos de trabajo para los juicios ejecutivos.

En el ámbito laboral, hay que señalar que en la masividad de los números de causas, una parte significativa se relaciona con este fuero. Con casi 40.000 causas en el año. Aquí hay mucho esfuerzo pendiente. Y necesitamos todo lo que pueda hacerse al respecto.
Por la significación social de esta cuestión, resaltamos el esfuerzo de coordinación entre los tres poderes del Estado para que se sancionara la reforma al Código Procesal Laboral (ley 13.840). Se piensa que esta ley, podrá reducir los tiempos de tramitación de los juicios e incorpora especiales Oficinas de Conciliación Laboral.
La conflictividad social también se manifiesta en complejos requerimientos a los Juzgados de Familia. El incremento de demandas ha llevado a que tengamos mas que 25.000 causas anuales.
Por ello, para los Tribunales de Familia concebimos la creación de las Secretarías de Vulnerabilidad para Santa Fe y Rosario.
Lo cual era necesario por el tipo de conflictividad y vulnerabilidad social. Porque ya no es que solo se ventilen disensos familiares y se juzguen cuestiones de violencia. Sino que pareciera que las personas no están en condiciones de hacerse cargo de aspectos elementales de sus propias vidas. Y los jueces terminan resolviendo sobre cuestiones de la vida doméstica y diaria. Por eso, es tan necesaria la coordinación y cooperación entre los Poderes.
En ese sentido, reivindicamos especialmente, la coordinación emprendida por nuestra Corte y ya puesta en ejecución en concreto con la Municipalidad de Rosario. Pese a lo reciente, ya se están viendo los frutos del actuar conjunto entre el Municipio y los operadores del Servicio de Justicia.
Por iguales razones, también se puso en funcionamiento la “Oficina de Atención de Víctimas de Violencia Doméstica y de Género del Ministerio Público”. Y ya hemos empezado con la implementación de la Ley Micaela, sobre la que hay proyectos particulares para nuestra provincia con capacitación obligatoria a todos los poderes. En lo cual, nuestra Corte viene comprometida desde muchos años.
Ahora bien, como decía al inicio, muchas de las apreciaciones críticas tienen que ver con las inseguridades causadas por el delito. Por eso me permito puntualizar lo siguiente, respecto de nuestro Poder Judicial.
Todos los logros, esfuerzos humanos, técnicos, materiales, que puedan pensarse, no pueden igualar al que se realizó y se concretó en el año 2014, para la exitosa puesta en marcha del sistema de enjuiciamiento penal.
Pero lo que ocurre, es que en el ámbito del sistema penal, los conflictos penales tienen una masividad que es propia de las sociedades estigmatizadas por cuestiones socio-económicas.
Por eso, rescatamos todos los extraordinarios esfuerzos organizativos, organizacionales, materiales humanos, tecnológicos y presupuestarios, que se han concretado en nuestra provincia. Y también todos los avances tan significativos en el funcionamiento de los tribunales penales con la realización de muy complejos juicios orales públicos que la ciudadanía pudo controlar.
Pero lo cierto es, que -aunque puedan variar en algún año las cifras de algunos delitos de mayor violencia- los conflictos penales permanecen estables.
Si se repara en esos números, nos damos cuenta que el delito responde a causas mas profundas y no depende de lo mucho que pueda hacerse desde nuestros tribunales.
Porque pasa por un problema del orden social y de la internalización de la normatividad.
En efecto -digamos algo claramente- hay multiplicidad de conductas dañosas y de quebrantamiento de normas advertible en todo el entramado social.
Y la pregunta que suscita la cuantiosa conflictividad penal y de la que debemos hacernos cargo, no es por las causas del delito. Porque dañosidad de ciertas conductas, el delito y el quebrantamiento de las normas permea todo el orden social.
Para que se entienda la idea que quiero expresar, refiero a lo que en pocas letras dice Bauman:
“Que un alto oficial de la fiscalía de Estados Unidos dijo públicamente que no podía investigar todo el lavado porque caía el sistema bancario”. Fijémonos en lo ocurrido: la cantidad de contrabandos, blanqueamiento de capitales, lavado de activos, quiebras fraudulentas, violación del régimen de marcas, evasión fiscal, corrupción de funcionarios y dañosas violaciones del orden administrativo que bien podrían captarse como delictivas y nunca son expuestas como tales.
Y sin tan solo, nos detenemos frente a la masividad tan visible -del número sostenido anualmente de 250.000 causas-. Quien se anima a decir: que la delictuosidad es una anomalía del orden?.
Pero cuando se mira quienes mayormente se ven expuestos y sobre quienes recae las consecuencias penales; nos damos cuenta: “qué es” lo que en realidad juzgamos en definitiva como violencias y quebrantamientos del orden.
La realidad de los datos empíricos del sistema penal hace que debamos darnos cuenta que en algo tiene que ver el orden social.
Esto no quiere decir que este sugiriendo una relación directa entre pobreza y delito. Pero sí, como dicen muchos autores, hay una relación que tiene que ver con la forma en que las desigualdades impactan en los grupos sociales desencadenando comportamientos violentos.
Los índices delictivos, nos muestran que son precisamente los varones jóvenes, de precaria condición social, carentes de soportes de contención, carentes de educación, afectados por dependencia a sustancias, los principales candidatos del sistema penal.
Por eso, lo que no hay -y no hay- es inserción en un orden social.
Hay por el contrario, una deserción de los sostenes familiares, de la educación, del trabajo y de las expectativas que inciden en actitudes desesperadas de muchísimos jóvenes.
Por eso, hay que darse cuenta que para muchos jóvenes, en la fragilidad de sus vidas y el desamparo, el delito -es algo que les pasa enfrente- como forma de movilidad social. Como dicen Pegoraro, Farías, Bauman y tanto autores.
Por eso, para prevenir todo esto, se exige que los conflictos violentos de castiguen con una pronta respuesta. Pero se exige de los poderes públicos que seamos capaces de advertir toda esta vulnerabilidad y conflictividad de extensos contingentes de personas. Y operar de tal modo para disminuir las violencias y las respuestas violentas.
Esa es la legitimidad pacificadora de la Constitución, la ley y del Derecho.
Recordemos que en torno a la violencia, Bourdie dice:
Toda la violencia se Paga”, y acude el autor al ejemplo de los mercados financieros, señalando: “que la violencia estructural ejercida por éstos en forma de despidos, flexibilizaciones del empleo, inseguridades económicas, y desamparos; se equipara -más tarde o más temprano- en forma de suicidios, crímenes, delincuencia, adicción a las drogas, alcoholismos, y un sin número de pequeños y grandes actos de violencia cotidiana”.
¿Hay alguna similitud con lo que ocurre?
Dicho esto, en realidad la pregunta en el poder judicial no es si -resolviendo todas estas causas- podemos hacer que el delito desaparezca.
Sino que lo central y sobre lo que deberíamos reflexionar, es como podemos impulsar una cultura jurídica que no contribuya a incrementar las violencias y que -por el contrario- conduzca al mejoramiento del orden social y al acatamiento de las normas.
Lo que debemos reflexionar -todos los poderes- es sobre: ¿Cómo hacer para que la gente no incurra en actos violentos; para que la gente no robe y no lastime?
Nosotros hoy, el interrogante que tenemos; es ¿hasta cuanto podrán los Poderes Judiciales seguir haciéndose cargo y dando respuestas para toda esta masiva conflictividad que anida en el orden social?.
Por eso, sabiendo que no podemos cambiar todo en un instante y mágicamente. Que no podemos cambiar mágicamente ni las leyes, ni tampoco la realidad del orden social en que vivimos.
Entonces, lo único puede hacerse inmediatamente, desde todos los poderes, es hacer todo cuanto este a nuestro alcance para dar las mejores respuestas posibles.
Y en ese camino -como ya lo señalaran agudos politólogos- la necesidad de una restructuración de la coordinación de todos los poderes se impone como un deber de responsabilidad.
Por eso, y para ir cerrando, quiero decir que cuando inicialmente referí al sentido de responsabilidad institucional, tuve en miras lo que en su libro “El Buen Gobierno” dice Rosanvallon: que cuando se tiene un poder -se tiene un activo, un haber- y la contrapartida es una deuda -una responsabilidad- (con los mandantes)”.
Para pagar las deudas, especialmente nosotros recordemos aquellas cartas que decían-: Con nadie tengas deudas, excepto las del amor mutuo.
Muchas gracias, y buenos días.

Doctora María Angélica Gastaldi
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia
Santa Fe, 25 de marzo de 2019.




 



































































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