Discursos


ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2018

Discurso del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe

Dr. RAFAEL FRANCISCO GUTIÉRREZ
 
Señoras. Señores. Público presente.
Buenos días a todos.

En mi nombre y en el de mis colegas, quisiera comenzar agradeciendo a las autoridades presentes, a los jueces y juezas de todos los fueros, a los funcionarios y funcionarias, a los trabajadores de la justicia y a todo el público aquí presente. Un saludo especial a quienes vienen de lejos, haciendo esfuerzos para estar hoy presentes, seguramente dejando de lado compromisos y actividades; y, también a todas las mujeres en su día. Muchas mujeres, hoy, integran los cuadros de los poderes judiciales (como juezas, funcionarias o empleadas), así que la ocasión es propicia para destacar esta cada vez mayor participación femenina en la prestación del servicio.

La tradición indica que, más allá de las formalidades legales, este acto de inauguración tiene especial importancia, ya que ha constituido siempre una buena ocasión para efectuar un repaso sobre los temas que, desde la Presidencia del Cuerpo, entiendo importantes para señalar y fortalecer en la política judicial del Estado santafesino.
En ese marco, tenemos no sólo ideas y proyectos, sino también acciones concretas que tienen que ver con el desarrollo y el mejoramiento del servicio que debemos prestar a la comunidad. Porque, en definitiva, la misión de todos los dirigentes públicos -y, entre ellos, de modo especial, la de los jueces- es la de ofrecer a la ciudadanía, resultados reales y oportunos a los conflictos jurídicos que se nos presentan, a través de los instrumentos y de los cauces institucionales que ofrece y permite la Constitución.

En lo personal, estimo que la publicidad de los actos de gobierno -ese viejo principio constitucional que hace que los gobiernos sean verdaderamente republicanos- exige, hoy en día, que desde la conducción de los poderes del Estado se expliciten cuáles son los retos que debe enfrentar el sistema de gobierno y qué se puede esperar de sus dirigentes. En nuestro caso, qué puede esperar la comunidad de parte de sus jueces.

Y estoy convencido de que esa comunicación debe establecerse no sólo con los auditorios especializados, sino también ante la opinión pública toda.

La agenda de temas tribunalicios, desde hace ya un tiempo, se ha venido incrementando. No sólo en lo cuantitativo, sino también en los cualitativo. Los índices de litigiosidad se mantienen en niveles muy altos, y las demandas de respuestas son cada vez más variadas. Este fenómeno, en parte, obedece a la preocupante sucesión de crisis económicas y sociales por las que venimos atravesando -que, en verdad, no son exclusivas de nuestro país-, crisis que tensan las relaciones jurídicas y que suelen dejar huellas no siempre fáciles de superar. Sin embargo, desde otro punto de vista, este aumento de la litigiosidad puede también explicarse a partir de un elemento que no necesariamente es negativo, cual es la mayor capacidad de movilización de la sociedad, que se siente legítima titular de derechos, y que, por ello, ejerce con mayor solvencia su derecho de peticionar a las autoridades.

La verdad es que este fenómeno tiene consecuencias preocupantes para el servicio de justicia, desde que no siempre es posible absorber ese cúmulo de trabajo con la estructura humana y material existente. Y los resultados, claramente, no son los deseables. Sin embargo, yo suelo pensar que, a la vez, revela un dato en cierto modo alentador: es el hecho de que la ciudadanía sigue confiando la solución de sus conflictos a los jueces. Y esto no es menor, ya que estaríamos en problemas serios si viéramos que cunde la mal denominada “justicia por mano propia”, lo que supondría retroceder varios siglos en el camino de la civilización.

Es así, entonces, que, como jueces, a través del dictado de sentencias y a través del desarrollo de políticas judiciales podemos contribuir mucho en la tarea de velar por la confianza en las instituciones democráticas. Claro que no de cualquier modo, sino desde el lugar que en el Estado nos ha colocado la Constitución. Hacer esta afirmación implica confirmar, en última instancia, la vigencia y el valor del Estado de Derecho.

Se ha dicho, con razón, que el primer ingrediente del éxito del Estado de Derecho es la necesidad de que todos creamos en él, en el consenso que se sigue de tener normas jurídicas a las cuales todos -ciudadanos y gobernantes- debemos someternos. Esas normas podrán ser de distinto tipo y jerarquía; podrán, incluso, ser insuficientes o poco eficaces, pero si así se considera, su cambio y mejoramiento debe darse, inexorablemente, dentro del marco legal. Es así como las comunidades crecen y progresan, capitalizando sus logros y, a la vez, aprendiendo de sus errores. Las soluciones por fuera del sistema democrático no conducen a ningún resultado útil: provocan desconcierto, siembran la desesperanza y la inseguridad, creando un campo en el que ninguna iniciativa puede prosperar.

Es por eso que el Estado de Derecho precisa ser mucho más que un concepto teórico: debe ser, ante todo, una fuerza cívica permanentemente presente en el quehacer político. En esa tarea, como ya dije, los jueces tenemos mucho para aportar. Ante todo, con el ejercicio prudente de la jurisdicción. Prudencia que no debe confundirse con el temor ante los poderosos, sino que supone la expresión del respeto al sitio que la Constitución nos ha deparado. No temo en reiterar el estándar sentado desde antiguo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el cual "la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, pues al ser el poder llamado para sostener la vigencia de la Constitución, un avance en desmedro de las facultades de los demás, revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público”.

Al respecto, agrego que los jueces no estamos para resolver todos los problemas de la sociedad, no somos los salvadores de los males; en verdad ninguna autoridad lo es. Pero, de modo especial, es preciso tener presente que los jueces estamos para resolver los conflictos que nos presentan las partes que están enfrentadas en contiendas jurídicas concretas, y no debemos perder de vista que no siempre se nos presentan casos con ese contenido. Hay pretensiones que, por más urgentes y agudas que nos parezcan, encuentran su solución en los estamentos políticos, no en los tribunales. Debemos estar alertas ante el problema de la politización de la justicia, ya que el denominado “gobierno de los jueces”, lejos de ser deseable, constituye una verdadera deformación de los postulados básicos del Estado de Derecho.

Desde luego, esto no significa que, llegado el caso, debamos proceder al remedio extremo de la declaración de inconstitucionalidad, en aquellos supuestos en que los demás poderes provoquen agravios a garantías constitucionales. Pero, al respecto, vuelvo a citar a la Corte nacional, que nos indica que la declaración de inconstitucionalidad constituye un remedio de “última ratio”, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas; y se debe llegar a ese punto sólo cuando ello sea de estricta necesidad.

Ya es sabido que el respeto a la división de poderes no implica negación de colaboración y de diálogo entre los mismos. Muchos aspectos de la gestión pública estatal comprometen, por igual, al esfuerzo de legisladores, de administradores y de jueces. En especial, muchos capítulos atinentes al diseño y ejecución de políticas judiciales -siempre pensándolas en beneficio de los usuarios- precisan de normas del Poder Legislativo y de mecanismos administrativos y de recursos que, según nuestra Constitución, debe proveer el Ejecutivo.

En este sentido, me interesaría efectuar un repaso sobre algunos temas especiales que, según entiendo, dan cuenta de lo fructífero que se torna el camino cuando se lo encara a través del diálogo y de los consensos institucionales.

Vacantes de jueces
Este acto, al contar con la presencia de varios representantes de los otros poderes, es una tradicional ocasión para hacer hincapié en la cuestión de la cobertura de vacantes.

Sabemos que, por disposición constitucional, la selección y designación de quienes aspiran a ingresar a la judicatura corresponde a los poderes Ejecutivo y Legislativo; sin embargo, los efectos perniciosos de las vacantes sin cobertura se hacen sentir en el ámbito del Poder Judicial. Y si bien esas consecuencias son negativas para la organización judicial misma -ya que supone una sobrecarga de trabajo que muchas veces no es fácil de manejar- no debemos perder de vista que son los ciudadanos y los profesionales del Derecho que los representan quienes perciben estas deficiencias en sus propias vidas y en sus bienes.

Es cierto -y a esto hay que destacarlo- que la actual administración del Poder Ejecutivo (a través del Consejo de la Magistratura) ha venido exhibiendo una mayor eficiencia en esta materia. Por sólo mencionar dos datos alentadores, señalo que en el año 2016 un total de 18 magistrados cubrieron vacantes definitivas; el año pasado, 24; y, en lo que va del corriente año, lo hicieron 18 jueces. Esto hace un total de 60 vacantes cubiertas durante esta gestión gubernamental. Asimismo, no hay que perder de vista que en 2016, juraron 6 jueces subrogantes; y en 2017, 5 más.
Sin embargo, también es cierto que, por tratarse de una materia naturalmente dinámica, el número de órganos en funcionamiento que se encuentran vacantes a la fecha, sigue siendo apreciable. En efecto: basta para así afirmarlo con tener en cuenta que sobre un total de 366 cargos de jueces en toda la Provincia, 74 se encuentran vacantes a la fecha. De ellos, sólo 20 están cubiertas con jueces subrogantes; los restantes 54, permanecen sin ningún tipo de cobertura.

Hemos tomado noticia, con beneplácito, que en el día de ayer se remitieron para su tratamiento en las Legislatura, 17 pliegos de magistrados, con lo que, una vez culminado los procedimientos constitucionales, las cantidades indicadas habrán disminuido.

Bregamos desde el Poder Judicial para que la eficiencia manifestada en el Consejo de la Magistratura se mantenga en el tiempo, a los fines de que -en honor los principios de seguridad jurídica y de buena gestión- se cubran cuanto antes las actuales vacantes en la magistratura.

Nuevos códigos procesales
Una buena expresión de esa colaboración es la existencia de un proyecto de Código Procesal Laboral, con estado parlamentario actualmente, y la elaboración de proyecto de Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, sobre el cual, según sabemos, se está trabajando para ser enviado a la Legislatura, para su tratamiento.

Estos textos son el resultado del trabajo de comisiones integradas con destacados representantes de diversos ámbitos relacionados con el servicio de justicia, experiencias que bien pueden considerarse continuadoras del Plan Estratégico para la Justicia Santafesina de 2007, al que tanto le debe la ciudadanía de la provincia. Recordemos que en aquella oportunidad, se aunaron los esfuerzos de los 3 poderes del Estado, de los colegios profesionales y de Magistrados y Funcionarios, de las universidades y de los gremios involucrados en el quehacer judicial, llegando a conformarse 11 comisiones de trabajo, coordinadas por un Consejo Rector. De allí, recordemos, surgieron diversos documentos y anteproyectos de leyes, entre los cuales vale la pena mencionar ahora al nuevo Código Procesal Penal, hoy, plenamente en vigencia.

Sin entrar en detalles, estos proyectos prevén la incorporación de la tecnología a los trámites; contemplan una fuerte incidencia de la mediación y una importante simplificación de las secuencias procesales.

A estos temas debemos agregar la confección de un proyecto de Ley Penal Juvenil, actualmente con estado parlamentario. Entiendo que el avance normativo en esta materia (tan delicada) resulta sumamente necesario, y, por eso mismo, auspicioso; ya que constituye un acercamiento de la justicia hacia los menores que están en conflicto con la ley, a través de mecanismos procesales adecuados a los valores en juego. En su momento, corresponderá a la Corte tomar la respectiva intervención a los fines de adaptar las estructuras y los recursos materiales y humanos que este tipo de normativa suele requerir.

Aguardamos ansiosos la más pronta aprobación legislativa de estos cuerpos normativos.

Me interesa destacar que la elaboración del proyecto de nuevo código procesal civil y comercial caerá en un momento muy propicio de la gestión judicial, ya que nos encontramos en pleno desarrollo de una experiencia piloto en la justicia civil y comercial (tanto de distrito como de circuito) orientada a profundizar la oralidad en los procesos. El trabajo cuenta con el auspicio y la colaboración del Ministerio de Justicia de la Nación, y, contando en este acto con la presencia del señor Ministro Dr. GARAVANO, no nos queda más que agradecerle el esfuerzo puesto en esa tarea. Respecto de sus resultados tenemos muchas expectativas.

Plan de Infraestructura edilicio
El acceso a la justicia se puede optimizar a través de diversos medios. Yo estoy convencido de que las instalaciones edilicias de los tribunales es uno de los principales.

Y en este punto, felizmente, tenemos mucho para mostrar y anunciar.

La actual gestión gubernamental, en un esfuerzo presupuestario verdaderamente inédito, que tiene como destinatario a este servicio de justicia, ha tomado la decisión de encarar un Plan de Infraestructura edilicia, comprometiendo en el mismo unos 800 millones de pesos, empleados en un lapso de ejecución de obras de, aproximadamente, 3 años. Las tratativas de este proyecto comenzaron a principios del año 2016 y fueron anunciadas en diciembre de ese año; y, tal como describiré a continuación, se encuentra hoy en plena ejecución. Aprovecho la oportunidad para expresar, en nombre de toda la Corte, un sincero agradecimiento al señor Gobernador de la Provincia por esta decisión que supuso -reitero- un apoyo financiero inédito para el sistema de justicia santafesino.

La concreción de las obras comprendidas en este Plan, además de mejorar la prestación del servicio de justicia, traerá aparejado un sustancial ahorro de recursos, que hoy se dedican a pagar alquileres de inmuebles que muchas veces no resultan funcionales al servicio de justicia.

Así, es importante recordar que en esta ciudad capital, a fines del año pasado, se adquirió el inmueble ubicado en calle Urquiza esquina Tucumán (que hasta ese momento, el Poder Judicial venía alquilando). Esta operación permitió, de entrada, el traslado de más dependencias judiciales a dicho inmueble- y, lo más importante, ya puso en marcha la elaboración de un ambicioso proyecto de ampliación que, cuando esté finalizado, permitirá la instalación de muchos otros juzgados y oficinas.

A ello debemos agregar la continuidad de la ejecución de la primera etapa de la estructura de hormigón para el segundo cuerpo del edificio de los tribunales de esta ciudad, a cargo del Poder Ejecutivo. Recordemos que el proyecto de la obra fue contratado por la Corte, y fue el resultado de un concurso nacional de ideas a dos vueltas, en el marco del Plan Estratégico para la Justicia Santafesina, en el cual intervinieron el Colegio de Arquitectos de Santa Fe, la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería, y la Municipalidad de Santa Fe. Aprovecho la presencia en este acto del diputado BONFATTI, bajo cuya gobernación se dispuso el llamado a licitación y la adjudicación de esta obra, para agradecerle el apoyo brindado a este importante esfuerzo institucional.

La finalización estos dos proyectos que vengo mencionando -es decir, el edificio de Urquiza y Tucumán y el Segundo Cuerpo de esta Casa de Justicia- vendrán a resolver definitivamente la crisis edilicia del Poder Judicial de esta sede, permitiendo la concentración de todos los tribunales, Juzgados y dependencias auxiliares en tres puntos geográficos concretos (considerando en este punto al fuero laboral, ya concentrado en el edificio de calle San Martín).

En Rosario, por su parte, se comenzó con el acondicionamiento integral del edificio de calle Balcarce 1550, a los fines de climatizar el interior del edificio más grande con que cuenta el Poder Judicial en la Provincia; y que -sabido es- por sus características arquitectónicas, constituye una pieza de rico valor patrimonial, a nivel nacional. La ejecución de esta obra se estima en 2 años. También, en Rosario, estamos en condiciones de anunciar que hacia fines del mes de abril se estará materializando el traslado y la puesta en funcionamiento integral del edificio del Centro de Justicia Penal.

En lo que respecta a Venado Tuerto, seguimos en tratativas para obtener la cesión del edificio del viejo Hospital -hoy desocupado-, en el que pensamos que puede llegar a alojar a juzgados, dependencias del MPA y de la Defensa, y oficinas auxiliares. En este caso, adicionalmente, se requiere de una estimación de parte del Poder Ejecutivo de los trabajos de restauración necesarios, para que las instalaciones resulten verdaderamente funcionales para el servicio judicial.

En Reconquista, recientemente hemos comenzado a construir una nueva sede tribunalicia centralizada que albergará dependencias tanto de la jurisdicción como del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de Defensa Penal; construcción que alcanza una superficie de 7.400 metros cuadrados. Se ubica en un terreno cedido por la Municipalidad -que, a la fecha, se está desocupando- ubicado en calle Lucas Funes esquina España. Tiene como característica la generación de una plaza cívica que tendrá una apertura para la ciudad, con espacios de transición respecto del sector barrial en que se ubica. Incluye un subsuelo con áreas de seguridad (Alcaidía, Salas de reconocimiento, Cámaras Gesell), depósitos, servicios y estacionamiento para 26 vehículos. En la planta baja se prevé la ubicación de aquellas actividades de mayor afluencia de público (Juzgados; Fiscalías y Defensorías; Registros; Oficinas Auxiliares), contando también con una sala de usos múltiples para la organización de actos protocolares, actividades de capacitación y conferencias de prensa. En los niveles restantes -distribuidos por pisos-, se encontrarán los distintos fueros con una clara diferenciación física y funcional, con accesos de seguridad e independientes entre sí.

Este proyecto generará la concentración de la actividad jurisdiccional de la sede en un solo edificio, desafectándose inmuebles no adecuados para la actividad judicial. Al mismo tiempo, generará una gran aporte a la urbanización, atento la envergadura de la obra, yo diría que sin precedentes en la ciudad.

Por su parte, en San Cristóbal se adjudicó la construcción de la tercera etapa del edificio, el cual alberga todas las dependencias del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, representando 2400 metros cuadrados totales.

En el caso de Cañada de Gómez, se efectuará en los días venideros el llamado a licitación para la construcción en los terrenos cedidos por la Municipalidad -en calle Maipú, entre Balcarce y Tortugas-, del edificio para el Poder Judicial con unos 3.000 m2 aproximadamente.

Asimismo, en la localidad de Casilda, se trabaja en el proyecto para la construcción de un edificio nuevo en terrenos cedidos por la Municipalidad, en Avda. Ovidio Lagos, entre Rioja y San Luis. El nuevo emplazamiento permitirá concentrar la totalidad de las unidades jurisdiccionales del Poder Judicial, abarcando una superficie de unos 3.000 metros cuadrados. En estos momentos, los equipos técnicos de la Corte se encuentran finalizando la confección de los respectivos pliegos de bases y condiciones.

Por último, en San Lorenzo, se está trabajando en un plan que comprende la refacción y ampliación del actual edificio. Estamos hablando de la refacción de unos 1.800 metros cuadrados y de una ampliación de unos 540 metros cuadrados. Una vez finalizado, se concentrarán en ese único emplazamiento todas las unidades jurisdiccionales de la ciudad.

En el orden de los avances edilicios, nuevamente aprovecho la presencia del Dr. GARAVANO, para agradecerle la colaboración comprometida en la construcción y equipamiento del futuro Centro Médico Judicial que estamos proyectando en esta ciudad, proyecto que implicará un gran paso en materia de eficiencia, al unificar en un mismo sitio a los servicios médicos requeridos por los Ministerios Públicos y por los tribunales (en especial, los penales, de familia y de menores). Se trata éste de otro de los grandes desafíos que nos hemos planteados para el corriente año en materia de desarrollo edilicio, estando ya avanzadas las gestiones para la cesión del respectivo terreno por parte de la Provincia.

Informática
En materia informática, tengo la satisfacción de anunciar que este año nos disponemos a transitar la última etapa del proyecto de modernización integral que arrancó hace unos años. Ya tenemos informatizado con el nuevo Sistema de Gestión el 100 % de las unidades jurisdiccionales de Santa Fe y Rosario; y el 25 % del resto de la provincia, abarcando todo el Fuero Civil y Comercial, Laboral y de Circuito (tanto en Primera como en Segunda Instancia), de Menores, Faltas, de lo Contencioso Administrativo y la Corte.

El próximo paso, entonces, pasa por continuar con la implementación del nuevo Sistema en las Cámaras de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela; para luego seguir con Juzgados de Primera Instancia del resto de la geografía provicial. Bajo esta premisa, a fin de este año tenemos previsto que el 90 % de los órganos jurisdiccionales de la Provincia estén integrados al sistema.

En otras oportunidades ya se ha hecho mención a las nuevas funcionalidades que traen aparejadas las modernas tecnologías incorporadas con este sistema, como por ejemplo la digitalización de todos los escritos que profesionales y partes presentan en el juzgado a través de la utilización de escáneres; la posibilidad de visualizar en pantalla el texto completo de todas las actuaciones del expediente que son generadas por el propio órgano, sean decretos, resoluciones o sentencias; como así también de realizar notificaciones electrónicas con firma digital dentro del mismo. Este último servicio se ha puesto a disposición de los profesionales de manera voluntaria a partir del año 2015 en la Secretaría Técnica de la Corte, y hoy anuncio que se irá extendiendo progresivamente a otros fueros e instancias; brindando celeridad y certeza a las comunicaciones dentro de los procesos judiciales.

En similar sentido, a lo largo del primer semestre de este año se irán sumando al sistema de autoconsulta 27 Juzgados de Circuitos de la Provincia, en los cuales, además, conjuntamente se irá poniendo en funcionamiento el nuevo sistema informático que cuenta con la modalidad de “Autoconsulta Online”. De hecho, recientemente ya fueron incorporados por primera vez a dicha autoconsulta los Juzgados de Santo Tomé y Laguna Paiva.

Es importante aclarar que, en el caso santafesino, la digitalización de los procesos no supone solamente la acumulación de información, sino la organización de la misma en un sistema funcional que permite su correcta operación y recuperación. En el sistema se puede interactuar hacia adentro -intercambiando información entre tribunales y dependencias judiciales vía mail con firma digital, por ejemplo- y hacia afuera, comprendiendo aquí no sólo a los auxiliares de la justicia (partes y abogados), sino también a dependencias de los otros poderes de la provincia e incluso a poderes judiciales de otras provincias.

Seguiremos profundizando la ampliación de la red de conectividad vía wi-fi, que es de acceso público para quienes visitan las dependencias judiciales. Esta tarea comenzó hace un par de años con los edificios principales de los tribunales de Santa Fe y Rosario y continuó progresivamente en distintas sedes, siendo reciente la habilitación del mismo en los tribunales de Rafaela.

Muy vinculado con este tema, aparece un nuevo servicio que se encuentra actualmente en desarrollo, y que pronto se pondrá a disposición de todos los auxiliares de la Justicia: la aplicación nuestra aplicación móvil, que permitirá no solo consultar desde celulares, en tiempo real, los expedientes publicados por el Poder Judicial, sino también contar con una serie de beneficios personalizados, tales como acceder rápidamente a los expedientes y actuaciones de mayor interés, recibir novedades sobre las causas en seguimiento cuando existan actualizaciones, compartir archivos vía correo electrónico y mensajería instantánea o disponer de un centro de ayuda específico para la resolución de problemas. Todo ello con conexión a una comunidad que favorece el trabajo colaborativo y que proporciona la retroalimentación necesaria para continuar avanzando.

Este proyecto es ambicioso, pero contamos con todas las herramientas tecnológicas, de diseño y de estructura y la experiencia necesaria para llevarlo a cabo y, por sobre todo para evolucionar y desarrollar nuevas ideas y mejoras que acerquen al ciudadano.

Como vemos, la tecnología avanza y, desde nuestro Poder Judicial, buscamos la forma de sumarla a nuestra gestión pública, profundizando de ese modo una nueva dimensión del acceso a la justicia.
 
 
Capacitación Judicial
La ocasión es propicia para destacar que la Corte mantiene firme su compromiso de capacitar a su personal (empleados, funcionarios y magistrados) y también a los auxiliares de la justicia.

El Centro de Capacitación Judicial llevó a cabo durante el pasado año, en una tarea no sólo sostenida sino también creciente, un total de 49 actividades, entre cursos, jornadas y talleres, a lo largo de toda la geografía provincial. Contando con unos 351 expositores, se ha contado con unos 2900 participantes, con una agenda que, por un lado, mantiene actividades de tipo permanente, y que, por otro, está atenta a los requerimientos de la hora actual. De ese modo, sin desmerecer a ninguna área, me interesa destacar que se ha puesto especial énfasis en las actividades de capacitación que guardan relación con la perspectiva de género, con la protección de personas vulnerable, y con los conocimientos y habilidades que exige el nuevo sistema procesal penal.

Aprovecho este acto para transmitir, formalmente, el agradecimiento a la Dra. BALANGIONE, quien se desempeñó al frente del Centro de Capacitación durante varios años y hasta el mes de diciembre pasado, exhibiendo un alto compromiso y dedicación con la formación de todos los recursos humanos del Poder Judicial. También vaya mi reconocimiento al equipo de apoyo técnico del Centro. Recuerdo que los expositores del Centro de Capacitación se desempeñan ad honorem, y que la gestión del Centro constituye hoy en día un ejemplo en el concierto de provincias argentinas.

Mediación
El compromiso de la justicia santafesina con sus objetivos institucionales también comprende a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El sistema de mediación judicial -gratuito y de fácil acceso, como ya todos conocemos- no deja de seguir creciendo. El año pasado se incorporaron 56 nuevos mediadores y co-mediadores judiciales de los diferentes departamentos de la provincia, previamente capacitados por personal judicial.

Desde sus inicios, en 1999, ya llevamos más de 41.000 mediaciones registradas. Del total general de causas llevadas a mediación un alto porcentaje de personas acepta concurrir a las mismas, logrando un apreciable porcentaje de efectiva solución. Así, por ejemplo, en materia civil y comercial, un 60% llegan a un acuerdo; en el área de familia, casi un 70%. Es un poco más bajo en materia penal, área en la que se ha resuelto profundizar las estrategias de abordaje y tratamiento de casos.

Estos datos significan que un importante número de casos dejan de ser tratados por el sistema de justicia como contiendas entre partes enfrentadas; y que, por el contrario, encuentran un cauce de solución a través del entendimiento y el compromiso de los involucrados. De este modo, no sólo se resuelve el conflicto individual, sino que, desde el Poder Judicial, se contribuye a afianzar la paz social.
 
Hasta aquí, un breve repaso de alguno de los temas que integran la agenda de la gestión judicial para el corriente año. Nada de lo señalado es exhaustivo, ni, seguramente, será suficiente. Y no son proyectos que se agoten en sí mismos, sino que son instrumentales respecto del algo objetivo constitucional de afianzar la justicia, que la Constitución ha asignado al Poder Judicial.

Es por ello que vuelvo sobre las ideas que desarrollé hace una instantes. A la ciudadanía: que no dejen de plantear sus conflictos a través de los tribunales, con la asistencia de profesionales públicos o privados que sabrán articular técnicamente los pretensiones y a través de los canales institucionales establecidos para ello. Este es uno de los modos más eficaces para mantener la paz social y la convivencia armónica entre todos.

Y a los representantes de los restantes poderes del Estado: todo el esfuerzo posible para lograr la convergencia necesaria para que los postulados del Estado de Derecho, cada vez más, dejen de ser frases escritas y pasen a ser realidades cotidianas, de las que puedan obtener provecho la mayor cantidad de santafesinos.

Haciendo propia, pues, la invocación de nuestros constituyentes a la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, y de conformidad al artículo 19 (inciso 15) de la ley 10.160, declaro formalmente inaugurado el presente año judicial.

Muchas gracias a todos por estar presentes aquí.
 
 
 



































































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